El Supremo condena a Bolsonaro a 27 años de cárcel por el intento de golpe contra Lula

Brasilia/La Primera Sala del Tribunal Supremo de Brasil condenó este jueves al ex presidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de cárcel por liderar un complot golpista para "perpetuarse en el poder", tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva. Es un fallo inédito, pues se trata de la primera vez que un ex presidente brasileño es condenado por intento de golpe de Estado.

Cuatro de los cinco jueces de la sala hallaron culpable al líder y a siete de sus aliados, entre ellos ex ministros de su Gobierno (2019-2022) y antiguos mandos militares, de hasta cinco delitos contra el orden democrático. "El objetivo central de la organización criminal era asegurar la permanencia en el poder de Jair Messias Bolsonaro", afirmó Cristiano Zanin, presidente de la Primera Sala. Bolsonaro, de 70 años, se llevó el castigo más alto.

Solo uno de los magistrados votó por la absolución del ex mandatario en este juicio, marcado por las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para archivar el proceso mediante sanciones a los jueces del Supremo brasileño y aranceles del 50% a los productos del país.

Tras conocerse la sentencia, Trump se declaró "sorprendido" y su secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que su país responderá al fallo. "Continúa la persecución política liderada por (el juez) Alexandre de Moraes, sancionado por violar los derechos humanos, luego de que él y otros miembros de la Corte Suprema de Brasil decidieron injustamente encarcelar al ex presidente Jair Bolsonaro", afirmó.

El Gobierno de Lula respondió de inmediato. "Amenazas como la realizada hoy por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en una declaración que ataca la autoridad brasileña e ignora los hechos y las pruebas contundentes que constan en el expediente, no intimidarán a nuestra democracia", afirmó en una nota el Ministerio de Exteriores de Brasil.

"Las instituciones democráticas brasileñas dieron su respuesta al golpismo", aseveró el comunicado, que recalcó que Brasil defenderá su soberanía "de ataques y tentativas de injerencia, vengan de donde vengan"

"Las instituciones democráticas brasileñas dieron su respuesta al golpismo", aseveró el comunicado, que recalcó que Brasil defenderá su soberanía "de ataques y tentativas de injerencia, vengan de donde vengan".

Seis de los ocho condenados junto a Bolsonaro son de las Fuerzas Armadas. El ex presidente, capitán retirado del Ejército y bajo arresto domiciliario desde agosto pasado, recibió 27 años y 3 meses de prisión en régimen cerrado. Otro es el ex comandante de la Marina Almir Garnier. También hay tres generales de la reserva en la lista: Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira y Walter Braga Netto. Los cuatro fueron condenados a penas de entre 19 y 26 años de cárcel.

La sentencia aún no es firme; aún cabe recurso. La mayoría de la corte asumió las tesis de la Fiscalía y responsabilizó a Bolsonaro de valerse de las estructuras del Estado para poner en marcha un plan que buscó desmantelar los poderes constitucionales, deponer por la fuerza al Gobierno de Lula e imponer una "verdadera dictadura".

El juez relator, Alexandre de Moraes, enumeró trece actos de la trama, que se gestó a mediados de 2021, poco después de que Lula recuperara sus derechos políticos, tras ver anuladas sus condenas por corrupción, y empezara a despuntar en las encuestas con vistas a los comicios de 2022.

"Bolsonaro instrumentalizó el aparato estatal y movilizó agentes y recursos públicos para promover falsas narrativas que generaran inestabilidad social a fin de perpetuarse en el poder", declaró este jueves el magistrado.

El complot "ampliamente probado" empezó con una feroz campaña de desinformación contra las instituciones y las elecciones, ganó forma con graves amenazas a las autoridades y, finalmente, intentó materializar "un proyecto autoritario de poder" a través de actos violentos que se prolongaron hasta el 8 de enero de 2023.

Ese día tuvo lugar la última tentativa: miles de bolsonaristas invadieron y vandalizaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo, en Brasilia, para incitar una intervención militar.

"El 8 de enero de 2023 no fue un acontecimiento banal después de un almuerzo de domingo en el que las personas se fueron a pasear", apuntó con ironía Cármen Lúcia Antunes, quien acompañó el voto del relator junto con Cristiano Zanin y Flávio Dino.

"El 8 de enero de 2023 no fue un acontecimiento banal después de un almuerzo de domingo en el que las personas se fueron a pasear"

A través de audios, documentos, mensajes y la confesión del ex edecán de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid, el tribunal constató que Bolsonaro editó decretos para establecer un estado de excepción e incluso avaló un plan macabro para asesinar a Lula, a su vicepresidente Geraldo Alckmin y al propio De Moraes.

Solo fracasó por la negativa de los comandantes del Ejército y la Aeronáutica.

El único voto divergente tuvo la firma de Luiz Fux. El magistrado minimizó las pruebas de la Fiscalía y aseguró que no hay evidencias que demuestren que Bolsonaro actuó para imponer una dictadura; apenas se barajó esa posibilidad, algo que no consideró punible.

