La policía amenaza con prisión a un tuitero por sus reclamaciones a Etecsa

Yankiel Gutiérrez, de 20 años, ha sido multado con 3.000 pesos por participar en la campaña que pide la bajada de precios de internet

Yankiel Gutiérrez tuvo que pagar 3.000 pesos de multa por su participación en la campaña por la bajada de las tarifas de Etecsa.
Yankiel Gutiérrez tuvo que pagar 3.000 pesos de multa por su participación en la campaña por la bajada de las tarifas de Etecsa.
Luz Escobar

11 de junio 2020 - 17:30

La Habana/La participación en la campaña en Twitter que reivindica la bajada de los precios de internet ya le ha costado a Yankiel Gutiérrez, de apenas 20 años, 3.000 pesos y muchos disgustos. Después de tres citaciones y dos cartas de advertencia recibidas por el joven en lo que va de año, el pasado miércoles fue arrestado por la Seguridad del Estado que lo mantuvo un día detenido.

Gutiérrez solo pudo volver a casa tras pagar la multa y ser amenazado con medidas mayores si persiste en sus reclamaciones a la estatal de telefonía Etecsa.

Yankiel vive en Rosalía, una pequeña localidad del municipio de Camajuaní, en el consejo popular de Taguayabón, de la provincia de Villa Clara. Desde allí ha participado de manera muy activa en las campañas que se llevan a cabo en Twitter para que el monopolio de telecomunicaciones de Cuba rebaje sus elevadas tarifas.

A los dos días del más reciente tuitazo, convocado el último fin de semana del mes de mayo con la etiqueta habitual -#BajenLosPreciosDeInternet- un auto se detuvo frente a su puerta con un agente de policía, un oficial de la Seguridad del Estado y el jefe de sector de la zona.

"Le pidieron mi celular a mi mamá y ella se lo entregó, lo tenía encima de la cama. Fue ahí cuando me comunicaron el motivo por el que habían venido y que sería llevado hasta la estación. Eso fue el día 3 por la mañana", cuenta el joven a 14ymedio.

Al llegar a la unidad de Camajuaní se le acercó un oficial con el que mantuvo una breve conversación y después lo dejó solo, esperando en una sala, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde.

"Fue ahí cuando vinieron a comunicarme que ahora sería detenido un día, pero que podían ser más y ahí pasé la noche", recuerda. Un día después, personas vinculadas al Ministerio de Comunicaciones le explicaron que había violado el artículo 68, inciso (i) del Decreto Ley 370.

"Ahí mismo me aplicaron una multa de 3.000 pesos y se llevaron el teléfono bajo investigación, para luego determinar si lo decomisaban. Después de la reunión redactaron una carta de advertencia por difundir contenido subversivo e incitar a la participación en la campaña #BajenLosPreciosDeInternet. La firmé, que no debería haberlo hecho, y me fui para mi casa", cuenta.

Yankiel Gutiérrez denuncia que durante el interrogatorio fue amenazado con ser llevado a prisión por "peligrosidad predelictiva" si insistía en sus actividades. "No te vamos a permitir una más, tenemos todo para meterte preso", le advirtieron.

Los amigos del joven y otros activistas han convocado una protesta en Twitter para este jueves "en solidaridad" con Yankiel Gutiérrez y para ratificar "el firme rechazo ciudadano al Decreto Ley 370, que busca reducir a cero todo ápice de libertad de expresión".

"Mi familia y yo hemos sufrido todo esto en carne propia. Ya han sido tres citaciones y dos cartas de advertencia. Doy gracias a Dios por cada día, que es una oportunidad para levantantarme poco a poco. Espero que todo vaya mejorando y me sienta mucho mejor", confiesa asustado.

El Decreto Ley 370 también se ha utilizado esta semana para detener y multar al youtuber cubano Yander Serra, vecino de la provincia de Granma. Según los cálculos de los activistas 29 ciudadanos, periodistas independientes y activistas de la Isla han sido multados con 3.000 pesos a través de esta norma, vigente desde enero.

El pasado lunes un grupo de activistas llevó a las máximas instituciones cubanas una solicitud para declarar la inconstitucionalidad del Decreto Ley 370. El documento se entregó, de manera simultánea al Consejo de Estado, la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo Popular.

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