Herederos de propiedades confiscadas en Cuba no se rinden

Madrid/Junto con los presos políticos y el acceso a internet mediante Starlink, el Gobierno de EE UU mantiene una demanda concreta en sus conversaciones con el régimen cubano: la compensación por las propiedades confiscadas. La cuantía asciende a casi 9.000 millones de dólares, que resultan del cálculo de un valor original estimado en 1.900 millones a los que se debe añadir un interés del 6% anual. La factura es imposible de pagar, aunque La Habana ha dado una respuesta: si Washington compensa con los 181.000 millones de dólares en que estima el daño causado por el embargo, no habrá problema.

La brecha entre ambas posiciones viene de lejos y no es la primera vez que se intenta resolver, pero nunca ha habido acuerdo y, a medida que el tiempo pasa, la dificultad se ensancha. Lo sabe bien Teo A. Babún, Jr., heredero de una familia de industriales que dejaron la Isla con el triunfo de la Revolución. Su abuela gobernaba una enorme casa en Santiago de Cuba por la que corrían ocho hijos y veintiún nietos antes de dejarlo todo.

Y ese todo es mucho: un ferrocarril, un aserradero, un astillero, una fábrica de cemento y la finca. Sus bienes representan el 10% de la cantidad certificada por el Departamento de Estado en su reclamación general, con 874,2 millones de dólares en 2018, cuando fueron valorados. “Hay que encontrar una solución que proteja a los ocupantes actuales si se trata de una vivienda y que no desplace a nadie. Y al mismo tiempo, que se haga justicia”, reconoce Babún Jr. en un reportaje que publica el New York Times este martes sobre este añejo problema.

El propio Raúl Castro llegó a vivir en la finca, que ahora es la Casa Árabe, sede de una asociación con un restaurante incluido

El propio Raúl Castro llegó a vivir en la finca, que ahora es la Casa Árabe, sede de una asociación con un restaurante incluido. Paradojas de la vida, los Babún eran de origen libanés. “Si uno posee algo y alguien se lo quita sin ningún tipo de compensación ni solución, sencillamente, no es justo. Mi familia solo quiere justicia”, añade. 

A sus 78 años, ya ha dado por finalizado un empeño que comenzó tiempo atrás para crear un registro que ayudara al Departamento de Estado a reclamar. Paró cuando llevaba 8.000 casos que apenas suponían un grano de sal en el océano. De los 6.000 que ha certificado Washington, hay diez gigantes, entre ellos cinco azucareras. Entre los demandantes figuran nombres tan conocidos como Exxon, Coca Cola o Colgate-Palmolive.

El NYT hace historia para repasar algunos momentos en los que se ha abordado una posible solución, empezando por la que se hizo en los años 60. "Cuba no disponía del efectivo para pagar y, en su lugar, ofreció bonos del Gobierno a largo plazo, lo que Estados Unidos consideró que no era solución pronta ni adecuada", asegura William LeoGrande, profesor de la American University y autor de un libro sobre la historia de las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba.

En los años 90, varios expertos presentaron distintas propuestas, incluyendo la creación de fondos público-privados para reconstruir la red eléctrica de Cuba y el uso de parte de las ganancias para compensar a los antiguos propietarios, según Jason Poblete, abogado que representa a propietarios estadounidenses y cubanos. Este tipo de casos funcionó en países como Vietnam o Alemania, cuyos activos congelados en EE UU sirvieron para pagar reclamaciones. No fue así en la URSS o China, donde los propietarios recuperaron muy poco.

En la época del deshielo, la Administración de Obama también intentó encontrar una salida al asunto, que naufragó por la desconexión del régimen con la realidad del problema. “El Gobierno cubano no parecía comprenderlo. Me preguntaban: ‘Richard, ¿por qué le das tanta importancia a algo que sucedió hace 50 o 60 años?’”, cuenta Richard Feinberg, investigador de la Universidad Internacional de Florida que estuvo en La Habana para realizar un estudio sobre las reclamaciones de propiedad. “Esto demuestra lo poco que el Gobierno cubano entendía de economía y capitalismo. No comprendían la propiedad privada”, añade.

“Esto demuestra lo poco que el Gobierno cubano entendía de economía y capitalismo. No comprendían la propiedad privada”

El NYT ha hablado con otros afectados, entre ellos Lisandro Pérez, experto en Cuba del John Jay College of Criminal Justice de Nueva York y autor de unas memorias sobre la casa de su familia en Cuba. Pérez lamenta que algunos cubanos que se quedaron sí recibieron algún tipo de compensación por lo perdido, lo que no fue su caso. 

Nicolás J. Gutiérrez, abogado cubanoamericano en Miami, relata pérdidas estimadas en 1960 en 50 millones de dólares. Sus propiedades incluían dos ingenios azucareros, 15 ranchos ganaderos, un molino de arroz, una plantación de café, un banco, una compañía de seguros y una empresa mayorista de distribución de alimentos.

Ahora, como miembro de la Asociación Nacional de Propietarios de Tierras Cubanas en el Exilio, trabaja en la demanda contra Expedia por la explotación de hoteles construidos en terrenos confiscados. Aunque nunca ha estado en Cuba, cree que si las cosas cambian, su familia volverá a intentar reactivar la economía de la Isla. 

“Hemos esperado mucho tiempo este momento y que se dieran las condiciones adecuadas”, dice Enrique Carrillo, heredero de los propietarios de la destilería de ron Santa Cruz. “Mi padre trabajó incansablemente durante muchos años para construir la empresa, y no pienso rendirme. Mi familia no piensa renunciar a la historia”.

Mientras tanto, un colaborador del NYT en La Habana se acercó a El Vedado, donde la familia de Nicolás J. Gutiérrez tenía un edificio. Allí, los vecinos rechazan –como los propios expertos– que las propiedades sean, como tal, devueltas. Uno de ellos, Jorge González Amores, es contundente: “Si se fueron del país, eso significa que no les interesaba el edificio”.