El Observatorio Cubano de Derechos Humanos insta a investigar la misión médica en Italia

Madrid/El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (Ocdh) presiona para conseguir que la misión de médicos en Calabria, Italia, sea al menos investigada. La organización, con sede en Madrid, insta a Roma y Bruselas a “activar y evaluar” una batería de mecanismos que permitan determinar en qué condiciones desempeñan su trabajo los sanitarios y si pueden ser consideradas “trabajo forzoso”.  

Los médicos cubanos que trabajan en esta región del sur de Italia están contratados directamente por el sistema sanitario calabrés desde que se modificó el convenio inicial, del año 2022, con La Habana. La decisión se tomó por las acusaciones de esclavitud que desde hace años persiguen a estas brigadas, principalmente por la apropiación de hasta el 90% de los salarios de cada profesional y la retención de sus pasaportes. Aunque no se conocen las presentes condiciones contractuales, los propios sanitarios han revelado que reciben íntegramente sus salarios, pero donan hasta la mitad al Estado, supuestamente de manera voluntaria. 

El informe, más prudente que la nota de prensa del Observatorio, no presume que las autoridades calabresas incurran en algún tipo de delito, al contrario, sospecha que los contratos se ajustan a la norma. Sin embargo, señala insistentemente que la obligación de las autoridades italianas y europeas es velar por el cumplimiento de sus compromisos internacionales para la prevención, detección temprana y persecución de la trata y trabajo forzoso. Para ello, subrayan que “la firma de un contrato o consentimiento inicial no convalida la posterior pérdida de libertad para abandonar el servicio”. 

El informe recuerda que el régimen cubano somete a un control exhaustivo a los médicos, sobre los que pesan amenazas incluso de prisión si abandonan las misiones en el extranjero

El informe recuerda que el régimen cubano somete a un control exhaustivo a los médicos, sobre los que pesan amenazas incluso de prisión si abandonan las misiones en el extranjero. Aunque estrictamente los médicos en Calabria no están cumpliendo con esa tarea, la intimidación y coerción siguen latentes. El Ocdh insta a la inspección de trabajo a, al menos, solicitar a los interesados el pasaporte para comprobar si lo tienen en su poder o alguien se lo retiene. 

El Observatorio cita varias herramientas jurídicas e institucionales aplicables en el espacio europeo, incluyendo la carta de los derechos fundamentales y la directiva sobre trata de personas, que contienen un marco legal para estos casos. También nombra tribunales existentes, el grupo de expertos Greta y las instituciones de Justicia e Interior italianas a los que se podría recurrir para denunciar cualquier posible vulneración de derechos, aunque en la práctica todos ellos exigen probar la existencia de una coerción concreta.

“Las condiciones laborales abusivas no constituyen automáticamente trata ni trabajo forzoso, aunque pueden aportar indicios relevantes para investigar su existencia", insiste el informe, en el que también se facilita un teléfono en el que los posibles afectados pueden hacer una denuncia primaria con la que se abran las pesquisas. 

“Para fundamentar las denuncias, resulta esencial aportar testimonios individualizados, contratos, acuerdos de cooperación, comprobantes salariales, instrucciones disciplinarias, comunicaciones, solicitudes de renuncia y pruebas de amenazas o represalias. La documentación debe permitir establecer las condiciones reales de trabajo, la libertad efectiva de los profesionales para abandonar las misiones y los posibles mecanismos de coacción utilizados para impedirlo”, aclara. 

El informe del Observatorio busca, previsiblemente, presionar a Italia para que tome medidas justo en la antesala de la llegada a Roma del grupo Greta del Consejo de Europa, que visitará el país a principios de 2027 para su evaluación técnica de seguimiento en la Lucha contra la Trata de Seres Humanos. Para ello, insta a abrir de oficio “investigaciones formales e independientes sobre los términos de los convenios suscritos, verificar la voluntariedad de los facultativos y garantizar vías efectivas de amparo que protejan a los médicos frente a eventuales represalias”.