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Ortega y Murillo consolidan su poder en Nicaragua bajo una estela de muerte, dice un análisis

Nicaragua

Panamá recuerda en la inauguración de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos la situación de los derechos humanos en Nicaragua y Cuba

Las protestas de 2018, calificadas por el Ejecutivo como "intento de golpe de Estado", dejaron al menos 355 muertos. / coordinadoraongd
EFE

23 de junio 2026 - 06:18

San José /Panamá/Los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, han consolidado su poder bajo una estela de muerte de opositores y críticos de su Gobierno, según un análisis del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam) divulgado este lunes en Costa Rica.

En el análisis titulado La dictadura Ortega-Murillo: el poder asentado en la muerte, ese centro de pensamiento señala el caso de los nueve opositores y críticos con el régimen sandinista que han fallecido bajo custodia del Estado en los últimos siete años, el último el pasado mayo.

"El historial necrófilo de los Ortega-Murillo se remonta en el tiempo, incluso antes de 2018; sin embargo, en la medida que han afianzado su decisión de permanecer en el poder a toda costa como una dinastía, radicalizaron también la violencia estatal y la crueldad, convirtiéndolas en políticas permanentes y dando lugar a la sistemática comisión de crímenes de lesa humanidad", sostiene el Cetcam, integrado por investigadores centroamericanos de distintas disciplinas.

En la medida que han afianzado su decisión de permanecer en el poder a toda costa como una dinastía, radicalizaron también la violencia estatal y la crueldad

Argumentan que esta política se hizo evidente cuando las autoridades decidieron aplacar las protestas ciudadanas del 2018 y 2019 usando violencia letal, que incluyó "el desalojo violento de los recintos universitarios ocupados por los estudiantes", alegan los expertos de la Cetcam.

El 18 de abril de 2018 estalló una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, tras responder con la fuerza.

Las protestas, calificadas por el Ejecutivo como "intento de golpe de Estado", dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684, mientras que Ortega reconoce que fueron "más de 300".

Los años más recientes han estado marcados por asesinatos y atentados criminales en contra de personas exiliadas, principalmente Costa Rica, como una modalidad de persecución transnacional, como sucedió con Rodolfo Rojas, Roberto Samcam y Joao Maldonado, advierten.

"En todos los casos, los atentados o asesinatos son cometidos con saña y crueldad, y organismos de derechos humanos han constatado que más allá de los autores materiales, las motivaciones han sido políticas", apuntan.

Asimismo, la Cetcam alerta que la práctica sistemática de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y tratos crueles a personas prisioneras políticas desde 2018 hasta la actualidad "es otra de las expresiones de esta lógica necropolítica".

A eso se suman la negación de atención médica oportuna y adecuada a personas prisioneras de conciencia, exposiciones públicas forzadas para negar la desaparición forzada, la crueldad y las torturas a las que son sometidas, agregan.

"Este recuento pone en evidencia que la dictadura realiza estas macabras prácticas como una decisión consciente y premeditada, sin que le importe la humanidad de los nicaragüenses en general, y de las personas prisioneras políticas en particular", valoran los expertos.

Para los expertos de la Cetcam, esas son prácticas que constituyen crímenes de lesa humanidad.

Nicaragua fue una de las protagonistas, junto con Cuba, Venezuela y Bolivia, de la inauguración en Panamá de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). El presidente, José Raúl Mulino, recordó este lunes la situación política y de derechos humanos que se vive en los tres países.

Mulino afirmó que, en su calidad de Estado anfitrión, Panamá considera su "obligación" señalar lo que la organización "no puede ignorar", en referencia a la situación de Nicaragua, donde denunció un "grave deterioro del respeto a los derechos humanos".

"La persecución de opositores, el cierre sistemático del espacio cívico, la expulsión de organizaciones humanitarias, el encarcelamiento de líderes religiosos y el exilio forzado de miles de ciudadanos son hechos incompatibles con los principios que esta organización defiende", expresó el mandatario panameño.

Un día antes, su Gobierno se había ofrecido como mediador para un diálogo entre las autoridades de la Isla y EE UU

En su intervención, Mulino también se refirió a Cuba, al expresar la esperanza de que su pueblo "encuentre pronto el camino hacia una democracia plena". Un día antes, su Gobierno se había ofrecido como mediador para un diálogo entre las autoridades de la Isla y EE UU.

También, sostuvo que los valores democráticos "no pertenecen a ninguna época ni corriente política", sino que constituyen una "promesa del hemisferio" aún pendiente con la Isla.

Mulino también abordó la situación de Venezuela, al reclamar una "muy pronta transición democrática" y el respeto pleno de la democracia representativa, con la convocatoria de elecciones "libres, vigiladas y democráticas" que permitan al país "encauzarse nuevamente" en la institucionalidad.

Respecto a la situación que se vive en Bolivia, el presidente panameño manifestó su solidaridad con el Gobierno encabezado por Rodrigo Paz que, dijo, enfrenta amenazas de sectores radicales y del crimen organizado.

Mulino aseguró haber respaldado ante el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, una propuesta para conformar una comisión de cancilleres y ministros de Defensa o Seguridad Pública que viaje "lo más pronto posible" a Bolivia, con el fin de brindar apoyo al presidente boliviano y contribuir a resolver la crisis institucional.

"El gobierno democrático de Bolivia enfrenta hoy una campaña deliberada de desestabilización", sostuvo el mandatario panameño, quien condenó "cualquier intento de subvertir el orden constitucional por medios violentos e ilegítimos". "Yo respaldo al presidente Paz al convocar (el pasado sábado) un estado de excepción", remarcó.

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