Un tribunal de Miami rechaza la petición de asilo de un activista cubano con I-220B

La Habana/Un tribunal de inmigración de Miami desestimó el miércoles el caso de asilo político de Joel Pérez Sa, un activista cubano con I-220B –en espera de deportación– que forma parte del movimiento anticomunista I-220A en EE UU. Según dijeron el opositor, de 44 años, y su abogada a la prensa local, la validez y antigüedad de las pruebas presentadas a la corte para probar el acoso del régimen cubano fueron insuficientes.

“Se basó en que yo como opositor no tengo ni un 10% para poder ganar un asilo. Lo que hago diariamente, para ella, no bastó”, contó a Telemundo Pérez Sa tras salir de la audiencia, que duró unas dos horas y media. 

El activista, cuenta a 14ymedio otro cubano que entró con I-220A –estatus de libertad condicional, a la espera del proceso migratorio–, ha estado “en cada manifestación posible, y fue el chofer en Washington cuando fuimos a la Casa Blanca y la Embajada cubana a protestar”, recuerda.

Con frecuencia los fiscales de los casos de asilo dudan de las pruebas de persecución dentro de la Isla

Entrevistada por Telemundo, la abogada de Pérez Sa, Rosaly Chaviano, explicó que con frecuencia los fiscales de los casos de asilo dudan de las pruebas de persecución dentro de la Isla, y un ejemplo son las citaciones que la policía política hace a los disidentes. “Tenemos más pruebas de lo usual y creo que ese es un punto donde los fiscales no están convencidos, porque sospechan que es algo de fraude. Además, están cuestionando documentos viejos, de muchos años atrás, y para ellos no es posible que exista ese tipo de evidencia”, argumentó.

No obstante, Chaviano resaltó que su defendido tiene derecho a apelar la decisión de la jueza y que en la próxima audiencia planea hacer énfasis en la evidencia circunstancial, como testimonios, fotografías y documentación que han probado ser efectivos en casos precedentes. “Y digamos que la junta de apelaciones diga que no, también se puede apelar esa decisión”, añadió.

Por su parte, Pérez Sa criticó la forma en la que se desenvolvió la audiencia: “Uno tiene que expresar lo que verdaderamente vivió para que puedan entender lo que se sufre en Cuba: las violaciones de los derechos humanos. No pude hablar sobre eso y lo que sucede con los presos políticos”.

“Son muchos los I-220A que se merecen un asilo político. Sus vidas valen, sus historias necesitan ser escuchadas”

Varios opositores y activistas se han solidarizado con Pérez Sa a raíz de su resultado en la corte. Angélica Garrido, quien cumplió su condena de tres años por manifestarse el 11 de julio de 2021 y ahora reside en EE UU, criticó en Facebook la decisión de la corte. “Son muchos los I-220A que se merecen un asilo político. Sus vidas valen, sus historias necesitan ser escuchadas”, expuso.

En redes sociales también se inició una campaña para recaudar 1.000 dólares para pagar la apelación de Pérez Sa y, según las redes del movimiento Clamor de Cuba, el monto se alcanzó la mañana de este jueves. “Es indignante que los activistas y los que estamos de verdad en la causa por Cuba tengan que pasar por esto, y que con todas las pruebas y todo el activismo, esta señora diga que nada más es un 10%”, dijo Catalina Vázquez, representante del movimiento.

Pérez Sa entró a Estados Unidos en 2021 por la frontera sur y las autoridades le entregaron la forma I-220B de libertad condicional –se entregaban esta y la I-220A, más beneficiosa, indiscriminadamente a los migrantes–. El pasado abril, Washington deportó a la Isla a Heydi Sánchez Tejeda, que llevaba cinco años en EE UU también con I-220B, alejándola de su esposo y su hija de un año.

Martínez está en riesgo de ser deportado a un tercer país

Telemundo también informó sobre el caso de Jesús Martínez, un cubano que, pese a vivir desde 1997 en EE UU, fue detenido el pasado 9 de julio por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una citación y trasladado a Alligator Alcatraz. Según el medio, Martínez está en riesgo de ser deportado a un tercer país, puesto que ya no tiene vínculos con la Isla. 

“En condiciones como perros, los baños se desbordan, se llena el piso de excremento, nos sacan a comer cuando les da la gana, nos sacan a comer lo mismo a las nueve que a las doce de la noche, nos tratan como perros”, declaró desde el flamante centro de detención de migrantes en Florida.

“Yo tuve un problema en 2002, de conspiración, firmé deportación en 2007 y desde la fecha, hace 18 años, yo he cumplido con todos los reglamentos”, aseguró Martínez, que pasó cinco años en una prisión federal por delitos relacionados con drogas.

"El Gobierno restringe a los migrantes el acceso a un abogado"

Un grupo de defensores de los derechos de los inmigrantes demandaron esta semana a la Administración de Donald Trump por la falta de acceso a asesoría legal de los detenidos en el centro Alligator Alcatraz, en Florida. En el comunicado que desglosa la denuncia, los demandantes –entre ellos migrantes detenidos y bufetes que representan a sus clientes– alegan que el Gobierno restringe a los migrantes el acceso a un abogado y se quejan de la imposibilidad de presentar documentos legales para la puesta en libertad de sus clientes.

Asimismo, añaden que el Gobierno también ha prohibido las visitas de abogados a sus clientes, así como dar cualquier información confidencial por teléfono o video y el intercambio de documentos escritos entre los equipos legales y los detenidos. “Estas restricciones violan los derechos de las personas detenidas y de las organizaciones de servicios jurídicos y bufetes de abogados con clientes recluidos en el centro”, señalan. 

"Tenemos argumentos legales muy fuertes y somos optimistas"

Las políticas de Trump han generado temor entre la enorme comunidad de migrantes e indocumentados que residen en EE UU, aunque muchos no renuncian a lograr un estatus legal por los canales reglamentarios. El miércoles, los abogados que representan a inmigrantes venezolanos y haitianos afectados por la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) se mostraron optimistas en la defensa de este beneficio migratorio y confiaron en lograr demostrar ante los tribunales que la decisión del Gobierno de Donald Trump fue "arbitraria e ilegal".

“Nosotros sabemos que tenemos argumentos legales muy fuertes y somos optimistas… nosotros vamos a continuar la pelea en la corte”, dijo Jessica Bansal, abogada litigante de la Alianza Nacional de TPS.