Esuatini desestima un recurso contra las deportaciones desde EE UU, entre ellas la de un cubano

Nairobi/Madrid/La Justicia de Esuatini (antigua Suazilandia) desestimó un recurso contra la deportación de ciudadanos de terceros países a este reino africano por parte de Estados Unidos en el marco del endurecimiento de las medidas contra la inmigración de la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Así lo confirmó este miércoles una de las organizaciones que presentó la demanda.

"La sentencia deja sin resolver cuestiones constitucionales fundamentales, como si los acuerdos ejecutivos con Estados extranjeros que afectan al derecho interno y los derechos humanos pueden eludir la ratificación parlamentaria y la participación pública", señaló en un comunicado el Centro de Litigios de África Austral (SALC, en inglés).

Entre otras razones, los jueces argumentaron en el fallo que los litigantes no tienen un interés propio y directo en el asunto o que no pudieron presentar una copia del acuerdo entre EE UU que denunciaban.

El recurso fue presentado el pasado 14 de agosto ante el Tribunal Superior de Esuatini, después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estadounidense confirmara a mediados de julio la deportación de unos primeros cinco ciudadanos –de Vietnam, Jamaica, Laos, Yemen y Cuba–, a ese país, acusados de delitos que incluyen asesinato, agresión y robo, después de que sus países de origen se negaran a recibirlos de vuelta.

A Mosquera, de 58 años y detenido en junio pasado, las autoridades estadounidenses lo señalan como miembro de la pandilla Latin Kings,

El cubano entre ellos, Roberto Mosquera del Peral, sostuvo hace unos meses una huelga de hambre en la prisión de máxima seguridad, el Complejo Penitenciario de Matsapha de la capital, Mbabane, en la que lleva retenido más de tres meses sin cargos junto al resto de migrantes.

De estos, el jamaicano Orville Etoria ya fue repatriado a su país el pasado septiembre y, a principios de octubre, las autoridades de esta monarquía absoluta anunciaron la llegada de otros once migrantes de terceros países deportados por Washington, en el marco de un acuerdo bilateral de cooperación en materia migratoria.

El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense afirmó a mediados del pasado julio que los deportados estaban acusados de delitos como asesinato, agresión y robo, si bien sus abogados han afirmado que ya habían cumplido sus condenas y algunos de ellos llevaban años fuera de la cárcel.

A Mosquera, de 58 años y detenido en junio pasado, las autoridades estadounidenses lo señalan como miembro de la pandilla Latin Kings, que surgió en la ciudad de Chicago a mediados del siglo pasado y que el FBI ha considerado “una grave amenaza” para el país. Además, cuenta con “una condena por homicidio y una agresión con agravantes a un agente de policía con un arma” en Miami.

Ninguno los 15 deportados tiene vínculos conocidos con Esuatini, y sus solicitudes de acceso confidencial por parte de sus representantes legales fueron rechazadas, según denunció el pasado diciembre Amnistía Internacional (AI).

"Estos traslados se realizaron en virtud de un memorando de entendimiento que no fue divulgado ni presentado ante el Parlamento", recordó el SALC, algo que viola la Constitución suazi según los demandantes.

"Al negar el derecho a acudir a los tribunales, el derecho constitucional a impugnar decisiones ejecutivas controvertidas que no redundan en el interés público, corre un gran peligro"

En virtud del pacto, Washington acordó pagar 5,1 millones de dólares a Esuatini, según confirmó el Ejecutivo suazi a medios internacionales el pasado noviembre.

La demanda fue presentada por el responsable de Derechos del SALC, Melusi Simelane, junto con el Centro de Litigios de Esuatini (ELC) y la Asamblea de Mujeres Rurales de Suazilandia (SRWA, en referencia al antiguo nombre del país africano).

"Al negar el derecho a acudir a los tribunales, el derecho constitucional a impugnar decisiones ejecutivas controvertidas que no redundan en el interés público, corre un gran peligro", lamentó la directora ejecutiva del SALC, Anneke Meerkotter. "Esta decisión facilita y permite que las decisiones gubernamentales creen un sistema de gobierno en la sombra al margen del escrutinio parlamentario y público", añadió.

La reanudación de los vuelos de deportación desde EE UU a terceros países se produjo después de que la Corte Suprema estadounidense autorizara el pasado junio estas expulsiones, en una victoria para su política de mano dura contra la inmigración.

Desde su retorno a la Casa Blanca en enero, Trump ha impulsado las expulsiones exprés y, a tal efecto, ha firmado acuerdos con países como El Salvador, Esuatini, Ghana, Ruanda, Uganda y Sudán del Sur, para realizar deportaciones, una de sus principales promesas electorales.

Fronteriza con Sudáfrica y Mozambique, Esuatini es la última monarquía absoluta de África y tiene una población de unos 1,2 millones de personas que es eminentemente rural y que vive en un 60 % con recursos por debajo de la línea de la pobreza, según el Banco Mundial.