El régimen cubano acusa de sabotaje al menor Jonathan Muir y lo amenaza con una cárcel de máxima seguridad

La Habana/La situación del adolescente cubano Jonathan David Muir Burgos, de 16 años, detenido tras las protestas del pasado 13 de marzo en Morón (Ciego de Ávila), continúa agravándose entre denuncias de “tortura psicológica” y maltratos por las condiciones de la reclusión que agravan su estado de salud.

La Fiscalía Municipal de Morón ha imputado al menor por el delito de sabotaje, una de las figuras más graves del Código Penal cubano, con penas que pueden oscilar entre 7 y 15 años de prisión, poniendo la protesta social al nivel de los delitos contra la seguridad del Estado.

La legislación vigente establece condiciones restrictivas para exigir responsabilidad penal a jóvenes de entre 16 y 18 años, lo que, en este caso, genera dudas sobre la proporcionalidad y legalidad de las medidas adoptadas. El pasado 25 de marzo, la familia había presentado un recurso de habeas corpus a favor del menor que fue rechazado de plano por el Tribunal Provincial de Ciego de Ávila.

Según una llamada de los familiares de Jonathan publicada por la organización Defensa Cuba Decide (CD), el menor fue trasladado el miércoles desde el Departamento Técnico de Investigaciones (Dti), donde permanece recluido desde su arresto el 16 de marzo, hacia la prisión de Canaleta, supuestamente para formalizar su ingreso en régimen de prisión preventiva. Sin embargo, el procedimiento no pudo completarse porque no había electricidad en el penal, lo que impidió registrar su entrada en el sistema, y obligó a su devolución al centro de detención inicial.

Estos traslados, realizados sin previo aviso a la familia ni al abogado, constituyen una forma de presión psicológica contra el menor y su entorno

Luego del fallido intento, las autoridades permitieron al propio adolescente comunicarle a su familia el traslado e informaron que lo llevarían a Canaleta en las horas siguientes, una posibilidad que este jueves sigue siendo incierta. Este penal fue escenario en febrero de un motín reprimido violentamente por las autoridades policiales, luego del suicidio de un muchacho que protestó por las malas condiciones de alimentación a las que estaba sometido.  

CD calificó el episodio como muestra de “improvisación institucional” y denunció una “alarmante ausencia de garantías legales”. También advirtió que estos traslados, realizados sin previo aviso a la familia ni al abogado, “constituyen una forma de presión psicológica contra el menor y su entorno”.

En un video difundido este jueves, el pastor y opositor Mario Félix Lleonart denunció la amenaza del traslado como un acto de intimidación tanto contra el adolescente como contra su familia. En su declaración, comparó el hecho con prácticas de presión psicológica utilizadas en la prisión de la Cabaña, en las que se simulaban ejecuciones para torturar psicológicamente a los detenidos.

El uso de figuras penales de este tipo responde a una estrategia de criminalización de la protesta social mediante interpretaciones extensivas de la ley

Lleonart hizo un llamado a las instituciones eclesiásticas para defender el caso de Jonathan Muir, señalando la contradicción entre la injusticia de este arresto y la agenda del presidente Díaz-Canel: mientras el hijo adolescente de un pastor perseguido es detenido por protestar, el Ejecutivo cubano se reúne con líderes cristianos y delegaciones ecuménicas que visitan la Isla en el contexto de la Semana Santa “en solidaridad contra el bloqueo de EE UU.”

El padre del menor, el pastor Elier Muir, ha señalado que las autoridades han utilizado el arresto como forma de castigo indirecto por sus opiniones políticas. Denuncia, además, que el joven se encuentra afectado psicológicamente y no ha recibido el tratamiento médico necesario para una afección dermatológica que padece.

El abogado Raudiel Peña, vinculado a la organización Cubalex, ha explicado la relación entre el carácter político de las protestas –en las que se corearon consignas como “¡Libertad!” y se produjeron actos contra la sede del Partido Comunista– y la imputación del delito contra la seguridad del Estado. A su juicio, el uso de figuras penales de este tipo responde a una estrategia de criminalización de la protesta social mediante interpretaciones extensivas de la ley.