La Fiscalía cubana acusará de "sabotaje" a los que participen en el "fraude" contra Etecsa

Madrid/El programa de Canal Caribe Hablemos Cuba, del vocero del régimen Humberto López, reunió este miércoles a invitados del Ministerio del Interior, la Fiscalía y el monopolio de telecomunicaciones Etecsa para profundizar en las acusaciones de fraude que la empresa ha denunciado en las últimas semanas a partir de la polémica subida de precios conocida como el tarifazo. El fin de la emisión, más allá de explicar cómo se comete la supuesta estafa, era advertir a quien participe en ella de las consecuencias: el delito principal es sabotaje, uno de los más graves del Código Penal.

El programa presentó un video sobre una investigación en curso en la que las autoridades se han incautado de al menos 40 millones de pesos. La Policía registró hasta el momento tres viviendas vinculadas a la red, cuyo origen está en Miami y se extiende en la Isla por La Habana, Artemisa y Holguín, en las que también decomisó un auto, una antena satelital, máquinas de contar dinero, medios informáticos, teléfonos, tarjetas magnéticas y otros bienes vinculados a la actividad.

La manera más frecuente de operar en este tipo de casos es la siguiente, explicaron –con grandes deficiencias didácticas– los invitados: un familiar en el exterior compra una recarga a través de alguna página en la que encuentra precios más bajos de los que ofrece Etecsa. Esas ofertas son simultáneas a las que el monopolio estatal anuncia con promociones especiales para recargas desde el exterior –con beneficios como navegación nocturna gratis o WhatsApp ilimitado, entre otras–, lo que invita a creer al comprador que el familiar en Cuba recibirá esas ventajas. Sin embargo, el propietario de la página se queda con las divisas y deposita a un intermediario en la Isla dinero o saldo para que haga las recargas en moneda nacional.

La Policía registró hasta el momento tres viviendas vinculadas a la red, cuyo origen está en Miami y se extiende en la Isla por La Habana, Artemisa y Holguín

Según la explicación del coronel Marcos Giovanni Rodríguez González, segundo jefe del órgano especializado de enfrentamiento a los delitos contra la economía, en las redes suelen estar involucradas “personas que tienen licencia como agente de telecomunicaciones de Etecsa”, lo que les permite hacer numerosas recargas en moneda nacional, sin las limitaciones de los clientes. Al precio que está la divisa estadounidense en el mercado informal –370 pesos, admitieron en el programa– al receptor de la moneda extranjera le basta un dólar para hacer, por ejemplo, tres recargas de 110 pesos. 

José Luis Reyes Blanco, de la Fiscalía General de la República, insistió en lo que supone todo este entramado. “Es delito fiscal”, dijo de manera contundente. No obstante, tanto él como el resto de los invitados mencionaron en numerosas ocasiones que la persona que recibe la recarga es una mera víctima, ya que recibe “un servicio incompleto” y sin las ventajas del pago en moneda extranjera. Lo mismo ocurre con el familiar en el exterior, que invirtió dólares para un producto que se puede comprar en pesos y mucho más barato dentro de Cuba. Se entendió la insistencia casi al final del programa, cuando animaron a las dos partes –comprador y receptor– a denunciar las estafas. 

“ El usuario es una víctima. Es una de las principales víctimas, pero una víctima que hace falta que denuncie eso”, advierte el coronel. “¿Pueden ir a una oficina comercial y decir: ‘Este fue el mensaje que recibí y mi familiar desde tal lugar me recargó", pregunta Humberto López. “Exacto. Lo han hecho ya algunas”, aclara.

Los invitados trajeron a colación el dictamen emitido por el Tribunal Supremo y publicado el pasado 29 de mayo en el que se advertía de la severidad con que serán juzgados los delitos de vandalismo “que comprometen bienes estratégicos en los que el país ha invertido significativos esfuerzos para garantizar servicios vitales a la población”. 

“En principio puede constituir delito de sabotaje a partir de los elementos que ya se han estado aportando acá, de una captación de una divisa, a partir de una afectación a una infraestructura crítica como Etecsa, como el sistema de telecomunicaciones”, dijo el fiscal.

“En principio puede constituir delito de sabotaje a partir de los elementos que ya se han estado aportando acá, de una captación de una divisa, a partir de una afectación a una infraestructura crítica como Etecsa"

El dictamen del Supremo, además de señalar que estos daños serían juzgados como sabotaje, se recordaba que ese delito conlleva penas de entre 7 y 15 años de privación de libertad, además de “penas agravadas de hasta 30 años, cadena perpetua o incluso la pena de muerte en casos donde se ponga en peligro la vida de las personas o la seguridad colectiva”. No sería ese el caso de las estafas en recargas, que sí podrían conllevar, remarcaron, “la privación de libertad, la confiscación de bienes, restricciones de movilidad y la obligación de reparar los daños causados”.

López insistió en que quienes participen en redes de estafas no pueden ser ingenuos y alegar “Oye, pero yo lo único que estoy haciendo es recargando con este dinerito 20 telefonitos. Esto no le hace daño a nadie". “No es así”, zanjó. Además del delito de sabotaje, los invitados avisaron de otras posibles imputaciones, como la estafa y el tráfico de moneda nacional y divisas. 

Uno de los canales de venta de recargas señalado en el video de Hablemos Cuba era un hervidero de comentarios minutos después de la emisión. Los comentarios oscilaban entre la burla –”Ahora somos famosos a nivel nacional, salimos en la tv”– al temor. "Bro, Telegram cambió sus términos y condiciones. Ahora tu Gobierno puede pedirle que le entregue la info de todos los usuarios de este canal o cualquier otro siempre que muestre pruebas de que hay riesgos para la seguridad nacional”, anotaba otro, preocupado por la calificación del delito, no para usuarios, pero sí para vendedores. 

Aunque la crítica a Etecsa y el programa o incluso los reproches a los compradores que no distinguen el paquete que adquieren eran lo más generalizado, la mayoría admitían que la actividad no es muy legal y pedían denunciar la emisión de Canal Caribe. 

Mientras, el oficialismo sacaba pecho de los presuntos buenos resultados de las reuniones entre Etecsa y representantes de los estudiantes universitarios. Se trata de 40 propuestas de las que no ha trascendido una coma –al menos en lo concreto– y que, según la vicepresidenta nacional de la Federación Estudiantil Universitaria, Litza González Desdín, “serán dadas a conocer y discutidas en los Consejos Universitarios de cada institución académica, mientras que el grupo acompañará a la empresa en la implementación de los proyectos según su factibilidad”. 

Poco o nada para la población, como resumía un lector de Cubadebate: “¿40 propuestas, y? Al final sigue el tarifazo. Solución es lo que hace falta y no tantas propuestas. Pienso que primero las lleven a consulta popular y después la aprueben. Porque no solo afecta a los estudiantes sino a toda la población”.