Botsuana paga a los médicos cubanos un cuarto del salario que le abona al régimen

Madrid/Un médico cubano de misión en Botsuana cobra solo 1.000 dólares al mes de los 4.000 que paga el Gobierno de este país africano a La Habana. Es decir, un 24,4% del total. Las cifras son reveladas este martes en un informe por la organización Prisoners Defenders (PD), que ha accedido al convenio bilateral.

Según este documento, que al igual que otros de su tipo, no es de acceso público, el Estado botsuano sostiene con la Isla una facturación anual de más de 4,2 millones de dólares por 90 especialistas. Aparte de esto, un documento interno, firmado apenas el pasado 3 de julio de 2026 por el jefe de la brigada, Pablo Ricardo Betancourt Álvarez, acredita algo también documentado en otras misiones: que los sanitarios de la Isla están sometidos a restricción de “desplazamientos, visitas, amistades, pernoctas, uso de vehículos, libertad de expresión y vida social”.

“Viven en una cárcel, y no en Cuba, sino en Botsuana”, ha declarado Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, que cita la misiva completa de Betancourt Álvarez. Esta supone una regulación “de obligado cumplimiento para los cubanos, a pesar de ser residentes en territorio de Botsuana”. Entre las disposiciones, la primera es la limitación de salida de los “colaboradores” de sus respectivos distritos solamente a “asuntos profesionales o de salud, y siempre previa consulta con el Jefe de la Brigada Médica Cubana en Botsuana”.

De igual manera, les prohíbe "la presencia, ya sea visitas o con intención de pernoctar, de personas ajenas a la Brigada Médica Cubana en las viviendas"

De igual manera, les prohíbe “la presencia, ya sea visitas o con intención de pernoctar, de personas ajenas a la Brigada Médica Cubana en las viviendas, así como para los miembros de la brigada pernoctar fuera de ellas”, un veto que se extiende a visitas de los brigadistas a casas de residentes cubanos externos a la misión, y a actividades que no sean las organizadas por la brigada.

Los especialistas de la misión tienen prohibido incluso comprar, o siquiera manejar, un vehículo, salvo autorización expresa. Y así, hasta diez ordenanzas, recogidas puntualmente en el informe de Prisoners Defenders, que añade tener fuentes de primera mano: profesionales que fueron destinados al país sudafricano.

Para la ONG con sede en Madrid, el Gobierno de Botsuana “no puede alegar desconocimiento del mecanismo que detrae de los profesionales cubanos la mayor parte de su retribución”, pues el convenio que tiene firmado con La Habana “obliga a la parte cubana a emitir una factura mensual que separe expresamente el importe destinado a los profesionales y el importe transferido a Cuba”. Además, el propio Ejecutivo africano informó a su Parlamento –el 1 de abril de 2025, según indica PD que consta en el diario de sesiones– cuál era la tarifa contractual por cada médico: 3.500 euros mensuales, equivalentes a 4.094,65 dólares al cambio oficial.

Y no solo eso, sino que documentos administrativos del Princess Marina Hospital, en Gaborone, registran también retribuciones. El ejemplo que pone PD es de reportes fechados en marzo de 2020 en adelante, que disponen hasta 800 dólares para 18 puestos de especialistas o coordinación, que fueron remitidos al Ministerio de Finanzas botsuano.

"La connivencia estatal no puede atribuirse, por tanto, a un desconocimiento del mecanismo de pago"

“La connivencia estatal no puede atribuirse, por tanto, a un desconocimiento del mecanismo de pago”, asevera Prisoners Defenders, que denuncia que Botsuana “actúa en connivencia con la explotación, pues financia, controla, dispone y materializa con pleno conocimiento el sistema esclavista cubano”.

La organización señala que el techo anual inicial fijado en el Convenio, equivalente a 2.889.200 dólares, debería corresponder a 62 plazas –46 especialistas y 16 profesionales auxiliares–, pero, prosigue, en 2025 el coordinador nacional de la brigada declaró que el contingente efectivo estaba compuesto por 90 profesionales. A partir de este número, PD aplica las tarifas contractuales firmadas con el régimen de Cuba y concluye que el contingente real supone un coste estimado de 350.500 dólares mensuales, “es decir, 4.206.000 dólares anuales: 1.316.800 dólares por encima del techo inicial”.

