Organizaciones de derechos humanos piden a Canadá que promueva “un cambio estructural y no cosmético” en Cuba

La Habana/“Estamos ante el fin de un ciclo histórico en Cuba. O se decide prolongar la decadencia y con ello la agonía del pueblo cubano o se ayuda a encontrar una salida política pacífica y razonable para la situación actual”, declaró Yaxys Cires, director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (Ocdh), en un debate en la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento de Canadá, el pasado martes.

Cires instó al Gobierno de Canadá a una “una respuesta internacional coordinada” para promover en Cuba “una apertura económica y política real”, centrada en las libertades, la iniciativa privada y el respeto a los derechos humanos.

“Solo un cambio estructural, y no cosmético, permitirá al pueblo cubano recuperar la esperanza y construir su propio futuro”, enfatizó.

En relación con el reciente anuncio de asistencia humanitaria de Canadá –el envío de 5,85 millones de dólares para alimentos, a través del Programa Mundial de Alimentos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)–, Cires solicitó que el apoyo se organice “directo a la población cubana, con énfasis en los sectores más vulnerables”, y que se canalice “a través de las iglesias y de la sociedad civil independiente, para asegurar su entrega efectiva”. 

El activista también instó a Ottawa a que, junto a otros países inversores, exija a las autoridades cubanas la modificación del régimen laboral vigente en el ámbito de las inversiones extranjeras. Cires recordó que el modelo impuesto en este sector impide la contratación directa por parte de las empresas y se hacen mediante entidades estatales que pueden apropiarse de hasta el 90% del salario, lo que “vulnera de manera sistemática los derechos de los trabajadores y los empobrece”. Una reciente investigación ha revelado que este era el caso de los trabajadores cubanos de la minera Sherrit en distintos países, incluyendo la propia Canadá.

El representante del OCDH evocó además a los más de 800 presos de conciencia y a sus familiares, y reiteró que las causas de la actual crisis económica y política son estructurales. Además, Cires recalcó que el deterioro de hospitales, la escasez de insumos médicos, el derrumbe de viviendas, el aumento de los apagones y la acumulación de basura en las calles son el resultado de “décadas de políticas fallidas”.

 “No hablamos de una crisis coyuntural o temporal, ni de raíces exógenas. Se trata de las consecuencias naturales de un modelo de economía planificada, que concentra la mayoría de los medios de producción en manos del Estado, que no aporta seguridad jurídica y que asfixia la libertad económica y social”, afirmó.

Se trata de las consecuencias naturales de un modelo de economía planificada, que concentra la mayoría de los medios de producción en manos del Estado

En la audiencia del debate de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento de Canadá participaron también representantes de otras organizaciones, como Carolina Barrero Ferrer, de Ciudadanía y Libertad; John Suárez, del Centro para una Cuba Libre, y Kirenia Carbonell, de la Coalición Cubano-Canadiense.

Carbonell señaló por su parte: “Canadá debe estar del lado del pueblo cubano; no legitimando un statu quo represivo, sino alineando su política con la transparencia, la rendición de cuentas y la dignidad humana”, y sobre la ayuda humanitaria advirtió que “no puede gestionarse eficazmente en un país donde la sociedad civil independiente es criminalizada y la distribución está monopolizada por las mismas estructuras responsables de la crisis”.

La inconsistencia de la política exterior de Canadá ha sido cuestionada recientemente también por Democratic Spaces en colaboración con Human Rights Action Group, en un extenso reporte publicado por el Macdonald-Laurier Institute el pasado 24 de febrero, y firmado por Michael Lima, Isabelle Terranova y Sarah Teich. 

El informe denuncia que la política exterior de Canadá hacia Cuba es incoherente con sus propios valores democráticos y proyección con los derechos humanos, y hace diez “recomendaciones concretas” para que modifique su posicionamiento con respecto a Cuba. 

“Es hora de que Ottawa alinee su política hacia Cuba con su compromiso declarado con los derechos humanos, la gobernanza democrática y el Estado de derecho” subrayan los autores.

