El Estado cubano transfiere la asistencia social a la emigración y la caridad extranjera

Madrid/Las imágenes de voluntarios de Cáritas repartiendo cajas de comida por media Isla retratan un cambio de época. El Estado que durante décadas presumió de proteger a todos, con la libreta de abastecimiento como emblema, ya no alcanza a sostener a los más pobres. En una crisis que economistas independientes juzgan peor que la del Período Especial, la protección social ya no descansa en el presupuesto, sino en las remesas y la ayuda extranjera. Así, por ejemplo, lo afirma Pedro Monreal, en un análisis publicado el viernes en su página.

El Presupuesto del Estado de 2026 reserva 6.000 millones de pesos para la asistencia social. En dólares son entre 6,6 y 7,3 millones, según la tasa de cambio. Frente a esa partida están las remesas, sin cifra oficial. Monreal las estima, conservadoramente, en 1.000 millones de dólares al año, unas 140 veces el gasto en asistencia estatal. El verdadero sistema de protección social, afirma, es privado y transnacional, y en su forma actual profundamente desigual. “La remesa protege, pero también excluye”, resume. Solo el 37% de los hogares recibe dinero del exterior, y quienes no lo reciben están entre los más golpeados por la crisis.

Para ellos queda la asistencia pública, y Monreal aclara: ser vulnerable no es ser beneficiario. La lista de vulnerables es un diagnóstico que no obliga a pagar nada; la de beneficiarios, un compromiso presupuestario. El Gobierno informó de 883.436 personas vulnerables, cifra que coincide con los “especialmente vulnerables” a quienes se prometió en octubre una cuota de alimentos. Los beneficiarios registrados en 2025 eran 303.298. Ambas cifras quedan lejos de los dos millones de personas que la ONU se propone asistir, o de los 6,45 millones de pobres, dos de cada tres cubanos, que estima la socióloga Mayra Espina. Monreal lo llama “vulnerabilidad imprecisa”.

En menos de tres días llega en remesas a Cuba lo que el Estado destina a la asistencia social en un año

Para cobrar hay que cumplir tres condiciones a la vez: que nadie en el hogar pueda trabajar, que los ingresos no alcancen para comida, medicinas y servicios básicos, y que no haya familiares obligados a ayudar. La vulnerabilidad no tiene definición legal: el Ministerio de Trabajo la concreta en cada proceso de caracterización, con criterios como un ingreso inferior a 4.000 pesos mensuales por persona (menos de cinco dólares), remesas incluidas.

En menos de tres días llega en remesas a Cuba lo que el Estado destina a la asistencia social en un año. La asistencia “protege” a 174.511 núcleos familiares, unos 40 dólares al año para cada uno. Pero los hogares vulnerables eran 1.004.000 en julio, según el mismo ministerio: cobra algo más de uno de cada seis. Cubrirlos a todos, calculó Monreal en agosto, exigiría 24.300 millones de pesos: menos de 30 millones de dólares, ni el 3 % de las remesas de un año.

Detrás de esa dependencia está el campo: la cosecha de arroz cayó de 304.000 toneladas en 2018 a 111.000 en 2025. El hueco lo llena la ayuda humanitaria. La ONU había asistido hasta septiembre a 1,7 de esos dos millones, 5,6 veces los beneficiarios del Estado. Sumando a la Cruz Roja, el Programa Mundial de Alimentos, Rusia, Japón y China, Monreal calcula unos 250 millones de dólares comprometidos, aunque aún no entregados del todo.

En este punto, según el economista cubano radicado en España, el discurso oficial más se aleja de la realidad. El Gobierno niega que haya una crisis humanitaria y asegura que nunca la habrá. Añade que la ayuda no es asistencia social, y Monreal le da la razón en lo técnico: una caja de comida, discrecional y dependiente de donantes, no equivale a una prestación financiada por el presupuesto. Pero cuando la prestación no llega o no alcanza, cada vez más personas viven de la caja.

A los 250 millones de los donantes internacionales se suman los barcos de alimentos de México y los 100 millones de dólares que Estados Unidos anunció en mayo

A los 250 millones de los donantes internacionales se suman los barcos de alimentos de México y los 100 millones de dólares que Estados Unidos anunció en mayo, una suma equivalente a catorce años de asistencia social del Estado cubano. Washington canaliza esa ayuda al margen del Gobierno: según Cáritas Cuba, 60 millones pasan por la Iglesia católica, cuyos voluntarios reparten las cajas de parroquia en parroquia. Sumadas las remesas y toda esa ayuda, el Estado aporta menos de seis de cada 1.000 dólares.

El caso más revelador es Quisicuaba, una fundación religiosa de La Habana en cuya cocina se cuecen cada día 700 kilos de arroz para las 12.524 personas que pasan por su comedor, según contó en mayo a EFE su presidente, Enrique Alemán. Antes de la pandemia atendía a unas 700. Miguel Díaz-Canel la ha visitado y respaldado, y aun así Alemán, que culpa sobre todo al embargo estadounidense, habló de un «escenario de crisis humanitaria», justo lo que el Gobierno niega. Frente a ello, la red estatal es corta: sus 1.461 comedores atienden a unas 70.000 personas. Para las zonas rurales, el Gobierno creó en febrero los “hogares de alimentación comunitaria”, casas que cocinan para hasta diez vecinos: de 325 previstos funcionaban tan solo 29.

Monreal reconoce que las sanciones de Estados Unidos encarecen la vida y reducen el margen fiscal, pero subraya una insuficiencia estructural previa. Si un Estado depende de donaciones para alimentar a los más pobres, escribe, discutir si debe llamarse crisis humanitaria es secundario. Propone un piso de protección garantizado como derecho, financiado con recursos propios y sostenido por una economía que genere ingresos, que devuelva a los vulnerables la dignidad de no depender de la caridad.

Aunque el economista no ve luz al final del oscuro túnel de la asistencia social, los últimos repartos dejan entrever algo de luz. Cáritas llegó el 13 de noviembre, por primera vez, a Taco Taco, en Artemisa, y su segundo envío a Ciego de Ávila alcanzó Majagua. Pero esa luz no la enciende el Estado. El mismo que, con su visión intervencionista de la economía y su presencia invasiva en todos los asuntos de la sociedad y el mercado, se retira de la asistencia social y la deja en manos de la caridad privada.