El proceso electoral arranca sin noticias de un nuevo marco legal

Una mujer participa en las elecciones municipales en Cuba. (EFE)
Una mujer participa en las elecciones municipales en Cuba, en 2015. (EFE)

Dos años atrás el oficialismo disparó las expectativas con el anuncio de una nueva Ley Electoral, una reforma política del Gobierno de Raúl Castro para allanar el camino a sus sucesores. Sin embargo, este enero han comenzado los preparativos para las elecciones generales 2017-2018 bajo las mismas reglas vigentes desde hace un cuarto de siglo y sin que se haya hecho ninguna referencia a los cambios avanzados.

El X Pleno del Comité Central del Partido Comunista (PCC), realizado en febrero de 2015, abrió un compás de espera que tuvo más eco entre las filas de la oposición, el periodismo independiente y los analistas extranjeros, que en la población.

El mandato de Raúl Castro concluye, según está previsto, el 24 de febrero de 2018. Esa es la fecha límite para la entrada en vigor de una nueva Ley Electoral, lo que la convierte en un proyecto con plazos rígidos a diferencia de otros proyectos impulsados por el gobernante, como la Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista, y el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, también sin concluir.

Con el inicio de este año, en todas las instancias del Poder Popular se comenzó a cumplir con un acuerdo del Consejo de Estado de 2016 sobre la formación de las comisiones temporales de trabajo electoral tanto a nivel nacional, como provincial y municipal.

A partir de ahora, quedan apenas 12 meses para que los diputados de la nueva legislatura parlamentaria se sienten en sus butacas de la Asamblea Nacional, un proceso que tiene lugar cada cinco años.

Hasta la fecha, solo el Periódico 26, de Las Tunas, ha abordado el arranque de la maquinaria electoral. Juan Carlos Hernández González, secretario de la Asamblea Provincial del Poder Popular, explicó que desde el pasado año se han realizado "acciones para la implementación del acuerdo del Consejo de Estado, de fecha 21 de junio del 2016, el que indicó la formación de las comisiones temporales de Trabajo Electoral a sus diferentes niveles: nacional, provincial y municipal".

Han comenzado de manera discreta las primeras coordinaciones con las organizaciones sociales y estudiantiles para seleccionar los equipos de supervisores, colaboradores y observadores que participarán en el proceso

"Nuestras autoridades electorales, en especial de municipios, de circunscripción e integrantes de las mesas, deben conocer las características de las elecciones generales", aclaró el funcionario aludiendo a la vieja Ley 72 de 1992.

También han comenzado de manera discreta las primeras coordinaciones con las organizaciones sociales y estudiantiles para seleccionar los equipos de supervisores, colaboradores y observadores que participarán en el proceso. Todos recibirán seminarios con el contenido de la legislación vigente.

Entre los aspectos más criticados de la ley actual se encuentran las llamadas Comisiones de Candidaturas que confeccionan una lista de aproximadamente 600 candidatos para ocupar igual número de puestos en el Parlamento. La expresa prohibición a que los aspirantes realicen campaña electoral con plataformas políticas, también es blanco de la controversia.

Introducir cambios en estos apartados abrirían la brecha para que personas no afiliadas al Partido Comunista de Cuba pudieran llegar a ocupar responsabilidades dentro del Poder Popular zonal o escalar al parlamento. La esperanza de que el oficialismo permita una mayor diversidad política en ese órgano de poder ha impulsado diversas propuestas electorales independientes.

En el ámbito de la oposición moderada esta postergación puede caer como un cubo de agua fría. Iniciativas al estilo de Candidatos por el Cambio y Otro 18 han promovido que la futura legislación incluya la posibilidad de que la población elija directamente a sus gobernantes y de que existan candidatos independientes. Desde este enero, todos sus esfuerzos podrían chocar contra el muro de la falta de cambios.

Julio Aleaga, coordinador del movimiento Candidatos por el Cambio, explicó a este diario que "se confirma la tesis de que no hay que esperar a cambiar el sistema para participar, sino que hay que participar para cambiarlo." El activista opina que si llegan a realizarse estas elecciones sin la nueva ley "quedará demostrada la falta de voluntad del Gobierno para abrir un nuevo espacio de construcción nacional".

Aleaga: "Algo apunta a que "el Gobierno no quiere revelar este paso en un momento en que las fuerzas democráticas ya estaban preparadas para asumir el desafío electoral"

Para Aleaga resulta importante que se tenga en cuenta que este inicio del proceso no se hizo público en medios de alcance nacional. Algo apunta a que "el Gobierno no quiere revelar este paso en un momento en que las fuerzas democráticas ya estaban preparadas para asumir el desafío electoral que pudiera abrirse en una nueva legislación".

Manuel Cuesta Morúa, portavoz de la Plataforma Ciudadana Otro 18, considera que todo "parece indicar que las elecciones serán bajo la vieja ley de 1992 y no con la nueva que se anunció en 2015, con miras a los necesarios cambios institucionales adelantados por la presumible salida del poder de Raúl Castro en 2018".

No obstante, el opositor aclaró que "Otro 18 participará en este proceso a través de los 85 candidatos y candidatas que hasta el momento tenemos en todo el país. Esperamos que el Gobierno respete el derecho de los ciudadanos en apego irrestricto a la legalidad".

Desde su comienzo, Otro 18 ha manifestado el propósito de que estas elecciones fueran las primeras en que los electores contaran con una diversidad de alternativas y tuvieran la oportunidad de respaldar sus propuestas dirigidas a cambios democráticos fundamentales en el sistema electoral.

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