La Constitución de 1940 y el arte de negociar

Madrid/A principios de 1924, un grupo de veteranos de la guerra del 95 se alzó en armas por los campos de Cienfuegos. Los mandaba un coronel y doctor de malas pulgas llamado Federico Laredo Brú. El presidente Alfredo Zayas, zorro viejo de la política que no gustaba de gastar pólvora en desfiles, no les mandó el Ejército. Se fue él mismo hasta la finca La Pastora con un secretario, un ayudante y una pequeña maleta de cuero que, según las malas lenguas, iba repleta de billetes. 

Zayas y Don Fico se encerraron a solas en un bohío apartado; los alzados regresaron tranquilos a sus casas y jamás se supo una palabra de lo conversado entre aquellas cuatro paredes de tabla y guano. Aquel coronel rebelde aprendió la lección mejor que nadie. Doce años más tarde le tocó sentarse en la silla presidencial para demostrar que en esta isla también se podía torear a los caudillos con paciencia de maestro de escuela y un sentido común a prueba de cuartelazos.

Su llegada al poder ocurrió por la puerta falsa de la historia. A finales de 1936, los mandos militares acordaron con el coronel Fulgencio Batista liquidar al presidente Miguel Mariano Gómez en la forma que fuera precisa. La Cámara tramitó la acusación, el Senado dictó sentencia de destitución en vísperas de Nochebuena y Laredo Brú, que ocupaba la vicepresidencia, asumió la jefatura del Estado. En los periódicos habaneros todos apostaron a que aquel viejo mambí sería un simple títere de Columbia. Erraron el tiro. 

Cuando Batista le puso delante su rimbombante Plan Trienal, Don Fico capeó el temporal dejándolo pasar sin matar al toro ni al torero. Cuando el Congreso y el propio jefe del Ejército pretendieron imponerle una turbia ley de bonos para obras públicas, le plantó el veto presidencial sin que le temblara el pulso. Los legisladores terminaron saltándose el veto por dos tercios de votos, y el choteo insular bautizó de inmediato como "Mr. Bono" al senador Guillermo Alonso Pujol por sus maniobras de pasillo. De ese país enredado entre compadrazgos, picardía criolla y cuchillos largos salió la Constitución de 1940.

Ese espejo le hace falta a la oposición cubana de hoy, todavía extraviada en rencillas de capilla, midiéndose la pureza moral y desconfiando más entre sí que de la propia dictadura

Ese espejo le hace falta a la oposición cubana de hoy, todavía extraviada en rencillas de capilla, midiéndose la pureza moral y desconfiando más entre sí que de la propia dictadura que la asfixia. La generación que redactó la Carta del 40 no bajó de un altar patriótico ni habitaba en el limbo de las virtudes cívicas. En el mismo salón de sesiones se sentó Orestes Ferrara, canciller de Gerardo Machado durante los peores días de la tiranía, a pocos metros de Jorge Mañach y los muchachos del ABC, los mismos que habían ajusticiado a Clemente Vázquez Bello y minado las galerías del cementerio de Colón para volar por los aires al gabinete machadista en pleno durante el sepelio. 

Allí estaban Blas Roca y Juan Marinello, disciplinados voceros de la doctrina soviética, junto a Eduardo Chibás, quien apenas seis años atrás pedía en la calle la cabeza de Ramón Grau San Martín bajo el estribillo de "Kin Kon, que se vaya Ramón", y que en 1940 compartía bancada con el médico de la calle 17. Se habían perseguido a muerte, se habían encarcelado y se habían tiroteado. Pese a todo, compartían una certidumbre que hoy parece olvidada: sin un pacto entre adversarios no existe república posible, únicamente un relevo interminable de carceleros.

La reconciliación no arrancó en una tribuna parlamentaria; comenzó con el regreso del destierro. La represión posterior a la huelga general de marzo de 1935 había vaciado el país de dirigentes cívicos, desperdigando a centenares de cubanos por las pensiones de Miami, Nueva York y México. Recién instalado en Palacio, Laredo Brú encomendó la secretaría de Estado a Juan J. Remos. Hasta su despacho llegó una delegación opositora encabezada por Sergio Carbó y Eusebio Mujal reclamando garantías mínimas de retorno. 

Remos despachó dos cartas, una al presidente civil y otra al jefe militar, sentó a las partes en una misma mesa y publicó la fotografía del encuentro en la prensa nacional. El exilio empezó a regresar. Al poco tiempo, la Ley de Coordinación Azucarera lograba el milagro de sentar en torno al mismo tablero a los hacendados, a los colonos y al combativo líder sindical Jesús Menéndez para fijar las reglas de la molienda y los salarios. El país aprendía a repartir el pan antes de ponerse a discutir sobre los principios.