Este despliegue, observa la ONG, “exige, por tanto, una adenda, una ampliación presupuestaria u otro instrumento económico que el Gobierno de Botsuana no ha transparentado a la opinión pública ni a su Parlamento, el Hansard botsuanés”. ¿Qué disposición permitió esta ampliación?, se pregunta PD en una serie de cuestiones que afirma debe responder el Estado de Botsuana.

A ella se suman preguntas como “¿Qué conocimiento tenían los ministerios de Salud y Finanzas de la retención, la retirada de pasaportes y el régimen disciplinario?”, “¿Conocía o autorizó Botsuana la orden del 3 de julio de 2026?”, “¿Cuántos profesionales han solicitado terminar la misión, han sido sustituidos, repatriados o declarados desertores?”

o “¿Por qué no existe un canal de denuncia independiente, confidencial y fuera del control de la jefatura cubana?”.

Al final de su informe, la ONG reclama del Ejecutivo botsuano “la publicación del convenio completo, todas sus adendas, autorizaciones presupuestarias, facturas mensuales y pagos ejecutados, protegiendo únicamente datos personales legítimos”. Además, pide que se pague directamente a cada profesional “el importe completo que corresponde a su trabajo, sujeto solo a impuestos ordinarios y transparentes, prohibiendo transferencias salariales forzadas a terceros”.

Por último, insta a “suspender e investigar” la aplicación de la orden del jefe de misión del 3 de julio, “incompatible con la Constitución y la legislación laboral de Botsuana”

Asimismo, solicita que el Gobierno africano entreviste de manera individual a los cooperantes, “sin presencia de coordinadores cubanos”, y les garantice conservar su pasaporte, su contrato y todas las libertades. Por último, insta a “suspender e investigar” la aplicación de la orden del jefe de misión del 3 de julio, “incompatible con la Constitución y la legislación laboral de Botsuana”.

La publicación de este informe sobre el país sudafricano tiene lugar una semana después de que Prisoners Defenders pusiera en marcha una plataforma digital con el objetivo recopilar datos e información relacionada con “las normas, pagos, y vulneraciones denunciadas” durante más de seis décadas sobre las misiones médicas cubanas alrededor del mundo.

De acuerdo con PD, se trata de “un expediente verificable por país”, y cuenta con datos históricos, contratos y normativas, y “permite investigar, comparar y descargar información sobre las misiones médicas cubanas en 209 países y territorios”.

Según la ONG, “distingue entre misiones activas, inactivas, canceladas o piloto” y posee información relacionada con unos “1.185 testimonios protegidos y 217 testimonios públicos” correspondientes a 60 países, y examinados por Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o Human Rights Watch.

En los últimos meses y bajo presión de Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Jamaica, Antigua y Barbuda, Bahamas, Granada, Guyana, San Vicente y Trinidad y Tobago suspendieron su cooperación médica con Cuba o reformado sus términos. 

Antes, estuvieron los casos de Brasil, Bolivia, Ecuador y El Salvador, que terminaron sus programas entre 2018 y 2019. En Brasil, fue Cuba quien decidió retirar la misión después de que el Gobierno de Jair Bolsonaro exigiera que los médicos recibieran directamente la totalidad de los salarios pagados por el país. Más de 8.000 profesionales regresaron entonces a la Isla.

En 2019 también terminaron las misiones en Bolivia y Ecuador, después de los cambios políticos producidos en ambos países. El Salvador puso fin a su cooperación médica con Cuba ese mismo período. 

Para Cuba, la sangría de su principal fuente de ingresos es importante. Prisoners Defenders, por ejemplo, calcula que las misiones médicas generaron cerca de 5.976 millones de dólares en 2021, a partir de estadísticas oficiales cubanas y datos de comercio internacional.