El opositor cubano Mario Alberto Hernández Leyva recibe libertad "vigilada"

La Habana/El opositor Mario Alberto Hernández Leyva, vicepresidente del movimiento Opositores por una Nueva República, fue excarcelado este martes 9 de septiembre, pero su salida del Combinado del Este está lejos de ser una libertad plena. Según relató a Radio Martí, las autoridades le ordenaron presentarse cada viernes en la estación policial de la Sección 21 de la Seguridad del Estado, en Marianao, bajo pena de regresar a prisión si incumple.

“Me tienen como preso, pero en la calle, controlado”, dijo Hernández Leyva. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documenta que el activista había sido detenido previamente el 17 de febrero de 2023 y liberado en enero de 2024. Luego, en junio de ese mismo año, fue arrestado nuevamente y sancionado a dos años de cárcel por los delitos de “resistencia” y “desacato”, cargos utilizados de forma recurrente para silenciar la disidencia. 

Durante su reclusión pasó por varias prisiones y campamentos de trabajo correccional, en ocasiones sin visitas familiares ni derecho a pase. El 13 de agosto de 2025 pensó que recuperaría su libertad al cumplir la sanción, pero fue retenido cinco días más en El Vivac, bajo una nueva acusación de “desobediencia” por negarse a formar en la prisión. Finalmente fue trasladado al Combinado del Este, donde permaneció hasta esta semana.

Hernández Leyva asegura que su situación actual es una estrategia de hostigamiento para mantenerlo bajo control. “No voy a dejar de ser yo. Yo voy a seguir siendo defensor de los derechos humanos”, declaró tras su excarcelación.

Solo en agosto se documentaron 13 nuevos arrestos de carácter político

Su liberación ocurre en un contexto de crecimiento sostenido del número de prisioneros políticos en Cuba, que alcanzó en agosto un nuevo récord de 1.185 casos, según el más reciente informe de Prisoners Defenders. Solo en ese mes se documentaron 13 nuevos arrestos de carácter político, en su mayoría ciudadanos que protestaron por apagones, escasez de alimentos o abusos de las autoridades.

Entre los nuevos presos está Adrián González Pérez, un trabajador por cuenta propia de Guantánamo arrestado el 12 de agosto tras protestar públicamente contra una multa de 36.000 pesos. También figura el joven Leonardo Maleta Veranes, huérfano, detenido en Santiago de Cuba por escribir consignas pidiendo la libertad del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Ambos permanecen en prisión provisional sin juicio.

El reporte incluye además el caso de Pavel Torres Rodríguez, recluido desde octubre de 2024 por críticas al régimen en Facebook y acusado de “propaganda contra el orden constitucional”, un delito que conlleva hasta ocho años de cárcel. Torres, que sufrió un infarto en el pasado, ha denunciado la desaparición de su expediente judicial y considera iniciar una huelga de hambre.

Siete de los nuevos casos provienen de las protestas de mayo en Bayamo y Jiguaní, provincia de Granma. Entre ellos está Alexander Guzmán Silva, joven director de Impacto Juvenil Republicano, quien denunció haber sido brutalmente golpeado en la prisión de Las Mangas Nuevas y amenazado con “pudrirse en la cárcel” si hablaba de los abusos.

Otro preso, Pedro Luis Zamora Isaac, recibió heridas en la cabeza que requirieron suturas tras una agresión dentro del penal. Las autoridades mantienen a los manifestantes acusados de “desórdenes públicos” y “atentado”, sin que un juez haya revisado los casos.

El informe resalta la condena de 10 años de cárcel contra Erisbel Álvarez Yanes y Yosbel Carbajal de la Paz, acusados de tráfico de personas tras regresar en una embarcación desde EE UU. La ONG denuncia que el proceso estuvo plagado de irregularidades y que se usó su “potencial migratorio” como agravante, lo que evidencia, dice, la criminalización del derecho a la libre circulación.

En los últimos 12 meses se han sumado 152 nuevos presos políticos, un promedio de 13 por mes

En Villa Clara, seis vecinos de Encrucijada, incluidos el escritor José Gabriel Barrenechea y el joven Rafael Camacho Herrera, enfrentan peticiones fiscales de entre cuatro y nueve años de prisión por participar en una protesta contra los apagones en noviembre de 2024. El expediente reconoce que la manifestación fue pacífica, pero la fiscalía usó como agravante el “perfil ideológico” de los acusados.

En los últimos 12 meses se han sumado 152 nuevos presos políticos, un promedio de 13 por mes. Desde 2021, casi 3 millones de cubanos han emigrado, la mayoría hacia Estados Unidos, en lo que el informe describe como un éxodo provocado por “la barbarie de miseria y represión”.

Mientras unos salen de la lista de prisioneros políticos por cumplimiento de sanción o destierro forzoso –como ocurrió con la activista Aymara Nieto Muñoz en agosto– otros entran cada mes, manteniendo alto el número de encarcelados. Prisoners Defenders documenta además que 33 menores de edad permanecen procesados o cumpliendo condena y que 472 prisioneros padecen enfermedades graves sin atención médica adecuada.

“Cada mes que pasa, el régimen se torna más represivo”, advierte la ONG, que denuncia un patrón sistemático de detenciones arbitrarias, juicios sin garantías y uso de figuras penales como “desobediencia” o “resistencia” para criminalizar actos de expresión pacífica, las mismas acusaciones que han mantenido a Hernández Leyva bajo constante persecución.