Un tribunal de Atlanta niega a una familia con I-220A acogerse a la Ley de Ajuste
Migración
Yoan Aguiar Fernández, su esposa, Yenisley González, y la hija de ambos, Essined Yoana, entraron por la frontera de Arizona en junio de 2021
Madrid/Los cubanos que llegaron a Estados Unidos y recibieron un formulario I-220A, que llevan años en un limbo migratorio, acaban de recibir un nuevo jarro de agua fría. El Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito de Atlanta (Georgia) ha rechazado la solicitud de residencia permanente de una familia cubana al considerar que ese documento no constituye un parole válido para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.
La decisión, emitida el 17 de noviembre, afecta a Yoan Aguiar Fernández; su esposa, Yenisley González Sanabria, y la hija de ambos, Essined Yoana Aguiar González. La familia entró por la frontera de Arizona en junio de 2021 y fue liberada por las autoridades migratorias mediante la orden de libertad bajo palabra conocida como I-220A, que no requiere el pago de fianza y que es emitida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE).
Por considerar que habían ingresado al país de manera irregular, el Gobierno inició procesos de deportación en contra de los tres. Entonces, solicitaron asilo, argumentando que habían sufrido persecución política en Cuba y temían regresar a la Isla. De igual manera, pidieron la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste y solicitaron un parole humanitario.
El Tribunal de Apelaciones confirmó ahora esa decisión, al establecer que la liberación mediante un I-220A no equivale a haber recibido un 'parole' humanitario
Las autoridades migratorias rechazaron sus solicitudes. El Tribunal de Apelaciones confirmó ahora esa decisión, al es que la liberación mediante un I-220A no equivale a haber recibido un parole humanitario.
El panel de tres jueces, integrado por Elizabeth Branch, Andrew Brasher y Karen Nelson Moore Hull, consideró que ambos mecanismos tienen naturaleza jurídica diferente. Según el fallo, para cumplir el requisito de la Ley de Ajuste de haber sido admitido o puesto en parole en Estados Unidos, no basta con haber recibido una orden de libertad condicional después de una detención migratoria.
El documento I-220A establece que la persona ha sido arrestada y se encuentra sometida a un procedimiento de deportación. Entre sus obligaciones figuran comparecer ante las autoridades migratorias, mantener el contacto con el ICE y cumplir las condiciones de supervisión impuestas.
El tribunal también rechazó las solicitudes de asilo y de protección contra la deportación presentadas por Aguiar Fernández. El cubano había alegado que sufrió persecución política después de intentar abandonar una misión oficial en Venezuela, donde trabajó entre 2010 y 2013.
En su evaluación, los jueces consideraron que los hechos expuestos no demostraban una persecución política por parte del Estado cubano ni un riesgo suficiente en caso de regreso a la Isla. La petición de la familia fue desestimada en su totalidad.
El mismo tribunal de Atlanta, precisamente, emitió el pasado febrero un pronunciamiento sobre otro caso que había generado expectativas
El mismo tribunal de Atlanta, precisamente, emitió el pasado febrero un pronunciamiento sobre otro caso que había generado expectativas entre los cubanos con I-220A. Se trató de la revisión de los expedientes de dos mujeres cubanas a quienes se había negado la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste.
Su abogado cuestionaba la interpretación de una instancia inferior, la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), que en 2023 había establecido que el formulario I-220A no podía considerarse un parole. El tribunal anuló entonces las órdenes de la BIA y devolvió ambos expedientes para que fueran examinados nuevamente.
Aunque no concedió la residencia a las dos mujeres ni declaró que todos los titulares de un I-220A tuvieran derecho al Ajuste Cubano, la resolución abrió en ese momento la esperanza de que repercutiera en los casos de otros inmigrantes en una situación similar.
Los más de 300.000 nacionales de la Isla con el documento están hoy más desanimados que ayer. “Yo he perdido las esperanzas con este tema”, confiesa a este diario Pedro, quien salió de Cuba por Nicaragua en 2022, luego de ser citado por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021. El hombre, de 40 años, afirma que solo le resta defender su asilo en la Corte “y de ahí a ver qué pasa”. Y mientras tanto, dice apesadumbrado, “a seguir viviendo mientras le rezo a las once mil vírgenes que ICE no me detenga”.