El régimen cubano guarda silencio ante una sentencia británica que lo condena a pagar 24 millones de dólares
CRF
El monto está relacionado con el caso de la deuda con el fondo CRF, esta vez por daños y perjuicios al acreedor
Madrid/Tres días después de recibir un nuevo varapalo en el caso de su deuda con el fondo de inversión CRF I Limited, las autoridades cubanas han optado por el silencio, como lo habían hecho después de otras dos sentencias desfavorables en Londres. En noviembre de 2024, el Banco Nacional de Cuba (BNC) fue condenado a pagar 72 millones de euros por el Tribunal Supremo de Reino Unido y en abril de 2025 el régimen perdió una apelación que le impedía continuar recurriendo el fallo.
Ahora, el Tribunal Mercantil de la capital británica ha hecho pública su última resolución sobre el litigio, con la que condena al BNC a pagar unos 24 millones de dólares más, en concepto de daños y perjuicios, junto con las costas procesales. El acreedor ha reaccionado oficialmente este lunes a la sentencia, que se firmó el viernes y ya habían divulgado algunos medios independientes cubanos y televisiones de Miami, que también difundieron una carta que el fondo hizo llegar a Miguel Díaz-Canel para dialogar sobre la deuda pendiente.
CRF ha dicho que intentó en "repetidas ocasiones entablar un diálogo constructivo con la República de Cuba y el Banco Nacional de Cuba (BNC) para resolver la deuda comercial de Cuba, pendiente desde hace mucho tiempo", en unas condiciones "justas para los acreedores, comercialmente realistas para Cuba y capaces de facilitar el eventual retorno del país a los mercados financieros internacionales".
En la misiva dirigida al mandatario, el presidente de CRF, David Charters, proponía mantener conversaciones confidenciales y manifestó posibles soluciones
En la misiva dirigida al mandatario, el presidente de CRF, David Charters, proponía mantener conversaciones confidenciales y manifestó posibles soluciones, tales como instrumentos vinculados al crecimiento, acuerdos de canje de deuda por capital y otras estructuras diseñadas para preservar la liquidez a corto plazo de Cuba. No hubo respuesta.
"CRF no tuvo otra alternativa realista que seguir protegiendo sus derechos a través de los tribunales ingleses", afirma ahora el fondo, que ve la sentencia actual "un acontecimiento significativo". Aunque insiste en que su opción principal no es el litigio sino el diálogo, subraya que para ello se precisa "una actitud seria y constructiva por parte de Cuba y el BNC".
El fondo ha alabado las 176 nuevas medidas del Gobierno cubano, en las que ve una posibilidad para el entendimiento. "Hemos observado el tono más progresista y pragmático de las recientes propuestas de Cuba sobre la reforma económica, la inversión extranjera, el capital privado y la modernización del sistema financiero. Esos desarrollos son potencialmente importantes. Un compromiso creíble con los acreedores comerciales reconocidos sería una demostración práctica de que Cuba pretende traducir los anuncios de reforma en un cambio duradero de enfoque económico", indica.
Por el momento, el régimen sigue optando por el mutismo y no ha contado en los medios oficiales nada sobre la nueva sentencia británica. A lo largo de los años, este caso ha sido manejado con sumo celo por parte del oficialismo, que solo se ha pronunciado cuando las decisiones judiciales le eran relativamente favorables. La mayor victoria conseguida por el Gobierno fue que la corte británica considerase que era inmune como Estado y señalara que era el BNC quien afrontara la responsabilidad, pero en la práctica el resultado es el mismo, ya que la entidad es estatal.
El caso se remonta a los años 80, cuando el régimen cubano firmó unos préstamos con Credit Lyonnais y el Istituto Banco Italiano y que transfirió después al ICBC Standard Bank (filial británica del banco chino ICBC). CRF, un fondo creado en 2009 en Islas Caimán adquirió esa deuda, valorada en más de 72 millones de euros, en 2019 e intentó contactar con la parte cubana para cobrarla.
El caso se remonta a los años 80, cuando el régimen cubano firmó unos préstamos con Credit Lyonnais y el Istituto Banco Italiano y que transfirió después al ICBC Standard Bank
El Estado cubano defendía la tesis de que CRF obtuvo la deuda de forma inválida, ya que el entonces director de operaciones del BNC, Rául Olivera Lozano, firmó la operación sin seguir los “procesos internos adecuados”, motivo por el cual está en prisión. El BNC adujo, además, que no recibió en la forma requerida por contrato el preaviso necesario para la reasignación de la deuda y, en consecuencia, rechazaba que CRF fuera propietario legítimo de la deuda.
La justicia se pronunció en abril de 2023 al respecto, cuando la jueza determinó que el BNC –actualmente un banco comercial estatal pero que hasta 1997 fue Banco Central de Cuba– era responsable de la deuda. La sentencia indicaba que CRF –al que consideraba legítimo acreedor– podía reclamar el pago a la entidad, aunque no al Estado. Pese a los recursos presentados, en noviembre de 2024 se zanjó la cuestión dejando firme la sentencia.
El BCN se pronunció entonces, tras varios días en silencio, mediante un comunicado en el que insistía en que volvería a defenderse y afirmó tener “firme voluntad de diálogo e invariable respeto hacia las deudas que han sido contraídas de forma legítima". En abril de 2025, se rechazó la última apelación posible.
Pese a la insistencia de CRF, Cuba sigue sin dar solución al asunto, aunque en el escenario actual podría negociar con sus activos para poner fin al litigio, una salida que supondría, además, un primer paso si el régimen pretende presentarse ante el mundo como un Estado cumplidor.
Las dificultades para cobrar en este tipo de causas son generales. El mismo tribunal de Londres que condenó al BNC lo hizo meses antes con Argentina por una causa similar impulsada por cuatro entidades financieras británicas –contra los fondos Palladian Partners LP, HBK Master Fund LP, Virtual Emerald International Limited y Hirsh Group LLC–. En este caso, el país sudamericano debía pagar más de 1.300 millones de dólares según sentencia firme, pero a día de hoy los acreedores aún no han visto saldada la deuda a pesar de mantener conversaciones periódicas y de buena fe.