Como base de su planteamiento, hacen un análisis previo del Estado cubano como régimen autoritario, su alianza con otros regímenes represivos y las implicaciones de esas alianzas para la democracia global.

Señalan que Cuba es un sistema de partido único sin oposición real, sin prensa independiente y sin sociedad civil autónoma. Las elecciones funcionan como rituales de legitimación y los candidatos no aprobados por el Partido Comunista son excluidos o detenidos. 

Los autores denuncian que el poder económico está concentrado en conglomerados militares, como Gaesa, que controlan sectores estratégicos y canalizan inversión extranjera hacia instituciones vinculadas a las Fuerzas Armadas.  

Los autores denuncian que el poder económico está concentrado en conglomerados militares, como Gaesa, que controlan sectores estratégicos y canalizan inversión extranjera hacia instituciones vinculadas a las Fuerzas Armadas

El informe añade que el Código Penal cubano criminaliza prácticamente toda forma de disidencia mediante figuras legales ambiguas, como “noticias falsas” o “desorden público”. Como consecuencia, a finales de 2025, se contabilizaban más de mil presos políticos, además de denuncias de tortura, aislamiento prolongado y muertes bajo custodia. Apuntan también que el Estado monopoliza la infraestructura de internet, utiliza tecnología china para la vigilancia y control y bloquea su acceso arbitrariamente, como ha ocurrido durante protestas, en especial la del 11 de julio de 2021.

Además de la política interna del régimen, el reporte describe al Gobierno cubano como un aliado central en una red autoritaria internacional, con relaciones estratégicas con Rusia, Irán, Corea del Norte, China y Venezuela. En especial, la alianza histórica de la Guerra Fría con Rusia que se ha reactivado bajo Putin, y un punto grave de esta relación: el reclutamiento sistemático de miles de cubanos para la guerra en Ucrania, en condiciones que se asemeja a la trata de personas.

Por estos motivos, señalan los autores, “Canadá no puede permitirse mantener su enfoque inconsistente hacia Cuba mientras afirma ser líder en derechos humanos y gobernanza democrática.” 

Entre las recomendaciones que lanzan al Ottawa sobre su política exterior, señalan que el Gobierno canadiense debería crear una política regional en Latinoamérica que reconozca el papel de Cuba como actor que impulsa el autoritarismo.

Llaman a poner fin a su patrón de votar en contra de resoluciones que buscan responsabilizar a Cuba por los abusos de derechos humanos; y recomiendan implementar sanciones específicas –bajo la Ley Magnitsky o la Ley de Medidas Económicas Especiales– contra funcionarios cubanos responsables de tortura, represión de protestas, juicios amañados y campañas de vigilancia e intimidación.

Piden investigar el reclutamiento de cubanos para la guerra en Ucrania y condenar públicamente estas prácticas, evaluar si constituyen trata de personas y promover sanciones o acciones legales si se confirma.

Señalan los autores, además, que Canadá debería exigir la liberación de los presos políticos y reclamar públicamente la excarcelación inmediata de los más de mil detenidos por motivos políticos.

Recomiendan que se requiera al Gobierno cubano a otorgar estatus legal a las ONG y grupos autónomos para que la ayuda humanitaria llegue directamente a la población

En lo económico, piden reforzar la conducta empresarial responsable y advertir a empresas canadienses que invertir en Cuba implica operar con conglomerados militares.

Sobre el control y vigilancia, instan a ayudar a los cubanos a evitar la censura digital y los apagones de internet, facilitando acceso a información y comunicación segura y garantizar que la Embajada canadiense en La Habana mantenga contacto real y regular con activistas y organizaciones independientes.

Por último, recomiendan que se requiera al Gobierno cubano a otorgar estatus legal a organizaciones no gubernamentales y grupos autónomos para que la ayuda humanitaria llegue directamente a la población, sin pasar por el aparato estatal.