Washington nombra a una diplomática para asesorar sobre los "ataques acústicos" en Cuba

Madrid/El Gobierno de Joe Biden nombró este viernes a la embajadora Pamela Spratlen como asesora principal del grupo de trabajo que estudia los ataques acústicos contra diplomáticos estadounidenses en Cuba entre 2016 y 2017.

En un comunicado publicado por el Departamento de Estado, su titular, Antony Blinken, dice que la designación de Spratlen, miembro del Servicio Exterior desde hace 30 años y con amplia experiencia en las repúblicas exsoviéticas –fue embajadora en Kirguistán y Uzbekistán–, al frente del del Grupo de Trabajo de Respuesta a Incidentes de Salud (HIRTF, por su sigla en inglés) "nos ayudará a avanzar para abordar este problema donde sea que afecte al personal del ministerio y sus familias".

"Agilizará nuestros esfuerzos de coordinación con la comunidad interinstitucional y reafirmará nuestro compromiso de asegurarnos de que los afectados reciban la atención y el tratamiento que necesitan", asegura el secretario de Estado.

No haber nombrado un grupo de trabajo, incluyendo un "responsable general", era precisamente uno de los errores que señalaba el informe del Departamento de Estado realizado en 2018

El HIRTF fue creado en 2018 como un órgano de coordinación entre el Departamento de Estado y otras agencias gubernamentales para analizar los "los incidentes de salud inexplicados" que afectaron al menos a 24 de sus funcionarios destinados en La Habana y que fueron calificados en un primer momento como "ataques acústicos".

Conocido también como "síndrome de La Habana", afectó además a funcionarios estadounidenses en sedes diplomáticas de Moscú y varias ciudades chinas, así como a empleados de la Embajada canadiense en Cuba. Los síntomas de la afección incluyen pérdida de audición, zumbidos en los oídos, vértigo, dolores de cabeza y fatiga, un patrón consistente con una leve lesión cerebral traumática.

No haber nombrado un grupo de trabajo, incluyendo un "responsable general", era precisamente uno de los errores que señalaba el informe del Departamento de Estado realizado en 2018, que fue desclasificado a petición de la organización Archivo de Seguridad Nacional y publicado por The Washington Post el pasado febrero.

El documento, de 35 páginas, desglosaba, además, una cadena de errores que conllevaron una pérdida de información incalculable y por los que posiblemente nunca llegue a saberse la verdad. Los especialistas del Departamento de Estado pidieron, de acuerdo con el texto, cautela a la hora de actuar a medida que fueron conociendo la situación de los funcionarios afectados.

Esa prudencia permitía, a su juicio, obtener más datos de manera discreta, pero el entonces presidente Donald Trump tomó la decisión de acusar al Gobierno cubano sin que se hubiera podido previamente recabar pruebas. Después, ordenó la evacuación del 60% del personal y dejó vacantes un sinfín de puestos que habrían facilitado la investigación sobre el terreno.

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