La justicia masónica expulsa a ocho miembros por fraude, traición y abuso de poder

La Habana/La Corte Suprema de Justicia Masónica de Cuba expulsó a ocho miembros de la Orden, entre ellos dos antiguos grandes maestros, acusados de fraude, malversación, perjurio y “traición a la Fraternidad y sus Instituciones”. La decisión intenta cerrar uno de los capítulos más turbulentos de la masonería cubana, marcado por la desaparición de fondos, una larga disputa por el poder y las denuncias de injerencia por parte del régimen.

La decisión fue comunicada mediante la Circular Especial 15 de la Gran Secretaría, fechada el pasado 5 de junio, según informó CubaNet, medio que asegura haber tenido acceso al documento. La resolución no ha sido publicada íntegramente por la Gran Logia de Cuba. 

La lista incluye a los ex grandes maestros Mario Alberto Urquía Carreño y Mayker Filema Duarte, además de Airam Cervera Reigosa, Jesús Martínez Frómeta, Igor Larramendi Ador, Juan Carlos Yero Ramos, Juliannis Galano Gómez y Rancell Montero Romero.

El fallo también sancionó al grupo que respaldó a Mayker Filema durante el conflicto por el control de la institución

Urquía y Cervera, antiguo Gran Tesorero, fueron encontrados responsables de “abuso, fraude y malversación de propiedades o caudales masónicos”. El escándalo que terminó arrastrándolos comenzó en enero de 2024, cuando desaparecieron 19.000 dólares guardados en la oficina del entonces Gran Maestro, en el edificio de la Gran Logia de Cuba, situado en la esquina habanera de Belascoaín y Carlos III.

La posterior revisión de las cuentas reveló irregularidades por unos cinco millones de pesos, entre ellas la presunta falsificación de facturas y la manipulación de documentos contables. El dinero fue devuelto durante 2025 en varias entregas, aunque la restitución no impidió que continuara el proceso dentro de la jurisdicción masónica.

El fallo también sancionó al grupo que respaldó a Mayker Filema durante el conflicto por el control de la institución. La Corte considera que Filema se mantuvo ilegalmente en el cargo, bloqueó la celebración de elecciones y utilizó los órganos disciplinarios para castigar a las logias y miembros que cuestionaban su autoridad.

La sentencia describe lo ocurrido como una “asonada golpista que cercenó la democracia electoral” y asegura que la crisis llevó a la Gran Logia a “un caos sin precedentes”. “Es preciso desterrar de nuestra masonería simbólica cualquier atisbo de postura dictatorial o aquellas que la secunden, porque ello es una amenaza existencial para la masonería”, afirma el documento.

La Corte considera legítima la actuación de quienes entraron en el inmueble para restaurar el orden institucional

Filema había sido destituido de forma “irrevocable” por la Alta Cámara en mayo de 2025, pero se negó a abandonar el puesto y siguió contando con el reconocimiento del Ministerio de Justicia. “Yo no voy a renunciar”, declaró entonces, mientras calificaba de ilegal la sesión en la que se decidió su salida.

La disputa alcanzó uno de sus momentos más tensos el 6 de julio de ese año, cuando más de un centenar de masones intentaron entrar en la sede nacional para participar en una reunión convocada por Filema. Entre empujones y mientras cantaban el Himno de Bayamo, los manifestantes forzaron el acceso al edificio y reclamaron libertad para la Gran Logia.

La Corte considera legítima la actuación de quienes entraron en el inmueble para restaurar el orden institucional. Durante el forcejeo, Jesús Martínez Frómeta, uno de los ahora expulsados, fue señalado por rociar alcohol sobre el rostro de varios masones que trataban de avanzar.

Entre los sancionados también figura Rancell Montero Romero, ex presidente de la propia Corte Suprema de Justicia Masónica. Durante la administración de Filema, Montero participó en la suspensión de más de un centenar de logias y en los procesos contra miembros críticos, entre ellos el Soberano Gran Comendador José Ramón Viñas Alonso y el escritor Ángel Santiesteban Prats.

Las denuncias de los masones apuntan desde hace tiempo al Ministerio de Justicia y a la Seguridad del Estado

Montero fue expulsado por perjurio, sustracción o desaparición maliciosa de documentos y abuso de su cargo. Igor Larramendi, Juan Carlos Yero y Juliannis Galano fueron considerados cómplices de las maniobras que permitieron a Filema conservar el control de la institución.

Para Sergio Alfonso Vidal, uno de los masones que denunciaron las irregularidades, la decisión constituye “un acto no solo de justicia sino de reparación”. A su juicio, los expulsados “violaron sus juramentos sin pudor” y actuaron al servicio de intereses ajenos a la fraternidad.

“Formaron parte de lo que, sin dudas, fue no solo un cúmulo de ambiciones, sino el servicio de hombres caducos a la sombra de un poder político que se sirvió de ellos para perseguir masones dentro de la misma institución”, declaró Vidal a CubaNet.

Las denuncias de los masones apuntan desde hace tiempo al Ministerio de Justicia y a la Seguridad del Estado. Los críticos acusan a las autoridades de haber sostenido a Urquía y posteriormente a Filema, pese al rechazo de numerosas logias y a las decisiones de los órganos internos.

Ninguno de los ocho expulsados ha ofrecido hasta ahora una respuesta pública al nuevo fallo. Sus apelaciones dentro del procedimiento fueron declaradas sin lugar, aunque la decisión todavía deberá ser ratificada por la Alta Cámara durante su sesión semestral prevista para septiembre. Hasta entonces, permanecerán privados de sus derechos y no podrán participar en las actividades de las logias.