Al menos 97 reclutas han muerto durante el servicio militar en Cuba desde 2001

Madrid/Al menos 97 jóvenes han muerto mientras cumplían el Servicio Militar Activo (SMA) en Cuba entre 2001 y 2026. La cifra aparece recogida en un informe del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (Ocac) –entidad independiente gestionada por el think tank Cuba Siglo 21– que además concluye que el suicidio es la principal causa de fallecimientos entre los reclutas y alerta sobre un sistema cada vez más restrictivo, con escasa transparencia y sin mecanismos para exigir responsabilidades cuando ocurre una tragedia.

De acuerdo con el reporte publicado este lunes, elaborado a partir de un registro de casos verificados por Archivo Cuba y contrastados de forma independiente, de las 97 muertes de jóvenes reclutas, 33 corresponden a suicidios, el 34% del total. El informe también señala un aumento de los suicidios reportados en los últimos años y destaca que 2025 fue el año con más casos: 22; aunque los autores precisan que ese incremento puede responder también a una mayor accesibilidad para documentar y hacer públicos estos hechos.

El estudio insiste en que estas cifras representan un mínimo documentado. La organización recuerda que el Estado cubano no publica estadísticas oficiales sobre muertes durante el servicio militar y asegura que existen decenas de casos más pendientes de comprobar. Los familiares de las víctimas denuncian con frecuencia versiones oficiales contradictorias, dificultades para acceder a informes forenses y falta de investigaciones independientes que permitan conocer qué ocurrió realmente.

El informe también señala un aumento de los suicidios reportados en los últimos años y destaca que 2025 fue el año con más casos: 22

De los 97 fallecimientos reportados desde 2001, el informe atribuye 25 a “negligencias graves”, 22 a accidentes, seis a la falta de atención médica, seis a asesinatos, dos a desapariciones y en otros tres casos no fue posible determinar la causa de la muerte. En los 63 casos en los que pudo confirmarse la edad, la media es de 18,7 años y siete de los fallecidos eran menores de 18 años.

El Ocac también denuncia que, en lugar de buscar soluciones a esta alarmante situación, la legislación cubana ha endurecido las sanciones contra quienes intentan evitar el servicio militar. La ley mantiene la obligatoriedad para los varones a partir de los 17 años, exige la inscripción desde los 16 y niega expresamente el derecho a la objeción de conciencia. El Código Penal Militar, aprobado en 2023, endureció las sanciones contra quienes intenten evadir el servicio militar, con penas de hasta cinco años de prisión, y castiga también las autolesiones, la simulación de enfermedades o la falsificación de documentos médicos para obtener una baja.

El informe sostiene además que la Fiscalía Militar puede considerar un intento de suicidio como un acto de deserción, con penas que superan los diez años de prisión para quienes sobreviven.

Los testimonios recogidos por los investigadores describen métodos extremos para intentar abandonar el servicio militar: heridas autoinfligidas con armas, ingestión de objetos punzantes, machetazos en tobillos y rodillas o fracturas provocadas. Varios ex reclutas aseguraron que, para muchos jóvenes, autolesionarse termina siendo la única forma de salir de un sistema que califican de opresivo y degradante. Cuando tampoco esa vía funciona, añade el informe, algunos acaban viendo el suicidio como la única salida.

La Fiscalía Militar puede considerar un intento de suicidio como un acto de deserción, con penas que superan los diez años de prisión para quienes sobreviven

El documento sostiene que el marco legal cubano entra en conflicto con varios compromisos internacionales asumidos por La Habana, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño y convenios de la Organización Internacional del Trabajo, al permitir la incorporación de menores de 18 años y el empleo de reclutas en labores agrícolas, de construcción o vigilancia que, según los autores, exceden el carácter estrictamente militar del servicio.

El Ocac advierte además sobre denuncias reiteradas de jóvenes enviados al servicio militar pese a padecer problemas psicológicos o enfermedades incompatibles con el manejo de armas. Como ejemplo, cita el caso de Dailier Rodríguez Tamayo, un joven de 19 años que murió en marzo de este año en una unidad militar de El Cotorro, en La Habana. El recluta contaba con un dictamen del Hospital Naval que desaconsejaba que portara armas debido a su estado de salud mental, pero aun así permaneció destinado en la unidad.

Otro de los puntos que resalta el informe es la opacidad con la que se manejan las muertes de reclutas, como en el caso denunciado por Mercedes Roque, madre de Antonio Alejandro Rossi Roque, otro joven fallecido durante el servicio militar en circunstancias que aún no han sido aclaradas. La mujer responsabilizó a los mandos de la unidad y denunció que “todos se van encubriendo unos con otros”, mientras continúa sin recibir una explicación convincente sobre la muerte de su hijo.

La ausencia de investigaciones independientes y la inexistencia de mecanismos de control han provocado que estos hechos se hayan repetido durante décadas

El informe recuerda además dos de las tragedias más conocidas de los últimos años: la muerte de cuatro reclutas durante el incendio de la Base de Supertanqueros de Matanzas, en agosto de 2022, y la explosión de un almacén militar en Melones, Holguín, en enero de 2025, donde murieron nueve jóvenes que cumplían el servicio militar junto a cuatro oficiales.

Los autores contrastan la evolución del servicio militar en la Isla con la de otros países de América Latina, donde durante las últimas décadas se ha reducido o eliminado la conscripción obligatoria. Cuba ha seguido el camino contrario, reforzando las sanciones penales y manteniendo uno de los sistemas de reclutamiento más rígidos de la región. El reporte concluye que el problema trasciende el ámbito militar y afecta también a los derechos de los jóvenes y sus familias. A su juicio, la falta de transparencia, la ausencia de investigaciones independientes y la inexistencia de mecanismos de control han provocado que estos hechos se hayan repetido durante décadas sin que el sistema sufriera cambios de fondo.