La pena de muerte en Cuba: una Revolución que nunca apartó el dedo del gatillo

Madrid/Cada vez que ocurre un crimen en Cuba –y últimamente han aumentado con una frecuencia alarmante– las redes sociales se inundan de comentarios exigiendo que se aplique la pena de muerte. En los últimos días se han multiplicado esas exigencias, luego de un atropellamiento múltiple e intencional en La Habana, un descuartizamiento en Santiago de Cuba y varios asesinatos machistas a lo largo de la Isla. El paredón reaparece en el vocabulario de muchos cubanos como posible contención de la violencia.

Pero vale la pena recordar que, en la Cuba de los hermanos Castro, la pena de muerte nunca fue un mecanismo jurídico, sino un espectáculo político. Jamás se trató de aplicar justicia, se hizo para inculcar obediencia a través del “terror revolucionario”. 

Desde los primeros meses de 1959, el régimen convirtió el fusilamiento en su acto fundacional. Miles de hombres fueron condenados tras juicios sumarios que duraban minutos. Según archivos de derechos humanos, entre el triunfo de los barbudos y la década de los 70 fueron fusiladas más de 5.000 personas. Nadie sabe el número exacto porque en Cuba las estadísticas oficiales son un secreto de Estado, pero los testimonios y los cálculos coinciden. Matar fue la más oficial de las políticas, al punto de incluirse en la consigna mayor del castrismo: Patria o Muerte.

Che Guevara, carnicero de la Cabaña, lo dijo sin ruborizarse: “Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario”. Esa frase, brutal y transparente, se convirtió en el resumen perfecto del nuevo poder. Fidel Castro, en uno de sus discursos iniciales, justificó con frialdad el método: “La Revolución puede fusilar. No necesita acudir a tribunales burgueses”. Era la voz de un poder que entendía la pena capital como arma de control, no como recurso jurídico.

Raúl Castro fue todavía más cínico. En los años sesenta declaró: “El fusilamiento no es solo un castigo, es un acto de justicia revolucionaria y de pedagogía para el pueblo”

Raúl Castro fue todavía más cínico. En los años sesenta declaró: “El fusilamiento no es solo un castigo, es un acto de justicia revolucionaria y de pedagogía para el pueblo”. Esa frase revela la naturaleza del paredón cubano. No era la muerte del acusado lo que importaba, sino el mensaje a los vivos. Cada disparo era un recordatorio de que la vida de cualquier ciudadano estaba en manos del poder.

Hay casos que todavía espantan. En el mismo mes de enero del 59, en la Loma de San Juan (Santiago de Cuba), 71 hombres fueron ejecutados sumariamente mientras una multitud aplaudía, sedienta de sangre. El menor de los Castro no quería perder tiempo y dijo: “Si uno es culpable, los demás también”. El juicio no duró más de cuatro minutos por condenado. Lo peor es que se hicieron adictos a la sangre, y cuando terminaron de disparar contra las sombras del batistato, comenzaron a matar a sus propios hombres.

El general Arnaldo Ochoa y otros tres oficiales fueron fusilados en 1989 tras un juicio televisado que parecía más un espectáculo de purga –con la perestroika de fondo– que un proceso legal. Y el último recuerdo en la memoria colectiva son aquellos tres jóvenes que en 2003 intentaron secuestrar una lancha para huir a Miami y fueron ejecutados de inmediato tras un proceso sumarísimo de apenas tres días. En todos los casos, la lógica volvió a ser la misma. Cuando el poder necesita un sacrificio ejemplar, lo obtiene.

La pena de muerte en Cuba, obviamente, no empezó en 1959. La colonia española ya había ensayado el paredón como forma de disciplina social. El fusilamiento de los ocho estudiantes de medicina en 1871 es la cicatriz más visible de esa época. Durante la República, la Constitución de 1901 permitió la pena capital por un solo voto de diferencia. La de 1940 intentó limitarla, reservándola para casos militares graves. Pero la Revolución borró todo intento de civilizar el derecho penal y convirtió la ejecución en herramienta cotidiana.

En 2003, tras las ejecuciones de los jóvenes de la lancha, la indignación internacional obligó al régimen a retroceder

En 2003, tras las ejecuciones de los jóvenes de la lancha, la indignación internacional obligó al régimen a retroceder. Raúl Castro conmutó varias penas capitales en 2008. Desde entonces se habla de una moratoria, pero la pena sigue en el Código Penal. Y en la última normativa, aprobada en 2022, se han multiplicado los delitos que podrían llevar a un condenado a ser “pasado por las armas”. El pelotón sigue en la sala, cubierto con una sábana, pero presente.

La pena de muerte nunca frenó la violencia en Cuba. No impidió robos, ni asesinatos, ni conspiraciones. Sirvió para callar voces, para sembrar pánico, para fabricar mártires. Los mismos que ordenaron fusilar se aseguraron inmunidad para sí mismos. 

En las redes sociales muchos cubanos exigen el regreso de los fusilamientos como solución rápida. Pero olvidan que la pena de muerte fue siempre del poder contra el pueblo, nunca del pueblo contra la violencia. El paredón es la pedagogía del miedo. Y el miedo nunca ha sido justicia.