Las autoridades atribuyen a una red radicada en Florida la fabricación y venta del 'químico'

La Habana/Las autoridades cubanas insisten en su afán de acusar fuerzas externas de estar detrás de la expansión de las drogas en la Isla. Esta vez, encontraron el pretexto en un operativo, anunciado este viernes, contra una presunta red dedicada a producir y distribuir químico, el cannabinoide sintético que se ha convertido en la droga de mayor impacto entre los jóvenes cubanos. 

Según medios oficialistas, el entramado delictivo está dirigido desde Florida y emplea a residentes en la Isla como distribuidores, un esquema que coincide con la reciente estrategia oficial de atribuir el aumento del consumo a “influencias externas”.

Arnaldo Ramos, jefe de sección del Órgano Especializado de Investigación Criminal del Ministerio del Interior, aseguró en la televisión estatal que los estupefacientes –una mezcla procesada como crema– entraron en Cuba mediante “paquetería ilegal por vía aérea”, camuflados en envases de yogur, gelatina, suplementos alimenticios y medicamentos. El funcionario insistió en que La Habana ha informado “oportunamente” a Washington sobre individuos en EE UU que supuestamente intentan promover el tráfico en la Isla, aunque “los casos quedan sin respuesta”.

Según medios oficialistas, la presunta red de tráfico de drogas estaría dirigida desde Florida

La explicación se produce en un contexto en que el propio Gobierno ha debido reconocer, por primera vez en años, que el consumo de drogas sintéticas se ha diversificado y expandido, con especial incidencia entre adolescentes y veinteañeros. Los reportes más recientes hablan de un mercado creciente de variantes del químico, elaboradas con sustancias importadas y procesadas clandestinamente en viviendas particulares, un fenómeno que las autoridades habían silenciado hasta hace muy poco.

En el operativo divulgado esta semana, el jefe del Órgano Antidrogas, Yoan Saporta, informó de la detención de 24 personas procesadas por delitos vinculados al narcotráfico. Además de la droga, se incautaron jeringuillas, guantes, bandejas, mascarillas y acetona, esta última considerada uno de los insumos básicos para la elaboración del químico. También fueron confiscadas viviendas, vehículos y 11 millones de pesos, una suma que, al cambio oficial, equivaldría a 91.600 dólares, aunque en el mercado informal apenas superaría los 25.000.

La operación se presenta como parte de la “política de tolerancia cero” reiterada por altos cargos del Gobierno a principios de diciembre, cuando negaron que Cuba sea un país productor o de tránsito de narcóticos. El discurso oficial coincide con el despliegue militar reforzado de EE UU en el Caribe para combatir el tráfico de estupefacientes, un protagonismo que La Habana vincula a presiones geopolíticas sobre Gobiernos aliados, especialmente el de Nicolás Maduro en Venezuela.

Dentro de esa política de firmeza, los tribunales han multiplicado los “juicios ejemplarizantes”, una práctica que los medios oficiales han difundido frecuentemente este último año. En uno de los casos más recientes, un joven fue condenado a 15 años de prisión por la posesión y venta de pequeñas cantidades de sustancias ilícitas, una pena que contrasta con estándares internacionales y que revela el endurecimiento punitivo amparado en el nuevo Código Penal, que establece castigos de entre 4 y 30 años, prisión perpetua e incluso la pena de muerte.

Aunque han reconocido –tardíamente– el auge de las drogas, las autoridades no dudan en reprimir a los periodistas independientes que investigan casos al margen del oficialismo. El Ministerio del Interior insiste en presentar cada operación como un golpe decisivo al narcotráfico, mientras la expansión de las drogas sintéticas deja ver una realidad menos controlada de lo que admite el discurso oficial.