EE UU ha deportado a más de 25.000 personas a terceros países mediante acuerdos secretos

Madrid/Entre el 20 de enero de 2025 y el 31 de agosto de 2026, al menos 25.447 ciudadanos han sido deportados desde Estados Unidos a países con los que no tienen ningún vínculo. El consorcio Forbidden Stories ha presentado un mapa interactivo de estos traslados, silenciados en su mayor parte por el Gobierno estadounidense, y revela que unos 35 países han suscrito acuerdos para los que la Administración de Donald Trump tiene previsto un presupuesto total de 410 millones de dólares.

La mayor parte de esos migrantes –20.000– ha ido a parar a México, a través de cuatro pasos fronterizos: el que comunica San Ysidro (California) con Tijuana (Baja California), Nogales (Arizona) con Sonora, El Paso (Texas) con Ciudad Juárez (Chihuahua) y Port Isabel (Texas) con Matamoros (Tamaulipas). El resto ha sido dispersado por otros 27 países de América Latina, África y el Pacífico. Otros siete países están a punto de hacerlo mediante el mismo mecanismo.

Forbidden Stories, que asegura que EE UU contactó a 49 de los 54 países africanos para que aceptaran deportados de otros países, dice que los acuerdos firmados difieren entre sí en algunos detalles, por ejemplo en las nacionalidades que pueden ser expulsadas o en si se aceptan personas con antecedentes penales.

El organismo lo dirige Christian Jove Ehrhardt, un joven diplomático de 41 años que, señala el informe, trabajó como agente de seguridad

Las negociaciones y los pagos, indica la investigación, los lleva la Oficina de Remigración (Office of Remigration) perteneciente al Departamento de Estado y apenas creada en mayo de 2025. El organismo lo dirige Christian Jove Ehrhardt, un joven diplomático de 41 años que, señala el informe, trabajó como agente de seguridad.

La plataforma da detalles de algunos de los convenios. Con Palaos, por ejemplo, un minúsculo Estado insular en el Pacífico occidental, se firmó en diciembre de 2025 un acuerdo para aceptar hasta 75 nacionales de terceros países a cambio de 7,5 millones de dólares, aunque por el momento solo se ha enviado a tres.

A Esuatini han llegado 32 deportados –entre ellos el cubano Roberto Mosquera del Peral, tras cumplir una condena por homicidio en Miami– desde julio de 2025. Un acuerdo por valor de más de cinco millones de dólares –el país africano sí acepta migrantes con condenas– prevé un máximo de 160 personas.

De los 410 millones de dólares en total, resume la plataforma a partir de documentos internos del Departamento de Estado, 81 millones se reservaron para los Gobiernos firmantes. El resto está destinado a organizaciones humanitarias, refiere la investigación, entre ellas dos dependientes de la ONU: 178 millones de dólares para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y 123 millones para la Agencia para los Refugiados (Acnur).

Acnur aseguró que “no participa en los acuerdos bilaterales y que la financiación estadounidense se utiliza de acuerdo con su mandato de reforzar los sistemas de asilo”

Preguntada al respecto, sin embargo, Acnur aseguró a Forbidden Stories que “no participa en los acuerdos bilaterales y que la financiación estadounidense se utiliza de acuerdo con su mandato de reforzar los sistemas de asilo”. Por su parte, un portavoz de la OIM declaró que los criterios para aceptar financiación se basan en “una única cuestión”: “si nuestra participación mejorará la vida de los migrantes afectados. En estos casos, creemos firmemente que así es”.

La plataforma ha recopilado datos de organizaciones como Human Rights First y Refugees International, que el año pasado crearon un observatorio de vuelos de deportados a terceros países (Third Country Deportation Watch), así como del Centro de Derechos Humanos (HRC) de la Universidad de California en Berkeley y de reportajes publicados por medios de todo el mundo, como la agencia France Presse. En total, en el proyecto han participado un total de 24 organizaciones y 72 periodistas, que han realizado el trabajo durante seis meses. “Los datos de este mapa no provienen de la Administración de Trump”, aseveran.

“Gracias a un esfuerzo verdaderamente coordinado de la sociedad civil –incluyéndonos a nosotros, pero también a los abogados–, hemos logrado visibilizar la situación y dificultar que esto ocurra en secreto”, declara a Forbidden Stories Savi Arvey, de Human Rights First. La activista explica que su organización creó una red de “colaboradores sobre el terreno en los países receptores para recopilar información sobre cada vuelo que transportaba a ciudadanos de terceros países”.

No incluyen en su recuento, aclaran, deportados a su país de origen que hayan pasado por un tercer país antes. El consorcio afirma que “contrastó los datos con información disponible de otras fuentes siempre que fue posible”.

El pasado viernes, un tribunal federal paralizó las deportaciones exprés a terceros países

Como parte de su metodología, explican que han incluido las fechas de los vuelos siempre que ha sido posible. “En el caso de algunos países que reciben un gran volumen de vuelos de deportación, como Ecuador, Guatemala u Honduras, a veces resulta difícil identificar cuáles de ellos pudieron haber transportado a nacionales de terceros países”, aclaran. Por eso en esos casos el número de vuelos se indica como “desconocido”.

La deportación a terceros países, usada en raras ocasiones por Gobiernos anteriores, ha sido una de las herramientas utilizadas por la Administración de Donald Trump como parte del endurecimiento de las medidas migratorias. Precisamente el pasado viernes, recibió un revés judicial, cuando un tribunal federal paralizó las deportaciones exprés. 

Este tipo de traslados, sentenció la Corte de Apelaciones del Primer Circuito con sede en Boston, deben ir acompañados de todas las garantías al debido proceso, entre ellas, la información de a qué país están siendo enviados y la oportunidad de buscar protección basada en el temor a la tortura o a la persecución.

“El derecho de una persona a impugnar la expulsión a un país en función del temor a la persecución en ese país significa poco si no recibe un aviso previo del destino de expulsión previsto y una oportunidad significativa para impugnar ese destino”, decretó uno de los jueces del tribunal, Seth Aframe.