A los cubanos les preocupa la exigencia de los antecedentes penales para regularizar su situación en España
España
Si los migrantes no pueden aportar un documento oficial, “valdrá con una declaración responsable” de que no han cometido delitos, sugiere la líder de Podemos
Madrid/Los cubanos en España, especialmente aquellos pendientes de una solicitud de asilo, leyeron con el alma en vilo el adelanto, este lunes, de que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobaría hoy mismo una regularización extraordinaria de inmigrantes. La nueva medida, a diferencia del reglamento de Extranjería publicado hace apenas siete meses, los incluye sin reservas, siempre que cumplan los requisitos establecidos para todos los irregulares: haber llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025 –en su caso, haber presentado el expediente de asilo para esa fecha–, llevar al menos cinco meses residiendo en este país y no tener antecedentes penales.
Sin embargo, algunos de ellos aún se muestran escépticos, especialmente por ese tercer requisito. “Está claro que a los solicitantes de asilo nos favorece, pero hay que ver la letra chica”, dice a 14ymedio el periodista independiente Magdiel Jorge Castro, quien vive en España desde noviembre de 2023 y está a la espera de resolución de su asilo, presentado en febrero de 2024. “Hay que ver qué nos piden, si nos piden antecedentes penales, si nos piden pasaporte vigente, esa serie de cosas nos falta por saber”.
El temor, en efecto, viene dado principalmente porque obtener un certificado de antecedentes penales implica pedirlo al país de origen. Dado que los cubanos solicitantes de refugio son, por definición, personas que huyen de la dictadura, tienen en muchos casos procesos abiertos en la Isla, acusados de delitos relacionados con su disidencia, o amenazas de procesos penales si regresan.
Aunque claramente entre los requisitos figura no tener antecedentes penales, los cubanos esperan que haya un eximente para los que piden asilo. La líder de Podemos, Ione Belarra, afirmó este martes en una entrevista a Canal Red –el medio de Pablo Iglesias, fundador de ese partido izquierdista– que si los migrantes no pueden aportar un certificado de antecedentes penales “valdrá con una declaración responsable” de que no han cometido delitos.
A falta de que se publique la norma en el Boletín Oficial del Estado, la información difundida indica que este tipo de migrantes no están obligados a desistir de su proceso de asilo
Nadie más del Gobierno ha afirmado que esto se concrete, así que sigue siendo uno de los puntos que no están del todo claros.
A falta de que se publique la norma en el Boletín Oficial del Estado este miércoles, la información gubernamental difundida indica que este tipo de migrantes no están obligados a desistir de su proceso de asilo si se acogen a la nueva regularización, es decir, pueden continuar con su trámite de refugio, pero, igualmente, faltan por saber los detalles.
Quienes están en proceso de asilo, llamado técnicamente protección internacional, no son estrictamente migrantes irregulares. Una vez solicitado, se les otorga una “tarjeta blanca” mediante la cual pueden iniciar diversos trámites administrativos, como la adquisición de un número de identificación de extranjero (NIE), empadronarse, trabajar legalmente o solicitar un número de la Seguridad Social, lo cual permite acceder a los servicios de salud. Ese documento tiene una vigencia de seis meses. El Gobierno español les proporciona entonces una “tarjeta roja”, renovable cada año.
¿Cuál es, pues, la ventaja práctica de acogerse a esta nueva regularización? Fundamentalmente, poder viajar fuera de España, algo que no se permite mientras se está a la espera de protección internacional. “El no poder salir del territorio español limita mucho las opciones que uno tiene. A veces uno tiene invitaciones a eventos en otros lugares, ofertas de trabajo, y tiene que rechazarlas porque no puedes salir”, explica Aries Madian Cañellas Cabrera, historiador de La Habana que llegó al país con un visado de turista de 15 días para Holanda –que nunca llegó a pisar– a finales de 2023.
En su caso, le permitiría también más contacto con su esposa, que vive en Estados Unidos y la que solo puede ver si ella viaja a Madrid. “El tema familia es una de las grandes ventajas para mí”, opina. “Además, era una espada de Damocles lo que estaba pasando con el asilo de los cubanos”. Cañellas alude a las dificultades para los nacionales de la Isla para obtener refugio en España.
En 2025, de hecho, ningún cubano recibió autorización de residencia por razones humanitarias en el país europeo. De acuerdo con datos del Ministerio del Interior, a lo largo del año se presentaron 225 nuevas solicitudes, se emitieron 40 resoluciones favorables, 331 fueron rechazadas y están en archivo 1.177 expedientes, la mayoría presentadas en años anteriores.
“Esta medida me va a ayudar a encontrar trabajo más fácilmente, y tener derechos laborales. Principalmente, cotizar en la Seguridad Social, y todo lo que eso implica para una pensión futura”
El reglamento de Extranjería de mayo de 2025, si bien ampliaba las modalidades para solicitar la residencia por arraigo –como el “sociolaboral”, que requiere dos años de residencia y un contrato de al menos 20 horas semanales, o el “socioformativo”, que permite regularizar a quienes cursen estudios “en sectores estratégicos” para el mercado laboral español–, dejaba desprotegidos a los que veían sus solicitudes de asilo rechazadas.
En primer lugar, porque no se contaba el tiempo residiendo físicamente en España mientras esperaba el refugio a efectos de arraigo, una espera que acaba demorándose años, y por otro, la ventana para acogerse al arraigo si el asilo ha sido rechazado es muy pequeña: hasta el 20 de mayo de 2026, siempre que haya habido denegación firme antes del 20 de marzo de 2025 y que hayan estado en situación irregular durante al menos seis meses. Quienes recibieron resoluciones posteriores al pasado 20 de marzo o no tuvieran acumulados ese tiempo, quedaban fuera.
Un caso muy distinto es el de Marian (nombre ficticio), una cubana irregular y sin solicitud de asilo, la misma situación en la que se encuentran unos 840.000 migrantes que viven en España, según el registro de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas). Para ella, el nuevo decreto del Gobierno, acordado en Consejo de Ministros –es decir, sin pasar por el Parlamento– tras un acuerdo con el partido Podemos le ofrece toda la esperanza.
“Esta medida me va a ayudar a encontrar trabajo más fácilmente, y tener derechos laborales. Principalmente, cotizar en la Seguridad Social, y todo lo que eso implica para una pensión futura”. La joven llegó a Madrid en septiembre del 2024 con visa de turismo e intentó obtener un visado de estudiante. “No funcionó y a partir de ese momento me encontré en situación irregular”.
Marian, que trabaja “ocasionalmente y siempre sin permiso”, también espera que esta resolución le permita traer a sus padres en un futuro.
La regularización se podrá solicitar entre principios de abril y el 30 de junio de este año, y también protege la unidad familiar, por lo que permite la legalización simultánea de hijos e hijas menores que ya se encuentran en España. En estos casos, la vigencia del permiso será de cinco años y no uno, como en el caso de los adultos sin hijos.
Cerca de 230.000 cubanos viven en España, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y solo en 2025, se empadronaron 27.000. Unos 8.000 ciudadanos de la Isla obtuvieron la residencia en 2024, y decenas de miles de personas han obtenido la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática, aunque pasarán años antes de procesar los más de 600.000 casos recibidos en el consulado de La Habana.