EE UU busca a dos cubanos por un fraude de más de dos millones de dólares

La Habana/El Departamento de Justicia de EE UU acusa a los cubanos Adrián Rafael Pupo Pérez y Helen Yaima Leyva Santiesteban, quienes se encuentran prófugos, de cometer un fraude de 2.400.000 dólares. Según el gran jurado federal en Cedar Rapids, Iowa, sobre los acusados “existen 47 cargos de fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración”.

Las pesquisas señalan que Pupo Pérez y Leyva Santiesteban “presentaron 470 solicitudes fraudulentas de préstamos del Programa de Protección de Nóminas (PPP) a nombre de más de 100 personas en todo Estados Unidos”. También pidieron apoyos para la condonación de deudas por daños económicos (Eidl) alegando falsamente ser trabajadores por cuenta propia.

El fiscal general interino Todd Blanche detalló el lunes pasado en rueda de prensa que los cubanos “alegaron falsamente que trabajaban por cuenta propia y que cada uno había obtenido aproximadamente 100.000 dólares en ingresos brutos durante 2019, es decir, antes de la pandemia, cuando en realidad no eran trabajadores independientes”. La realidad es que trabajaban en una empacadora de carne. 

Blanche confirmó que la pareja “ha huido del país”. Sin embargo, aseguró que están trabajando arduamente para “traerlos de vuelta”. Las autoridades indicaron que los cubanos pretendían obtener 4.500.000 de dólares a través de este modus operandi. Pupo Pérez y Leyva Santiesteban “presentaron declaraciones falsas de nóminas e ingresos, robaron identidades y ocultaron vínculos con el extranjero en sus solicitudes”.

El fiscal general interino recordó que el objetivo de los programas de ayuda era “mantener a flote a las pequeñas empresas estadounidenses" durante la pandemia

El fiscal general interino recordó que el objetivo de los programas de ayuda era “mantener a flote a las pequeñas empresas estadounidenses durante los confinamientos impuestos por el Gobierno, no enriquecer a los estafadores”.

El PPP fue una iniciativa gubernamental de préstamos a bajo interés implementada por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) para ayudar a las firmas a retener a sus trabajadores durante la pandemia por el covid-19. Entre los beneficiarios también se incluían los propietarios únicos, los contratistas independientes y los trabajadores por cuenta propia.

Los acusados, imputados durante el repunte de casos del verano, “inventaron empresas, presentaron declaraciones falsas de nóminas e ingresos, robaron identidades y ocultaron vínculos con el extranjero en sus solicitudes; pero ahora serán procesados con todo el peso de la ley”.

Este caso es parte de la Operación No Doze, la ofensiva legal impulsada por el Gobierno de Donald Trump para combatir el fraude masivo en los programas de préstamos de ayuda por el covid-19. Hasta el momento se han presentado cargos por delitos graves contra casi 80 responsables de “pérdidas intencionadas por un valor aproximado de 100 millones de dólares”.