Bolsonaro, quien siempre ha negado que quisiera dar un golpe, escuchó la sentencia en su casa, en Brasilia, por motivos de salud. Sus esperanzas radican ahora en una amnistía que promueve su partido en el Parlamento y en nuevas sanciones del Gobierno de Trump, hasta ahora inútiles.

Sus problemas judiciales no empiezan ni terminan con esta condena. En 2023, fue inhabilitado por ocho años y aún es investigado por supuestamente intentar obstruir el juicio por golpismo, por diseminar noticias falsas y por apropiarse de unas joyas que serían del acervo estatal.

Mientras, en las calles, hubo tibios festejos de la izquierda y unas pocas protestas, con escasa afluencia, del bolsonarismo.

Con esta sentencia, Bolsonaro pasa a ser uno de los muchos presidentes o ex presidentes condenados o con causas penales. En su propio país están Fernando Collor de Mello (1990-1992), que cumple ocho años de cárcel por un caso de corrupción desde 2023, y el propio Lula, condenado en varias instancias por al menos tres casos de corrupción, con penas de hasta doce años de cárcel, pero con todas las sentencias fueron anuladas. Aún tiene varios procesos judiciales en curso.

En Colombia, Álvaro Uribe, de 73 años, se convirtió el pasado 28 de julio en el primer ex presidente colombiano condenado penalmente por fraude procesal y soborno en actuación penal, al haber pagado a ex paramilitares vara desvincularse de ellos. Una jueza le impuso 12 años de prisión domiciliaria y ordenó su detención inmediata, pero un tribunal aceptó un recurso de su defensa y libertad provisional.

En Colombia, Álvaro Uribe, de 73 años, se convirtió el pasado 28 de julio en el primer ex presidente colombiano condenado penalmente por fraude procesal y soborno

En Perú, los casos son muchos. Empezando por Alberto Fujimori (1990–2000), sentenciado a 25 años de prisión por homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado, por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, y secuestros tras el autogolpe de 1992.

Alejandro Toledo (2001–2006), condenado a 20 años y 6 meses por colusión y lavado de activos, tras los sobornos de Odebrecht; Ollanta Humala (2011–2016), a 15 años de prisión por lavado de activos por la recepción de dinero ilegal de Odebrecht y del Gobierno de Venezuela para sus campañas; Pedro Pablo Kuczynski (2016–2018), en arresto domiciliario desde 2019 por presunto lavado de activos, por los pagos que hizo Odebrecht a su empresa Westfield Capital mientras era ministro; Martín Vizcarra (2018–2020), actualmente en un juicio por cohecho pasivo propio; y Pedro Castillo (2021–2022), también con causa en curso, por rebelión, abuso de autoridad y alteración del orden público por intentar disolver el Congreso e instaurar un gobierno de excepción.

En Panmá, Ricardo Martinelli (2009–2014) fue detenido en EE UU y extraditado a su país, donde, tras varios juicio, fue condenado a 10 años y 6 meses por el caso "escuchas". Desde mayo está asilado en Colombia.

Argentina destaca por las condenas de Carlos Menem (1989-1999), procesado al menos tres veces por distintos casos, aunque siempre evitó la cárcel. Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011, 2011-2015) está en prisión domiciliaria desde este junio por un caso de irregularidades en la concesión de obras viales.

En Ecuador, Jamil Mahuad (1998–2000) está exiliado en EE UU, aunque desde 2020 tene una pena de ocho años por peculado. Por su parte, Rafael Correa (2007- 2017) vive como refugiado en Bélgica, aunque está condenado a ocho años de cárcel y 25 años de inhabilitación política por cohecho.

Antonio Saca (2004–2009) fue el primer ex presidente salvadoreño en ser condenado por corrupción a 10 años de prisión en septiembre de 2018 por desviar y lavar más de 300 millones de dólares del presupuesto estatal durante su gestión. Además, Mauricio Funes (2009-2014) recibió en mayo de 2024 14 años de prisión por los delitos cometidos en el marco de una tregua entre las pandillas durante su Gobierno. Fue juzgado en ausencia por estar asilado en Nicaragua, donde ha fallecido.

La boliviana Jeanine Áñez (2019-2020) fue condenada en 2022 a 10 años de prisión por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución en el llamado caso ‘Golpe de Estado II’. Actualmente enfrenta otros procesos por la vía ordinaria.

En Honduras, Juan Orlando Hernández (2014-2022) fue extraditado a EE UU en abril de 2022 y acusado de haber recibido dinero del narcotraficante mexicano ‘El Chapo’ Guzmán para financiar fraudes electorales. En marzo de 2024 fue condenado a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada.

Cierran la lista los guatemaltecos Alfonso Portillo (2000-2004), que pasó 70 meses en prisión por lavar 2,5 millones de dólares en sobornos del Gobierno de Taiwán; y Otto Pérez Molina (2012-2015), culpable de lavado de dinero, cohecho pasivo y fraude en una trama de corrupción durante su Gobierno por lo que fue condenado a ocho años de prisión.