Los abogados del régimen cubano en el litigio con CRF abandonan el caso después de un año sin cobrar

Madrid/El régimen cubano no se ha pronunciado en ningún momento, pero hace ya mes y medio que los abogados que representaban al Banco Nacional de Cuba (BNC) en el caso de su deuda con el fondo de inversión CRF I Limited, renunciaron al caso. La razón, confirmó Bloomberg a principios de este septiembre, es que llevaban más de un año sin cobrar. 

Fue el pasado 31 de julio –contó la agencia económica, que tuvo acceso a los documentos judiciales– que el bufete de abogados PCB Byrne presentó una “solicitud confidencial” para dejar de actuar como representante legal del Estado cubano. Ese mismo día, el BNC había recibido un último golpe por parte del Tribunal Mercantil de Londres, al ser condenado a pagar 24 millones de dólares –aparte de una condena anterior de 72 millones del Tribunal Supremo de Reino Unido–, en concepto de daños y perjuicios y costas judiciales.

Según Bloomberg, la orden judicial que informaba de la retirada de los abogados no revelaban los motivos, pero fuentes cercanas al asunto aseguraron que la explicación es la falta de pago de los honorarios por parte del BNC y del Gobierno cubano. La agencia incluyó en su reporte la confirmación del bufete, que se abstuvo de dar más explicaciones. 

“PCB Byrne ya no representa al Banco Nacional de Cuba ni a la República de Cuba en estos procedimientos”, fueron las palabras de un portavoz de la firma en un comunicado enviado a Bloomberg por correo electrónico. “No hacemos comentarios sobre los detalles de nuestras relaciones con los clientes. Deseamos lo mejor a nuestros antiguos clientes”.

"No hacemos comentarios sobre los detalles de nuestras relaciones con los clientes"

Es el último capítulo en un rosario de contrariedades para el régimen, sobre las que ha corrido el más tupido de los velos. En noviembre de 2024, el BNC fue condenado a pagar 72 millones de euros por el Tribunal Supremo de Reino Unido y en abril de 2025 el régimen perdió una apelación que le impedía continuar recurriendo el fallo.

El caso se remonta a los años 80, cuando el régimen cubano firmó unos préstamos con Credit Lyonnais y el Istituto Banco Italiano y que transfirió después al ICBC Standard Bank (filial británica del banco chino ICBC). CRF, un fondo creado en 2009 en Islas Caimán, adquirió en 2019 esa deuda, valorada en más de 72 millones de euros, e intentó contactar con la parte cubana para cobrarla.

El Estado cubano defendía la tesis de que CRF obtuvo la deuda de forma inválida, ya que el entonces director de operaciones del BNC, Rául Olivera Lozano, firmó la operación sin seguir los “procesos internos adecuados”, motivo por el cual está en prisión. El BNC esgrimió, además, que no recibió en la forma requerida por contrato el preaviso necesario para la reasignación de la deuda y, en consecuencia, rechazaba que CRF fuera propietario legítimo de la deuda.

La justicia se pronunció en abril de 2023 al respecto, cuando la jueza determinó que el BNC –actualmente un banco comercial estatal pero que hasta 1997 fue Banco Central de Cuba– era responsable de la deuda. La sentencia indicaba que CRF –al que consideraba legítimo acreedor– podía reclamar el pago a la entidad, aunque no al Estado. Pese a los recursos presentados, en noviembre de 2024 se zanjó la cuestión dejando firme la sentencia. 

El BCN se pronunció entonces, tras varios días en silencio, mediante un comunicado en el que insistía en que volvería a defenderse y afirmó tener “firme voluntad de diálogo e invariable respeto hacia las deudas que han sido contraídas de forma legítima". En abril de 2025, se rechazó la última apelación posible.  

El fondo también alababa las 176 nuevas medidas del Gobierno cubano, en las que veía una posibilidad para el entendimiento

CRF, sin embargo, no ha dejado de insistir en “entablar un diálogo constructivo” con el Estado cubano, en unas condiciones “justas para los acreedores, comercialmente realistas para Cuba y capaces de facilitar el eventual retorno del país a los mercados financieros internacionales”. 

En una carta dirigida a Miguel Díaz-Canel y fechada el 3 de agosto, el presidente de CRF, David Charters, proponía mantener conversaciones confidenciales y manifestó posibles soluciones, tales como instrumentos vinculados al crecimiento, acuerdos de canje de deuda por capital y otras estructuras diseñadas para preservar la liquidez a corto plazo de Cuba. No hubo respuesta.

“CRF no tuvo otra alternativa realista que seguir protegiendo sus derechos a través de los tribunales ingleses”, afirmaba el fondo, que veía la última sentencia como “un acontecimiento significativo”. Aunque insistía en que su opción principal no era el litigio sino el diálogo, subrayaba que para ello se precisaba “una actitud seria y constructiva por parte de Cuba y el BNC”. 

El fondo también alababa las 176 nuevas medidas del Gobierno cubano, en las que veía una posibilidad para el entendimiento. “Hemos observado el tono más progresista y pragmático de las recientes propuestas de Cuba sobre la reforma económica, la inversión extranjera, el capital privado y la modernización del sistema financiero. Esos desarrollos son potencialmente importantes. Un compromiso creíble con los acreedores comerciales reconocidos sería una demostración práctica de que Cuba pretende traducir los anuncios de reforma en un cambio duradero de enfoque económico”, indicaba.

Por el momento, el régimen sigue optando por el mutismo.