La oposición acusa al Gobierno de Nicaragua de "estancar" las negociaciones

Estados Unidos presiona a la familia Ortega Murillo y a su entorno inmediato con sanciones 

Mario Arana, uno de los negociadores de la Alianza Cívica, al término de un encuentro con la delegación del Ejecutivo. (EFE)
Mario Arana, uno de los negociadores de la Alianza Cívica, al término de un encuentro con la delegación del Ejecutivo. (EFE)

(EFE).- La oposición nicaragüense aglutinada en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia acusó este viernes al Gobierno de Daniel Ortega de "estancar" las negociaciones para superar la crisis que estalló hace un año y que ha dejado cientos de muertos y de detenidos.

"El Gobierno está condicionando el avance de la negociación, a que nos pronunciemos sobre el tema de las sanciones", dijo Mario Arana, uno de los negociadores de la Alianza Cívica, al término de un encuentro con la delegación del Ejecutivo.

En una declaración antes de la sesión de este viernes, el Ejecutivo pidió a la Alianza Cívica "hacer un llamado conjunto al cese y suspensión de las medidas unilaterales e ilegales, llamadas sanciones, que afectan los derechos humanos, económicos y sociales de todos".

Hace dos semanas, Washington anunció nuevas sanciones al Banco Corporativo (BanCorp) de Nicaragua, una entidad financiera vinculada a los sandinistas, y a Laureano Ortega Murillo, hijo del mandatario y de la vicepresidente Rosario Murillo.

"El Gobierno está condicionando el avance de la negociación, a que nos pronunciemos sobre el tema de las sanciones", dijo Mario Arana, uno de los negociadores de la Alianza Cívica

El asesor presidencial estadounidense, John Bolton, dijo entonces que irían "por los bolsillos de la familia de Ortega".

Desde que estalló la crisis, el 18 de abril de 2018, hasta ahora, Washington ha sancionado a Murillo y a Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional del mandatario, así como al jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, consuegro de Ortega y Murillo; y otros tres funcionarios de confianza de la pareja presidencial.

Las sanciones bloquean todos los bienes e intereses de los afectados y el BanCorp en Estados Unidos o los que están relacionados con ciudadanos estadounidenses.

Arana, presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), explicó que la Alianza Cívica no tiene ningún poder para levantar esas sanciones, que eso es competencia de cada Estado, "que quieren que los países avancen en sus reformas internas sobre derechos humanos y respeto a la democracia".

Asimismo, argumentó que de nada serviría que la Alianza Cívica pida que se levanten las sanciones, porque sería una solución cosmética y lírica que "no resuelve el fondo del asunto".

"El fondo del asunto es que avancemos en un acuerdo que le compre al país futuro, estabilidad y esperanza", razonó el dirigente empresarial, para quien el Gobierno hasta ahora ha cumplido parcialmente los acuerdos firmados.

Las sanciones bloquean todos los bienes e intereses de los afectados y el BanCorp en Estados Unidos o los que están relacionados con ciudadanos estadounidenses

"Aquí de lo que se trata es resolver el problema de una crisis profunda y estamos perdiendo el tiempo con este tipo de tácticas que al final terminan siendo tácticas aparentemente dilatorias, porque no estamos avanzando en lo sustantivo", señaló.

Las partes retomaron desde el lunes las conversaciones invitadas por el nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, y el exministro de Defensa de Uruguay Luis Ángel Rosadilla, quienes participan como testigos y acompañantes de la negociación en representación del Vaticano y de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), respectivamente.

El Ejecutivo y la Alianza Cívica culminaron el 3 de abril la negociación para superar la crisis sin acuerdos en temas de justicia y democratización, aunque dejaron la puerta abierta para seguir las conversaciones.

Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 568 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

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