Penas de cárcel de 2 a 22 años por corrupción para 203 empleados estatales en Cuba
Las auditorías realizadas en empresas de Comercio y Gastronomía dejan datos demoledores, con 383 medidas disciplinarias aplicadas a los responsables
Madrid/Un total de 203 trabajadores de empresas de Comercio y Gastronomía han sido juzgados por delitos relacionados con la corrupción, entre ellos malversación, cohecho, falsificación de documentos, sustracción y daños de documentos u otros objetos en custodia oficial y violación de sellos oficiales. Las sanciones impuestas abarcan un amplio abanico de años, desde los dos a los 22, en función de la gravedad.
Los datos aparecen al final de un largo artículo publicado este lunes en Granma al que precede un extenso reproche moral contra todos los implicados y sus superiores por negligencia, superficialidad, falta de transparencia, supervisión y ética. En total, han sido aplicadas 383 medidas disciplinarias por responsabilidades administrativas, el 95% despidos –“demociones definitivas del cargo (9,6%), separaciones definitivas de la entidad (42%) y separaciones definitivas del sector (44%)”, dice el texto–.
En total, han sido aplicadas 383 medidas disciplinarias por responsabilidades administrativas, el 95% despidos
El balance es enorme, teniendo en cuenta que solo se trata de los resultados de auditorías realizadas en las empresas provinciales de Elaboración de Alimentos, Gastronomía de La Habana y sus unidades básicas de La Lisa, Playa, Plaza de la Revolución, Habana del Este, Cerro, San Miguel del Padrón y Centro Habana. Además de en las subordinadas al Grupo Empresarial de Alimentos, Mayorista de Mercado Paralelo, y la de Tabacos, Cigarros y Fósforos.
La nota añade que se han concluido dos auditorías “recientemente” en la Empresa Provincial de Comercio de La Habana y su filial del municipio de Plaza de la Revolución con resultados que, aunque no se detallan, se advierten igualmente catastróficos ya que, describe el texto, “demuestran la reiteración de los mismos modos de operar, que permitieron la apropiación de grandes sumas de dinero, por las unidades comerciales subordinadas a las unidades empresariales de base de Puentes Grandes, Rampa y El Vedado, mediante la falsificación de slips bancarios no emitidos por el banco, para enmascarar la sustracción de recursos financieros provenientes de las ventas, en los que se incluyen los correspondientes a la comercialización de productos liberados a precios diferenciados a la población, que el Gobierno destinó para complementar, en parte, la canasta familiar normada”.
También para este caso se espera que haya sanciones administrativa y penalmente.
El artículo también se explica la forma de operar de algunos de los trabajadores implicados, desde la citada falsificación de documentos del banco a declarar ventas falsas para cumplir con los planes pero sin poder depositar el dinero correspondiente, una cuenta que cuadraban “mediante ajustes contables totalmente arbitrarios”.
El artículo también subraya los graves inconvenientes que generan estos casos de corrupción porque, además de la apropiación económica, se producen en un ámbito en el que hay grandes carencias. “Ese fenómeno creó desabastecimiento en las ofertas al consumidor y enriquecimiento indebido”, reprocha.
Según Granma, además, la situación revela “la superficialidad y carencia de investigaciones en el proceso de selección de quienes ocupan puestos claves en la gestión”, aunque es sobradamente conocida la escasez de fuerza laboral que hay en la Isla por un éxodo, agravado desde 2021, que se ha llevado a un 4% de la población según algunos cálculos.
La prensa oficial reivindica el papel de los oficiales y funcionarios que han intervenido en la detección del problema y considera que se ha realizado un “resuelto enfrentamiento”, aunque cuesta creer, por el alto número de implicados, que pasaran inadvertidos estos hechos durante el largo período en que, presumiblemente, se han producido.
El artículo considera que hay una visible “falta de efectividad de las medidas contenidas en el Plan de Prevención de Riesgos” y que los controles no se aplican convenientemente
El artículo considera que hay una visible “falta de efectividad de las medidas contenidas en el Plan de Prevención de Riesgos” y que los controles no se aplican convenientemente. Además, atribuye el inicio de las auditorías a las denuncias de la población, lo que indica una evidente falta de vigilancia interna, cuando no connivencia.
Miguel Díaz-Canel pidió “tolerancia cero” con la corrupción la pasada semana en una cita con los fiscales cubanos, a los que instó a enfrentar estos hechos que "retrasan el desarrollo social, el crecimiento y el desarrollo económico". "La corrupción puede ser tan devastadora, que puede llevar a un país a la pobreza; a la pobreza moral y a la pobreza material. La corrupción puede destruir un país", dijo.
Sus palabras llegaban pocos días después de que trascendiera el robo de al menos 133 toneladas de pollo de una empresa estatal.
El artículo de Granma de este lunes no escatima en regaños y habla de una emergente “pérdida de valores éticos y morales de directivos, especialistas y trabajadores involucrados, que se apropiaron de recursos del pueblo para obtener beneficios personales o para terceros, sobre la base del engaño y la deslealtad”.