El nudo gordiano se desató en la finca Párraga, en el Wajay. En aquella quinta campestre, bajo el arbitraje discreto de Laredo Brú, Ramón Grau San Martín y Fulgencio Batista sellaron con un apretón de manos la convocatoria a una asamblea constituyente. Hacía falta estómago para sostener esa mirada: Batista había liquidado el efímero Gobierno de Grau en enero de 1934 y, desde entonces, el sargento taquígrafo metido a coronel tutelaba a capricho a los moradores de Palacio. Sin embargo, ambos entendieron el límite del encono personal. 

Las elecciones se convocaron con plenas garantías para todas las corrientes, legalizando a los comunistas que hasta la víspera operaban en las sombras. Las urnas no le concedieron la corona a nadie; dieron una mayoría dispersa al bloque opositor y forzaron a tirios y troyanos a discutir cada coma y cada punto del articulado.

El país aprendía a repartir el pan antes de ponerse a discutir sobre los principios

El camino estuvo a punto de quebrar en más de una curva. Al inaugurarse las sesiones en el Capitolio, la presidencia recayó en Grau San Martín. Semanas más tarde, el Partido Demócrata Republicano de Mario García Menocal rompió la disciplina opositora para inclinarse hacia el bando gubernamental. Grau dio un portazo y presentó la renuncia, amenazando con hacer naufragar la asamblea en una ciénaga de reproches mutuos. 

La partida la salvó Carlos Márquez Sterling, jurista pragmático que conocía al dedillo los laberintos del derecho reglamentario. Márquez Sterling tomó el martillo de la presidencia, aplacó las vanidades heridas y encauzó los debates. Incluso los cronistas más rabiosamente conservadores de la época tuvieron que reconocer la altura con que Blas Roca y Salvador García Agüero defendieron sus fueros sin dinamitar el hemiciclo. La lección resulta meridiana para el presente: los líderes mesiánicos suelen encallar los procesos cuando el libreto no los favorece; la continuidad de una causa exige procedimientos claros, respeto a las formas y hombres dispuestos a subordinar el ego al destino colectivo.

Al cabo de tres meses de discusiones febriles, nadie abandonó el recinto con el programa intacto, pero ningún bando se fue con las manos vacías. Los sectores conservadores blindaron la propiedad privada, erradicaron la confiscación arbitraria y exigieron indemnización previa en efectivo ante cualquier expropiación por utilidad pública. La bancada laboralista inscribió en piedra la jornada de ocho horas diarias y cuarenta y cuatro semanales con pago de cuarenta y ocho, el mes de descanso retribuido y el expediente judicial obligatorio para el despido. 

Las mujeres consiguieron la plena capacidad civil para las casadas y la igualdad legal de los hijos habidos fuera del matrimonio. El artículo 20 declaró ilegal y punible toda discriminación por motivos de sexo, raza, color o clase. Y donde el abismo ideológico resultaba insalvable, los constituyentes apelaron a la prudencia: definieron la Carta Magna como un índice y un programa, remitiendo los asuntos más ásperos al desarrollo de leyes secundarias. Fue el triunfo supremo de acordar cómo seguir conviviendo en el desacuerdo.

Los sectores conservadores blindaron la propiedad privada, erradicaron la confiscación arbitraria y exigieron indemnización previa en efectivo ante cualquier expropiación

Aquella obra maestra del consenso republicano cargaba con su propia debilidad. El Congreso de los años siguientes fue moroso para dictar las leyes complementarias que debían poner a marchar la maquinaria: el Banco Nacional, pieza elemental de la soberanía financiera, no vio la luz hasta finales de 1948. Luego, el 10 de marzo de 1952, el mismo Batista que había aceptado el cauce civil quebrantó el juramento y asaltó el poder con las bayonetas, abriendo la grieta por donde más tarde se colaría la pesadilla totalitaria. Un pacto sin instituciones vigilantes y sin ciudadanos alertas degenera tarde o temprano en una tregua provisional.

Esa es la deuda viva que la experiencia del 40 le arroja a los cubanos de hoy. Para acabar con este régimen no basta con consignas inflamadas, venganzas tribales ni proyectos unipersonales. Requiere un acuerdo de mínimos tan lúcido y terrenal como el que se tejió en la finca Párraga. Ese camino impone restablecer los puentes con la emigración sin exigir peajes ideológicos, porque la nación es una sola o no es nada. 

Exige también diseñar una salida institucional para el estamento militar y burocrático, demostrándoles que la democracia no viene a exterminarlos, sino a someterlos a la ley civil. Y obliga, por encima de todo, a entender que en la reconstrucción futura nadie sobra: tendrán que sentarse liberales, socialdemócratas, conservadores, desengañados del sistema y miembros del antiguo régimen que acepten las reglas del juego. No hace falta que se profesen afectos; basta con que aprendan a respetarse. En 1940 los cubanos venían de matarse a tiros y supieron refundar la república. Nosotros, ante las ruinas del presente, no tenemos perdón si no lo intentamos.