Pese a las condenas por sabotaje, sube el robo de combustible

Madrid/El primer ministro, Manuel Marrero, volvió a avisar en una reunión con las autoridades: Dadas las condiciones en que se encuentra el país, el robo de combustible puede ser considerado delito de sabotaje. En la cita se abordaban los resultados del “enfrentamiento” al delito cuyas cifras, según los funcionarios, tienden a descender, pero siguen siendo altas. Las más preocupantes, precisamente, son las vinculadas a la sustracción de petróleo y gas licuado y vienen de dentro: los casos aumentan en los servicentros y hay “desviaciones” en cilindros, subraya la prensa oficial.

“No es posible que hoy el país tenga un déficit en capacidades de generación eléctrica por falta de combustibles, y a la vez permitamos su robo”, clamó Marrero. El primer ministro defendió que “la escasa cantidad de combustible” que el Estado puede “pagar y comprar” está destinada a la generación eléctrica, por lo que resulta imprescindible controlar estrechamente “el mínimo asignado a la economía” y “modificar las formas de actuación ante las indisciplinas”. 

El primer ministro apuntó entonces que estos delitos podrían juzgarse como sabotaje, uno de los delitos más graves del código penal, con penas de entre cuatro y diez años de prisión previstas. La advertencia no es nueva, ya que el código penal prevé, justamente, que se aplique a quien “destruya, altere, dañe o perjudique” una larga lista de “medios, recursos, edificaciones, instalaciones o unidades socioeconómicas o militares” entre las que se encuentran –encabezando la lista– las fuentes energéticas. 

Los casos de robo de combustibles se están juzgando ya como “sabotaje” en los últimos tiempos. Uno de los más sonados se produjo el pasado abril, con una condena de siete años

Los casos de robo de combustibles se están juzgando ya como “sabotaje” en los últimos tiempos. Uno de los más sonados se produjo el pasado abril, cuando un tribunal avileño condenó a siete años de prisión a un trabajador de un grupo electrógeno por robar “30 litros de diésel” en 2024. Aunque el empleado no tenía antecedentes, se consideró que los hechos iban más allá del robo por su “gravedad y lesividad”. “El delito de sabotaje afecta el bien público y la seguridad interior del Estado”, dijo la Fiscalía. 

En febrero, el intendente de Manzanillo, en Granma, fue arrestado junto con otros funcionarios por realizar negocios por la izquierda con el petróleo destinado a servicios y las empresas estatales. La noticia fue una exclusiva de 14ymedio, pero la prensa oficial no ha informado de estos hechos y se desconoce la situación penal de los detenidos o qué delitos se les imputan.  

Los delitos por los que se juzgaba el robo de combustible anteriormente eran malversación o apropiación indebida (dependiendo de si lo realizaba un funcionario responsable del bien o no), hurto o robo (en función de si se empleaba o no la fuerza), y receptación, en el caso de que adquiriese de forma fraudulenta. Así lo explicó en 2019 Reinaldo Cruz Rivera, vicefiscal general de la República de Cuba –aún en el cargo–, en un artículo de Cubadebate dedicado al incesante robo de este producto. 

El texto indicaba que en el primer semestre del año se contaban 339 procesos penales por estos delitos y se habían decomisado 117.463 litros de combustible de diferentes tipos, 85.823 de diésel y 21.016 de gasolina, provocando daños estimados en 488.644 pesos. Con estos datos, el medio cuestionaba que las decisiones tomadas por el Gobierno estuvieran siendo efectivas. Entonces estaba en vigor el código penal de 1987, que ya tenía la misma redacción para sabotaje y, sin embargo, no se aplicaba para el robo de combustible.

Marrero Cruz instó a “determinar y mitigar las causas y condiciones que provocan las indisciplinas en torno a la venta del gas licuado de petróleo”

Marrero Cruz pidió, en la reciente reunión, que se incremente la vigilancia –algo que se ha indicado sin éxito en numerosas reuniones– e instó a “determinar y mitigar las causas y condiciones que provocan las indisciplinas en torno a la venta del gas licuado de petróleo”, aunque resulta evidente que la escasez, cuando no ausencia, del producto es lo que estimula el robo. La coronel Daniset González Sánchez especificó que parte de la responsabilidad viene de “la política de máxima presión contra la Isla por parte del Gobierno de EE UU, sobredimensionando la situación del país para incentivar acciones de carácter subversivo”.

En cuanto a otros delitos, se determinó que hay una actuación insuficiente contra los funcionarios, responsables de muchos delitos económicos, que son obra de quienes “operan desde dentro de las instituciones y conocen sus vulnerabilidades”. Los robos con fuerza aumentaron, como denuncian constantemente en redes sociales muchos ciudadanos, a pesar de que la cantidad global de infracciones ha bajado, indicaron las autoridades, sin ofrecer, como es habitual, datos. 

También cayeron los delitos asociados al ganado, siendo la mayoría hurtos “ya que solo el 25% de los casos muestra indicios de sacrificio”. Además, se realizaron “más de 200 acciones de prevención y enfrentamiento” en el ámbito de las drogas, y aunque se indica que se retuvieron “importantes volúmenes de estupefacientes”, tampoco se dijo la cantidad. 

Reinaldo Cruz Rivera advirtió de que se imponen muchas multas –nuevamente sin números que lo avalen– pero se cobran muy pocas, lo que “fomenta la impunidad”. Por ello llamó a “optimizar y supervisar el funcionamiento de las entidades impositoras, así como de las oficinas de cobro, para evitar incumplimientos”, sin aclarar cómo prevén proceder eventualmente contra un moroso.