Se prorroga hasta el 31 de diciembre la legalización de las viviendas en situación irregular

Madrid/Los cubanos que habiten un lugar y no sean propietarios ni inquilinos tendrán unos meses más para acogerse al “proceso de ordenamiento y legalización de viviendas” emprendido por el Gobierno en 2019. El plazo era de seis años y se cumplieron en abril, pero, según una Gaceta Oficial extraordinaria publicada el pasado 23 de mayo, se prorroga hasta el 31 de diciembre.

Las razones de la medida, que modifica el Acuerdo 8574 del Consejo de Ministros, aprobado en 2019 con el objetivo de otorgar la propiedad a quienes vivieran “sin estatus legal” en algún habitáculo, tienen que ver con el covid-19. La pandemia “impidió el acceso de la población a los trámites por lo que existe aún una gran cantidad de casos que no se han podido concluir”, dice el texto.

Además, deja sin efectos dos artículos de aquella norma –el 7 y el 11–, referidos al “levantamiento en planta y descripción del inmueble para determinar el estado técnico de la vivienda” por parte de la Dirección Municipal de la Vivienda correspondiente. “Solo quedaría el dictamen de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo”, indica Cubadebate en una nota publicada este martes. Con ello, piensan “reducir los términos en 15 días”. 

Además, deja sin efectos dos artículos de aquella norma –el 7 y el 11–, referidos al “levantamiento en planta y descripción del inmueble para determinar el estado

El nuevo acuerdo explica: “Se considera innecesario el levantamiento en planta y descripción del inmueble que realizan las direcciones de la Vivienda municipales para la transferencia de la propiedad a los arrendatarios permanentes de viviendas del fondo estatal, y a los usufructuarios y ocupantes de cuartos, habitaciones o accesorias, convertidas en viviendas adecuadas o que pueden serlo, pues las direcciones municipales de Ordenamiento Territorial y Urbanismo emiten un Dictamen Técnico de Descripción, Tasación, Medidas y Linderos actualizado”.

En cualquier caso, la directora de Asuntos Legales de la Vivienda en el Ministerio de la Construcción, Marvelis Velázquez Reyes, pidió “a las personas aún pendientes de hacerlo a solicitar la legalización de su inmueble para obtener los beneficios del acuerdo”. Los que se encuentran en “alguna de las fases del proceso anterior” son unos 19.000 casos, los cuales, prometen, “recibirán en su momento la respuesta de las Direcciones Municipales de la Vivienda”.

En los últimos seis años, la cantidad de viviendas legalizadas con este proceso es de más de 230.000, según datos oficiales. De ellas, 54.500 eran inmuebles estatales arrendados, 15.600 estaban habitadas por “usufructuarios y ocupantes de cuartos”, 6.300 son casas terminadas por el Estado y otras 15.000 son locales de diverso tipo reformados. El mayor número, no obstante, tiene que ver con las construidas por esfuerzo propio, unas 130.000.

La propia funcionaria presumió que “ahora, al actualizarse, se facilita y promueve la legalización de los inmuebles sin estatus alguno o que no cumplan con las formalidades establecidas en su construcción, siempre que no violen las regulaciones territoriales y urbanísticas”.

Según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei), a pesar de que el valor en construcción y montaje destinado a inversiones fue de 54.553 millones de pesos (14% más que en 2023), las viviendas terminadas fueron solo 7.427 (53% menos que en 2023)

De la nueva normativa se pueden beneficiar, declaró Velázquez Reyes, “los arrendatarios permanentes de viviendas del Estado, excepto quienes la tengan confiscada por sanciones legales ante hechos de enriquecimiento ilícito, drogas, corrupción y otros actos, y por sentencias penales”.

La decisión supone un magro alivio al enorme problema de la vivienda en la Isla. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei), a pesar de que el valor en construcción y montaje destinado a inversiones fue de 54.553 millones de pesos (14% más que en 2023), las viviendas terminadas fueron solo 7.427 (53% menos que en 2023). Las cifras de la Onei fueron analizadas por el economista cubano Pedro Monreal, quien sentenció: “En el peor año del Período Especial (1992) se construyeron casi tres veces más viviendas que en 2024”.

La producción de cemento –que no falta para levantar hoteles de lujo– no va, definitivamente, para la edificación de casas. Un reportaje publicado apenas este martes en el periódico provincial de Sancti Spíritus, Escambray, revelaba que Siguaney, la emblemática fábrica de cemento de Taguasco, lleva tres meses produciendo frenéticamente material de construcción para el resto de provincia, pero con una prioridad: la instalación de paneles solares en los parques fotovoltaicos que están siendo armados en todo el país con ayuda de China.