La Fiscalía lo acusa de colgar una sábana con las palabras "queremos cambios" y pide seis años de cárcel

La Habana/Luego de más de nueve meses de estar en prisión sin juicio, la madre del rapero Fernando Almenares Rivera, conocido como Nando OBDC, logró tener en su poder la acusación formal. “Al final tuve que venir al tribunal para fotografiarlas, porque nunca las pudieron enviar por correo”, se lamenta Eva Rivera con 14ymedio, a quien mostró el documento, fechado el pasado 17 de junio.

En él, la Fiscalía pide seis años de prisión por el delito de “propaganda contra el orden constitucional”. Según el orwelliano relato de los hechos, a finales de agosto del año pasado, Almenares escribió en trozos de sábana “utilizando una sustancia de color rosado” las palabras: “Cuba Primero en las calles por los derechos humanos”, “Queremos cambios ya Cuba Primero” y “Cuba Primero” y luego los colgó “entre el puente del Combinado del Este y el puente de la localidad de Santa Fe, municipio Guanabacoa, La Habana, vía esta muy transitada a cualquier hora del día, donde incluso circulan ómnibus del transporte público de la capital”.

Para el ministerio fiscal, se trata de “frases con contenido contrarrevolucionario”, colocadas “en un lugar donde pudieran ser vistas por transeúntes, con el propósito de provocar desórdenes sociales, alterar la tranquilidad ciudadana y crear descontento en la población, resaltando, además, en cada uno de estos, los objetivos perseguidos por una organización no reconocida legalmente en territorio cubano, incitando de esta manera contra el orden social establecido en el país mediante la Constitución de la República”.

Se trata de "frases con contenido contrarrevolucionario", colocadas "en un lugar donde pudieran ser vistas por transeúntes, con el propósito de provocar desórdenes sociales"

El texto hace hincapié en que el artista “mantenía relaciones” con “miembros de la organización contrarrevolucionaria Cuba Primero” –organización a la que pertenecen Daniel Alfaro Frías, José Antonio Pompa López y Lázaro Mendoza García, a quienes condenaron a nueve, ocho y cinco años de prisión esta semana–, y asegura que fue esa organización, a través del “ciudadano cubanoamericano Armando Labrador Coro”, quien le envió a Nando OBDC “la suma de 200 dólares” a principios de septiembre de 2024.

La acusación formal contradice la primera versión de las autoridades, quienes justificaron que la detención de Almenares Rivera, el 31 de diciembre del año pasado en su casa, en La Lisa, era por actos de “terrorismo” por “un incendio ocurrido en el parque Lenin, el pasado 30 de diciembre”, en el que presuntamente había participado.

En el documento jurídico figura, además, las propiedades confiscadas al rapero, que constituirían pruebas del delito: un teléfono móvil “marca Samsung de color azul con protector de color negro”, 545 pesos que “fueron depositados a disposición del Tribunal en la agencia bancaria del Banco Metropolitano” y “cuatro pedazos de sábana con los textos contrarrevolucionarios pintados, que se adjuntan a las actuaciones como pieza de convicción”.

También se dice en la petición fiscal que Almenares se encuentra en el Combinado del Este, aunque en estos momentos está en la prisión Cuba Panamá, ubicada en Güines, Mayabeque, destinada a enfermos de VIH/sida. Su madre ha denunciado públicamente que lo mantengan recluido en ese lugar, cuando él no tiene este padecimiento.

“Allá adentro hay tuberculosis, hay chinches, sarna, todo tipo de enfermedades y le dije a Fernando que no se dejara pinchar por nadie porque podían inocularle el virus”, declaró Eva Rivera a Martí Noticias el pasado septiembre. La mujer explicó que el director del penal le reprochó que su hijo se negara a recibir la terapia que le dan al resto de presos. “Una terapia que le dan a los pacientes esos, que tienen su tratamiento, su medicina”, aclaraba Rivera, que aseveraba haberle dicho al funcionario: “Bajo mi responsabilidad, yo no permito que Fernando se pinche ni tome ningún tipo de terapia, porque Fernando no tiene ningún tipo de enfermedad”.

A finales de julio, el rapero estuvo en huelga de hambre, para protestar por habérsele incomunicado en la prisión.

El activismo del músico ya estaba en la mira de las autoridades desde hace un tiempo. En noviembre de 2021, fue citado a la Séptima Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria por sus publicaciones en redes sociales.

Tan solo en septiembre pasado hubo al menos 212 acciones represivas en Cuba contra la población civil, de las cuales 39 fueron detenciones arbitrarias

Las penas y represión contra la libertad de expresión, en un país en el que los ciudadanos solo exigen un piso mínimo para vivir, se han endurecido en los últimos años. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (Ocdh), con sede en Madrid, reportó este martes que tan solo en septiembre pasado hubo al menos 212 acciones represivas en Cuba contra la población civil, de las cuales 39 fueron detenciones arbitrarias.

La mayoría estos casos fueron “de corta duración (27)” y estuvieron relacionados con la manifestación pacífica en Gibara (Holguín), el 13 de septiembre, donde los vecinos salieron a las calles con gritos de reclamo como “¡Corriente y comida!”, “¡El pueblo unido jamás será vencido!” y “¡Libertad, libertad!”.

“Ha sido un mes negro para la libertad de expresión, debido a las condenas y juicios. El régimen quiere infundir terror ante su estrepitoso fracaso socioeconómico y su incapacidad para buscar soluciones”, indicó el Ocdh.

Según el informe, en septiembre, “el régimen cubano profundizó la penalización de la libertad de expresión en redes sociales y de la manifestación pacífica. Hemos conocido la sentencia contra Ana Ibis Trista Padilla y Jarol Varona Agüero, que les condena a 14 y 13 años de cárcel, respectivamente, por ‘propaganda contra el orden constitucional’ y ‘otros actos contra la seguridad del Estado’. Y por ‘propaganda contra el orden constitucional’ a Félix Daniel Pérez Ruiz (cinco años) y a Cristhian de Jesús Peña Aguilera (cuatro años), todo por compartir en las redes sociales la convocatoria a una manifestación pacífica que, de hecho, no se realizó”, recordó el observatorio.

En el país, desde enero pasado, ya son 2.462 acciones represivas contra la población “con el fin de impedir o limitar el ejercicio de derechos civiles y políticos en Cuba. De estas, 461 han sido detenciones arbitrarias”.