Para los vecinos condenados a prisión por la muerte de tres niñas el culpable es el Estado cubano

La Habana/El Tribunal Supremo de La Habana sentenció a siete años de cárcel a Adrian Frómeta González y su esposa, Regla Isabel Rodríguez López, residentes en Vives 102, entre Águila y Revillagigedo, La Habana Vieja, por el homicidio por imprudencia de las tres niñas que murieron tras el derrumbe de un balcón de su edificio en enero de 2020. Tanto Frómeta como su familia defienden su inocencia y aseguran que varias entidades estatales intentan hacerles "cargar con la culpa".

"Durante la investigación por la muerte de las tres niñas, mi esposa y yo nos presentamos como testigos en la estación de Picota. Un año después, cuando fuimos citados por segunda vez en Instrucción Penal, ya éramos los acusados", cuenta a 14ymedio Frómeta, quien también puso a disposición de este diario los documentos del juicio. "Cuando pedimos explicaciones todo lo que nos dijeron fue que durante una reunión de Instrucción Penal con el Grupo Secons –una empresa estatal de servicios especializados de la construcción– y la dirección de Vivienda, nosotros fuimos señalados como los responsables", subraya.

También fueron procesados y sentenciados a seis años Alain Wilfrido Frómeta González y Abimael Peña Prado –hermano y tío de Frómeta, respectivamente–, por haber reformado las estructuras del segundo piso del edificio, del cual dependía, según las autoridades, la estabilidad del balcón. Por último, el Tribunal también condenó a Lesmer Chang Cárdenas, uno de los constructores de la brigada de Secons, que ayudó a la familia a ejecutar las reformas.

"Ellos nunca se van a echar la culpa entre ellos, porque en definitiva son todos organismos del Estado. Simplemente decidieron culparnos a nosotros y se inventaron todos esos papeles"

"Ellos nunca se van a echar la culpa entre ellos, porque en definitiva son todos organismos del Estado. Simplemente decidieron culparnos a nosotros y se inventaron todos esos papeles que nos señalan como culpables de tres homicidios, cuando no hicimos nada", insiste Frómeta.

Según el acta del Tribunal Provincial consultada por 14ymedio, firmada el 14 de septiembre de 2022, las autoridades habían decretado en 2019 la demolición de la segunda planta del edificio por el peligro de derrumbe. De hecho, la familia que vivía ahí con anterioridad salió de la vivienda debido al mal estado en que se encontraba. Una brigada de Secons –entre cuyos obreros estaba Chang– fue la encargada de rebajar las paredes a una altura de dos metros y retirar escombros.

"Estos actos fueron aprovechados por la imputada Regla Isabel Rodríguez López", alega el documento, "que con el objetivo de adueñarse de dicha área y sin autorización legal alguna (...) cerró de manera permanente con bloques y cemento el acceso a dicho inmueble desde la calle Vives y lo condicionó (sic) desde el interior de su casa para asegurarse así de ser la dueña de dicha área". El texto también afirma que a Rodríguez se le impuso una multa de 500 pesos por bloquear el acceso al segundo piso.

Junto a Frómeta, su hermano, su tío y el obrero Chang –quien, aclara el documento, "trabajaba a título personal" y no como empleado del Secons– la mujer indicó la demolición de algunos muros de carga y paredes, incluyendo la que hacía contrapeso al balcón, que terminó por derrumbarse, expone el acta. En el caso de Chang, la Fiscalía señaló que era de "interés policial" por tener antecedentes penales de robo con violencia o intimidación, y lesiones.

Sin embargo, la familia niega haber contratado a Chang. Frómeta González asegura que, todo el tiempo, el hombre trabajó en el lugar como un empleado de Secons. Apunta, además, que la supuesta contratación del constructor fue fabricada para inculpar a los residentes de la vivienda y hacerlos cargar con la responsabilidad de lo sucedido.

El resultado del primer juicio fue una condena de 12 años para Rodríguez López y de 10 para el resto de los implicados. También se les impuso el pago de indemnizaciones de varios miles de pesos para las familias de las niñas fallecidas, además de un arresto domiciliario provisional o bien una fianza de 5.000 pesos.

Tras la comparecencia ante el Tribunal Provincial y la negociación de las condenas con las autoridades –que se rebajaron a siete y cinco años––, los cuatro vecinos de Vives 102 presentaron un recurso de casación, que solicitó la revisión de la sentencia, pero el Tribunal Supremo desestimó la apelación y no disminuyeron el tiempo de prisión.

"Los acusados actuaron sin prever la posibilidad de que se produjera ese resultado, aun y cuando debieron preverlo. De modo tal que son responsables penalmente", zanja el documento.

"Ahora solo estamos esperando a que nos llamen y nos digan que tenemos que entregarnos. Ya no hay solución, la decisión del Supremo es firme y no se puede volver a apelar", lamenta Frómeta.

Según cuenta el hombre, su esposa, la dueña de la primera planta del inmueble –originalmente de dos pisos– lleva al menos desde 2014 solicitando ayudas a las instancias municipales y provinciales de Vivienda por el mal estado de la segunda planta, que afectaba a su casa. "A las personas que vivían allí arriba incluso les concedieron un subsidio para reparar la casa, pero nunca hicieron nada. Tampoco hubo inspectores que revisaran si estaban empleando el subsidio correctamente", recuerda.

"Cuando finalmente decretaron la demolición trajeron a una brigada de Secons que rebajó las paredes y tumbó el techo, pero dejaron los balcones y los aleros. Tampoco hubo supervisión de ese trabajo, y ellos hicieron lo que quisieron", subraya. "Durante un tiempo incluso detuvieron los trabajos para ayudar en las obras de la ciudad por el 500 aniversario de La Habana. Un día se los llevaron cerca del hospital Calixto García sin ni siquiera dejar señalizaciones de que el segundo piso estaba siendo demolido", añade.

Con la desaparición de la segunda planta, la casa de Rodríguez comenzó a tener filtraciones y, entre su esposo y su familia, decidieron "echar un derretido" (mezcla de cemento) en el piso de la casa de arriba para tapar los agujeros.

"Eso fue lo único que hicimos. Nosotros no tumbamos ninguna pared y ellos tampoco tienen pruebas. Pero si nosotros somos los culpables ellos se libran de la responsabilidad y de tener que indemnizar a las familias de las niñas", esgrime Frómeta.

Ante la pregunta de si cree que los familiares de María Karla Fuentes, Lisnavy Valdés Rodríguez y Rocío García Nápoles, de 11 años, aplastadas por el balcón en 2020, confían en la versión de los tribunales, Frómeta dice que no está seguro. "Ellos son los dolientes, y necesitan un culpable", reconoce.

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