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Castillo invoca la unidad de las Fuerzas Armadas de Perú tras renovar la cúpula militar

El mandatario exhortó a inspirarse en el "glorioso y milenario pasado" del país para avanzar hacia la "paz"

El presidente de Perú, Pedro Castillo, el pasado 30 de julio, durante un desfile militar por las Fiestas Patrias, en el Cuartel General del Ejército, en Lima (Perú). (EFE/Paolo Aguilar/Archivo)

06 de agosto 2021 - 10:25

Lima/(EFE).- El presidente de Perú, Pedro Castillo, fue reconocido este jueves por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional como su jefe supremo, en una ceremonia celebrada un día después de que el mandatario renovase la cúpula militar.

En su discurso ofrecido durante la ceremonia celebrada en el patio del Palacio de Gobierno de Lima, Castillo invocó a la unidad de las fuerzas armadas y policiales, acompañado de los ministros de Defensa, Walter Ayala, y de Interior, Juan Manuel Carrasco.

El mandatario exhortó a militares y a policías a inspirarse en el "glorioso y milenario pasado" del país para avanzar hacia la "paz y unidad y superar las diferencias estructurales" persistentes desde la independencia del país, cuyo bicentenario se celebra este año.

"Los invoco también a que escuchemos las voces de los peruanos y peruanas más necesitados, que día a día luchan por sobrevivir en condiciones sociales y económicas difíciles para salir de la grave crisis sanitaria que afecta a los más vulnerables", insistió Castillo.

"Los animo a mantener viva la mística que ha caracterizado a hombres y mujeres que han forjado la historia de nuestra patria y trabajar junto a todo el pueblo peruano para lograr un Perú más inclusivo y tolerante que, a partir de nuestras diversas visiones, sepa construir un futuro más digno, solidario y humano", concluyó.

En la ceremonia Castillo recibió la vara de mando supremo de manos del nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre. También estuvieron en el acto los nuevos comandantes y generales del Ejército, José Vizcarra; de la Armada, Alberto Alcalá, y de la Fuerza Aérea, Jorge Luis Chaparro.

Castillo solo estaba obligado a nombrar a un nuevo jefe del Comando Conjunto tras la salida del general César Astudillo, que pidió ser retirado antes de que el izquierdista asumiera la Presidencia

Todos ellos fueron nombrados en la víspera por Castillo, que solo estaba obligado a nombrar a un nuevo jefe del Comando Conjunto tras la salida del general César Astudillo, que pidió ser retirado antes de que el izquierdista asumiera la Presidencia y designase al abogado Walter Ayala como ministro de Defensa.

Para ello escogió a Gómez de la Torre, hasta ahora comandante general del Ejército, quien fue reemplazado por Vizcarra, su inmediato sucesor.

Más profundos fueron los cambios en la Armada peruana, donde Castillo nombró al vicealmirante Alcalá, quien era el cuarto en la línea de sucesión dentro de este instituto castrense.

Esta circunstancia se dio después de que varios miembros en retiro de la Armada liderasen un movimiento de militares retirados para pedir a las Fuerzas Armadas que no reconociesen a Castillo como presidente, lo que en la práctica hubiese sido un golpe de Estado.

Esto en medio de la tensión vivida después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde los sectores más conservadores se movilizaron contra los resultados electorales y en favor de las denuncias de fraude que la derechista Keiko Fujimori, perdedora de los comicios, clamaba sin pruebas fehacientes.

Entre los integrantes de esta campaña estaban los almirantes Jorge Montoya y José Cueto, actuales congresistas del partido ultraderechista Renovación Popular.

Asimismo, en ese periodo de gran confrontación, trascendió que, desde la prisión de máxima seguridad a cargo de la Armada, Vladimiro Montesinos, el súper asesor del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), llamaba con libertad al exterior para coordinar una presunta compra de magistrados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La intención de Montesinos, que cumple una condena de 25 años de cárcel por corrupción, era sobornar a la máxima autoridad electoral de Perú para que admitiese las denuncias de fraude presentadas por Keiko Fujimori fuera del plazo legal para hacerlo.

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