El Gobierno de Trump obedece la orden de un juez y facilita el regreso a un guatemalteco deportado por error

Nueva York / Washington/Un guatemalteco deportado por error a México regresó a Estados Unidos este miércoles en cumplimiento de una orden de un tribunal federal que exigió a la Administración de Donald Trump gestionar el retorno del inmigrante. Es la primera vez que el Gobierno republicano acepta en traer al país a un extranjero expulsado.

Al hombre, que en la causa legal ha sido identificado por las iniciales O.C.G., se le permitió su ingreso a Estados Unidos, según confirmó a la CNN Trina Realmuto, directora ejecutiva de la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración, que defiende al perjudicado. El equipo legal de la Alianza cree que el migrante quedará bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mientras pelea su caso frente a una corte, detalló la CNN.

El regreso del inmigrante constituye la primera vez que el Gobierno Trump facilita la vuelta de un extranjero expulsado sin el debido proceso. La semana pasada el Ejecutivo estadounidense había dicho que cumpliría con la orden judicial emitida por el juez Brian Murphy del Tribunal de Distrito de Massachusetts que exigía el regreso del guatemalteco, tras considerar que se cometió un error al expulsarlo.

Un tribunal de inmigración había emitido una orden que protegía al guatemalteco de ser enviado a su país. Sin embargo, las autoridades migratorias estadounidenses lo deportaron en autobús a México

Y es que, un tribunal de inmigración había emitido una orden que protegía al guatemalteco de ser enviado a su país. Sin embargo, las autoridades migratorias estadounidenses lo deportaron en autobús a México, desde donde fue enviado a su país de origen, y donde se mantenía escondido.

Los abogados de O.C.G. han asegurado que, por ser homosexual, su vida corría peligro en Guatemala o en México, donde dijo haber sido violado. En su momento, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, justificó el envío de O.C.G. a México, que según ella era "una tercera opción segura para él, en espera de su solicitud de asilo".

Esta no es la primera vez que un juez federal ordena a la Administración de Trump traer de vuelta a un migrante deportado. Varias cortes han ordenado a la Casa Blanca regresar a expulsados a los que no se les dio oportunidad de pelear sus casos en corte, como el salvadoreño Kilmar Ábrego García.

El salvadoreño fue deportado en marzo a su país pese a que también contaba con una orden previa que bloqueaba su expulsión, y aunque el Gobierno consideró que su expulsión fue un "error administrativo", argumentó que no podía ayudar en su retorno porque ya se encontraba bajo custodia de otro país. 

Este miércoles, la Justicia pidió otra rectificación al Gobierno de Trump, al ordenar, un juez federal, que se ofrezca a más de un centenar de inmigrantes venezolanos expulsados a la megacárcel de El Salvador la posibilidad de apelar sus acusaciones en un plazo de una semana.

El juez James Boasberg publicó un fallo de casi 70 páginas que compara la situación de los inmigrantes, que estaban detenidos en un centro de Texas el 15 de marzo cuando el Gobierno inició su expulsión a la cárcel Cecot de El Salvador, a la novela El juicio de Franz Kafka.

El juez James Boasberg publicó un fallo de casi 70 páginas que compara la situación de los inmigrante con la novela 'El juicio' de Franz Kafka

La decisión parte de una demanda en nombre de un grupo de estos inmigrantes que estaban indocumentados en EE.UU., y que argumentan que se ha violado su derecho al debido proceso legal al expulsarlos usando una controvertida ley centenaria.

El 14 de marzo, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada en tiempos de guerra, para expulsar por la vía rápida a cientos de venezolanos a los que acusaba de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua.

Boasberg bloqueó el uso de esa ley cuando dos aviones iban rumbo a Centroamérica con los migrantes y ordenó su regreso, pero estos aterrizaron en El Salvador, desatando una batalla legal en la que el Supremo ha decidido también vetar ese tipo de deportaciones.

El juez dice que quizás el Gobierno tenga razón en que los denunciantes son pandilleros, pero no se puede saber "porque nunca tuvieron la oportunidad de rebatir" la acusación de que son criminales, y alude a "pruebas" de que muchos no lo son.

"El juez adecuadamente reconoció que el Gobierno no puede enviar gente a un notorio gulag extranjero sin el debido proceso y luego lavarse las manos en la situación"

"Ahora, pruebas importantes han salido a la luz indicando que muchos de los sepultados en la Cecot no tienen conexión con la pandilla y por tanto languidecen en una prisión extranjera por acusaciones frágiles e incluso frívolas", escribió Boasberg.

Boasberg dio "una semana para entregar un aviso al tribunal explicando cómo pretenden facilitar la capacidad" de los encarcelados en la CECOT "para pedir un recurso de habeas corpus", el derecho a comparecer ante un juez para que decida si un arresto fue legal o no.

La Unión de Libertades Civiles (ACLU), una de las organizaciones que defienden a los inmigrantes en el caso, consideró que el juez opina que "la expulsión de unos 130 hombres venezolanos" bajo la Ley de Enemigos Extranjeros el 15 de marzo "fue ilegal".

El abogado Lee Gelernt, de ACLU, que lidera la defensa, aplaudió que "el juez adecuadamente reconoció que el Gobierno no puede enviar gente a un notorio gulag extranjero sin el debido proceso y luego lavarse las manos en la situación".