Los teléfonos no se ofertan, se otorgan

La distribución de bienes y servicios es uno de los aspectos que más debate ha generado entre los teóricos del sistema socialista. Aunque las leyes que expresan los clásicos son claras en establecer que lo que le corresponde a la etapa de transición hacia el comunismo es la distribución con arreglo al trabajo, no han faltado los que defienden una tendencia igualitarista ni los que pretenden quemar etapas y pasar directamente a la distribución condicionada por las necesidades.

Si Cuba no fuera un país que, según su Constitución, se rige por el sistema socialista, no sería necesario traer a la discusión esta cuestión teórica sobre cómo ha de llevarse a cabo la distribución de bienes y servicios. Pero lo cierto es que navegamos, por no decir naufragamos, en un océano de contradicciones, a las que por suerte son ajenos la inmensa mayoría de los cubanos. A ellos les importa más lo que les toca, lo que les van a dar o lo que pueden luchar ‒ya sea robando o aplaudiendo, incluso robando mientras aplauden‒, que saber bajo qué consideraciones ideológicas podrán tener acceso a los alimentos, al vestuario, a los cacharros de la cocina y algún que otro artilugio tecnológico que los emparente con la gente del siglo XXI.

El pasado lunes 20 de abril se publicó en la Gaceta Oficial No. 15 Ordinaria el "procedimiento para otorgar líneas telefónicas al sector residencial". Cualquier estudiante de filología pudiera aspirar a un título de oro si hiciera una tesis sobre el lenguaje usado en este documento.. Aquí les dejo esta perla, donde se dice que se espera que el reglamento "posibilite incrementar gradualmente los niveles de satisfacción de la demanda de la población en cuanto a este servicio." Pero no todo se queda a nivel de trabalenguas burocrático.

El concepto central del reglamento se encierra en el hecho de que las líneas telefónicas no serán ofertadas por una empresa comercial, sino que serán "otorgadas" a través de una comisión, cuyos miembros serán seleccionados por las administraciones municipales "en coordinación con las organizaciones sociales, políticas y de masas de la comunidad". El propio Consejo de Ministros especifica en su decreto que los requisitos para integrar estas comisiones "otorgadoras" son que sus miembros residan en la localidad y que sean reconocidos en la comunidad por su conducta moral, social o laboral.

En los años 90 se hizo algo parecido y fueron los CDR los que tuvieron en sus manos el infinito poder de decidir quién tendría el derecho a un teléfono

En los años 90 se hizo algo parecido y fueron los CDR los que tuvieron en sus manos el infinito poder de decidir quién tendría el derecho a un teléfono. Contar aquello es hacer literatura, porque hubo de todo. En esta nueva versión se pretende que los angélicos y sabios miembros de la comisión puedan determinar con justicia los "criterios de otorgamiento", donde han de tener en cuenta, además de que las personas residan en un área donde haya líneas disponibles, "que exista la necesidad del servicio, la conducta y el aporte a la comunidad desde el punto de vista social; y los casos sociales de ancianos solos, personas impedidas, enfermos, jubilados o similares, sin elementos de exclusión o discriminación de ningún tipo."

Este reglamento debería ser material de estudio para todos los publicistas que se exprimen el cerebro inventando un nuevo eslogan comercial que convenza a los clientes que deben adquirir el servicio de comunicación en una u otra empresa. Podrían verse anuncios ingeniosos como uno que diga: "Haga la guardia de vigilancia de su CDR y merezca un teléfono para que pueda llamar a tiempo a la policía"; o quizás otro, más benévolo, que proclame: "En 30 años de trabajo, usted no logró comprarse una línea, pero ahora podrá comunicarse con sus hijos en el extranjero". Aunque, en nombre de la síntesis, el premiado sería este: "Nosotros tenemos el poder y seremos generosos otorgándole un teléfono."

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