El régimen aprueba de urgencia una categoría migratoria para los cubanos en el exterior que quieran invertir

Madrid/El Gobierno ha activado una categoría migratoria de urgencia para que los cubanos residentes en el exterior puedan empezar a invertir en la Isla con carácter inmediato. A partir de ahora, todas las personas con pasaporte cubano que vivan en el extranjero y deseen tener negocios en Cuba podrán solicitar esta opción, denominada “de inversores y de negocios”, según un breve decreto ley que aparece este martes en la Gaceta Oficial y que entra en vigor con su publicación. 

El decreto apenas consta de dos artículos para enunciar que se otorga esta condición a los ciudadanos que “lo soliciten y participen en el modelo económico cubano, de acuerdo con lo que se establece en las normas”. Como recuerda el texto del preámbulo, la Ley de Migración vigente en la actualidad es la de 1976, en la que se consideraba que cualquier cubano que permanecía 24 meses ininterrumpidos fuera de la Isla perdía su condición de residente y, con ella, los derechos que de ello derivasen. 

Puesto que los ciudadanos cubanos, sin embargo, están obligados a identificarse en Cuba con su pasaporte nacional y no se les reconoce ciudadanía extranjera, tampoco podían invertir en la Isla bajo la ley de inversión extranjera. Su única opción, hasta la fecha, era asociarse a algún residente permanente. 

La nueva legislación lleva casi 20 meses aprobada, pero aunque toda la población se preguntaba por qué no se publica y cuándo lo hará, el Gobierno no acababa de dar el paso

La pandemia había puesto en jaque el plazo para que se dejara de considerar residente a un cubano en el exterior, ya que, debido a la prohibición de viajar por los cierres aéreos durante el coronavirus, muchos no podían regresar a la Isla aunque así lo desearan. En ese contexto, el régimen comenzó a aplicar suspensiones a esos límites y a elaborar una nueva Ley Migratoria que fue aprobada el 19 de julio de 2024. 

Esa normativa contiene ya, afirma el propio decreto ley, la categoría migratoria Inversores y de Negocios, “pero en sus disposiciones finales establece un plazo de ciento ochenta días posteriores a la publicación para su entrada en vigor”. La nueva legislación lleva casi 20 meses aprobada, pero aunque toda la población se preguntaba por qué no se publica y cuándo lo hará, el Gobierno no acababa de dar el paso por razones que no están claras. Sin embargo, el panorama ha cambiado.

“Es voluntad del Estado cubano –dice el Decreto-Ley– instrumentar las medidas aprobadas por el Gobierno de la República de Cuba y ofrecer la seguridad jurídica necesaria a los ciudadanos cubanos residentes en el exterior que muestren su interés de participar en la economía nacional, por lo que resulta necesario instituir la condición migratoria de Inversores y de Negocios que respalda dicha decisión, hasta tanto entre en vigor la citada Ley 171”.

A este decreto le acompaña otro que regula el procedimiento y en el que se explica que el lugar para entregar la solicitud es cualquier embajada o consulado en el exterior, así como las oficinas del Ministerio del Interior si se desea hacer desde Cuba. Se requiere presentar la petición por escrito junto con un aval del organismo o empresa ubicada en la Isla con el que se desee hacer negocios. 

En tres días como máximo, las autoridades migratorias deben haber recibido la documentación y tienen un mes para resolver y notificar al interesado la adquisición –o denegación– de su nueva condición migratoria. 

"Los ciudadanos cubanos comprendidos en la condición migratoria de Inversores y de Negocios se equiparan a los ciudadanos cubanos Residentes en el Territorio Nacional"

“Los ciudadanos cubanos comprendidos en la condición migratoria de Inversores y de Negocios, en cuanto al ejercicio de sus derechos, se equiparan a los ciudadanos cubanos Residentes en el Territorio Nacional, mientras se encuentren en la República de Cuba y ostenten esta condición migratoria”, precisa el decreto, también de entrada en vigor inmediata.

La Gaceta incluye, por último, una Resolución del Ministerio de Finanzas y Precios para establecer la tasa a pagar para la emisión del nuevo estatus, que se fija en 3.500 pesos. 

Las nuevas normas fijan el marco legal avanzado en marzo por el viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, que dijo en una entrevista en televisión que el Gobierno permitiría a los cubanos que residen en el exterior que pudieran “participar o ser dueños de empresas privadas” dentro del país.

El funcionario agregó entonces que los emigrados podrían "asociarse con empresas privadas cubanas” y que no habría “ninguna limitación” para los cubanos que quisieran invertir, incluyendo la posibilidad de participar en el sistema financiero-bancario del país para dar, dijo, “un soporte a otras esferas productoras o de servicio”. Además, agregó, los emigrados podrán “abrir y operar cuentas bancarias en divisas en bancos cubanos. 

La medida se enmarcaba en un contexto de negociaciones –entonces no confirmadas– con el Gobierno estadounidense, algo que se confirmó días más tarde por el propio Miguel Díaz-Canel. El alcance de esas conversaciones para facilitar una apertura económica se desconoce, ya que se alternan constantemente las filtraciones de reuniones y posibles acuerdos con los mensajes amenazantes de las dos partes. 

El presidente de EE UU dijo el pasado viernes que podría “tomar” Cuba casi de inmediato”, pocas horas después de conocerse las nuevas sanciones contra personas físicas o jurídicas en el exterior que contribuyan a hacer ganar dinero al Estado cubano. Aunque las autoridades cubanas reaccionario con furia inmediata y renovación de la promesa de dar la batalla, hay voces en Washington que sostienen que Marco Rubio es quien dirige la tarea y es partidario de acuerdos, no de intervenciones.

Pese a las nuevas ofertas del régimen cubano, muy pocos son los residentes en el exterior que han mostrado su deseo –y más aún en este momento de incertidumbre– ante la falta de seguridad jurídica y garantías, amén del malestar que suscita entre ellos la idea de que se les intente pedir auxilio después de décadas de insultos.