El secretario del PCC en Baire entra a la lista de represores cubanos

La Habana/La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC) ha incorporado este lunes a su lista de represores a Yoendri Oconor Reyes, secretario del Partido Comunista en Baire, Contramaestre, Santiago de Cuba. El dirigente ha sido incluido por encabezar las detenciones arbitrarias de pobladores que participaron en la protesta masiva del pasado 16 de octubre, contra los apagones prolongados, la escasez de alimentos y la falta de agua potable que sufre la población desde hace semanas.

De acuerdo con la organización, el funcionario, un día después de la manifestación, había prometido a Erlis Sierra Gómez ─un médico que participó en la manifestación y se había acercado a dialogar con las autoridades sobre los problemas que enfrenta la población─ que no se tomarían represalias contra él ni ninguno de los manifestantes.

Sin embargo, esa misma noche visitaron al joven pediatra del Hospital Municipal Orlando Pantoja para informarle que debía presentarse el sábado pasado en una estación policial de Contramaestre, “bajo la amenaza de que, si no asistía, podría ser detenido por la Brigada Especial del Ministerio del Interior y acusado”.

Sierra fue sacado de la estación policial por la puerta trasera y conducido a la unidad de operaciones criminales de Versalles, en Santiago de Cuba

La FDHC agrega que, luego de acudir a la cita, Sierra fue sacado de la estación policial por la puerta trasera y conducido a la unidad de operaciones criminales de Versalles, en Santiago de Cuba, donde está la sede provincial de la Seguridad del Estado. Allí, él y otro detenido, el enfermero Humberto Nieto Sierra, otro de los que dialogó con los funcionarios, fueron interrogados durante horas y forzados a grabar un video de retractación.

En el filme, antes de que Sierra Gómez comience a hablar, se escucha la voz de un agente dando la indicación de que comenzó la grabación. "Informo por este medio que no he sido maltratado", dijo el médico en el video, en el que pareciera leer un guion y donde señaló que se encuentra en ese momento en un "diálogo con las instituciones pertinentes". También instó a canalizar las quejas sociales a través de "un diálogo respetuoso para no dividir a nuestro pueblo".

La postura del joven en la grabación contrasta con el tono enérgico con el que detalló, el pasado viernes, frente a los funcionarios la inacción de las instituciones ante los graves problemas que afectan la vida cotidiana, como un apagón que superaba las 30 horas, escasez de agua potable y un brote de arbovirus que empeora la crisis sanitaria local.

Un día después de la movilización pacífica, Contramaestre amaneció con patrullas policiales y vehículos del Ministerio del Interior rodeando las calles y parques principales. Poco después se informó de otros arrestos relacionados con la protesta, como los de Osmani Heredia, Yanelis Sierra, Alexander Acosta y Ania Gómez Leiva, madre de Erlis Sierra, quien fue luego liberada.

Poco después se informó de otros arrestos relacionados con la protesta, como los de Osmani Heredia, Yanelis Sierra, Alexander Acosta y Ania Gómez Leiva

La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba advierte de que “el supuesto diálogo de los funcionarios con la población es solo una treta del gobierno para desvirtuar el carácter contestatario de las protestas”. Recordó que esa táctica ya fue usada durante una manifestación similar en el barrio de El Güirito en Gibara, Holguín, el 13 de septiembre pasado. La secretaria municipal del PCC, Nayla Marieta Leyva Rodríguez, describió entonces lo sucedido como un “intercambio respetuoso” que terminó cuando los residentes se retiraron conformes con sus explicaciones. “Al día siguiente fueron detenidos 27 gibareños, sin que ella moviera un dedo para evitarlo”, remarca la ONG.

Desde las históricas manifestaciones del 11 de julio de 2021, el malestar popular se ha hecho visible en distintas provincias del país, impulsado por apagones prolongados, escasez de alimentos y deterioro de los servicios básicos. Ante ello, la respuesta del régimen ha sido la represión y la criminalización de quienes exigen mejoras.

Ante este tipo de actos contra la población, la FDHC tiene abierto un registro público de agentes de la Seguridad del Estado, jueces, fiscales y también informantes de barrio implicados en actos represivos.