Detectan un objeto intimidatorio en casa de un juez que procesa a Cristina Fernández de Kirchner

El paquete sospechoso en la puerta de Jorge Gorini contenía "cuatro mandarinas atadas con cinta"

El paquete sospechoso fue hallado esta mañana frente al garaje del domicilio de Gorini, ubicado en el barrio porteño de Villa del Parque. (Captura)
El paquete sospechoso fue hallado esta mañana frente al garaje del domicilio de Gorini, ubicado en el barrio porteño de Villa del Parque. (Captura)

(EFE).- La Policía de la ciudad de Buenos Aires detectó este jueves un "artefacto intimidatorio" frente a la vivienda de Jorge Gorini, uno de los magistrados encargados de juzgar a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, en la causa que la sienta en el banquillo por presunta corrupción, informaron a Efe fuentes policiales.

Según estas fuentes, el paquete sospechoso fue hallado esta mañana frente al garaje del domicilio de Gorini, ubicado en el barrio porteño de Villa del Parque.

Efectivos de la comisaría vecinal instalaron un cordón de seguridad preventivo y posteriormente el Escuadrón Antibombas de la Policía local efectuó una detonación controlada del paquete, tras lo cual se comprobó que contenía "cuatro mandarinas atadas con cinta".

"Claramente no es algo normal unas mandarinas encintadas. Es un artefacto intimidatorio. Si fuera una caja o algo que uno pueda tirar, sí (sería una confusión), pero son cuatro mandarinas encintadas", explicaron fuentes policiales.

"Claramente no es algo normal unas mandarinas encintadas. Es un artefacto intimidatorio"

El juez Jorge Gorini forma parte del Tribunal Oral Federal 2, encargado de la denominada "Causa Vialidad", en la que se investiga la presunta adjudicación irregular de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante la presidencia de Cristina Fernández (2007-2015).

El pasado 22 de agosto, el fiscal federal Diego Luciani pidió una condena a doce años de prisión contra Fernández en el marco de esta causa, al considerar que fue la "jefa" de una asociación ilícita que causó un millonario perjuicio económico al Estado.

La expresidenta, por su parte, sostiene que no existen pruebas en su contra y que es víctima de una "persecución política y mediática".

Este pedido de prisión provocó una ola de movilizaciones frente a la vivienda de Fernández, la última de ellas el pasado 1 de septiembre, cuando un hombre aprovechó la multitud para intentar disparar contra el rostro de la vicepresidenta.

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