Por ser ajena a EE UU, la británica Imperial Brands se libra de una demanda por la Helms-Burton

Madrid/La justicia estadounidense ha enterrado casi definitivamente el pleito entre la multinacional británica tabacalera Imperial Brands y un grupo de cubanoamericanos que reclamaban una indemnización de la denunciada por explotar una fábrica de cigarros que fue expropiada por Fidel Castro en 1961. 

El pasado jueves, la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito, en Florida, publicó la sentencia –divulgada este lunes por el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba–, que da la razón al tribunal de primera instancia de Miami y determina que los tribunales estadounidenses carecen de jurisdicción personal sobre los denunciados. Además de Imperial, también estaban demandados el grupo de comunicación y márketing WPP y varias de sus agencias de publicidad –Young & Rubicam y Burson Cohn & Wolfe–, por realizar campañas para comercializar los cigarros producidos en la antigua planta de Partagás.

Imperial Brands adquirió en 2007 la firma española Altadis, propietaria del 50% de Habanos S.A. (también incluida en la denuncia). En 2020, los siete herederos de Ramón Rodríguez Gutiérrez, dueño del 90% de de Ramón Rodríguez e Hijos Sociedad en Comandita (RRHSC), decidieron presentar una demanda contra la multinacional basada en la Ley Helms-Burton por el uso no autorizado de la propiedad, que incluía “la producción y distribución de millones de cigarros hechos a mano (vendidos bajo varias marcas premium) manufacturados en la propiedad, o en factorías cercanas, y procesados, almacenados y distribuidos desde la propiedad". 

Los herederos de Ramón Rodríguez Gutiérrez alegaron que el edificio de Partagás estaba siendo utilizado para fines administrativos y almacén de Tabacuba

Los herederos de Ramón Rodríguez Gutiérrez alegaron, al presentar la demanda, que el edificio de Partagás, ahora conocido como Empresa de Tabaco Torcido José Martí, estaba siendo utilizado para fines administrativos y almacén de Tabacuba, el monopolio estatal del tabaco que controla la mitad de Habanos S.A. El hecho de que la imagen del viejo edificio se usara para generar contenido en redes sociales y promoción fue el argumento presentado por los denunciantes para extender la demanda a las agencias de publicidad. 

En 2022, la jueza Alicia M. Otazo-Reyes emitió un primer informe recomendando desestimar la demanda por jurisdicción territorial inadecuada (improper venue), basándose en la inmunidad del Estado cubano. Un año después, el juez de distrito Darrin P. Gayles revisó las objeciones de los demandantes y emitió una orden que sacaba del caso a la estatal Corporación Habanos y devolvía el caso a la jueza para que evaluara si las empresas británicas y sus filiales renunciaban a basar su defensa en el mismo sentido, puesto que desde el inicio no lo habían hecho. 

Otazo Reyes determinó que, efectivamente, Imperial y el resto de demandadas no se acogían a este argumento de defensa, pero igualmente estimó que había falta de jurisdicción personal. Imperial Brands y WPP son corporaciones británicas, radicadas en Reino Unido y, según los argumentos de los magistrados, tener páginas web o utilizar agencias publicitarias locales no le daba a EE UU el poder constitucional suficiente sobre las matrices británicas. El fallo se produjo en 2024, pero los herederos apelaron. 

Ahora, el juez Kevin Newsom –nombrado por Donald Trump– ha confirmado la decisión preexistente y cita como doctrina la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Fuld v. Palestine Liberation Organization, que determinó la excepcionalidad de citar a una empresa extranjera en territorio estadounidense. La mención al caso no es baladí, ya que podría dificultar que se recurra al Alto Tribunal o que, en caso de hacerse, las expectativas sean buenas para los cubanoamericanos. 

La corte considera, además, que no está demostrado que las filiales estadounidenses de WPP fueran alter ego de la matriz británica como para imputarle contactos en EE UU y, además, añade que Imperial ni siquiera tenía oficinas ni actividad directa ligada a los hechos. 

Después de dos sentencias positivas para los reclamantes en el Tribunal Supremo vinculadas a la Helms-Burton, esta nueva decisión –aunque de una corte inferior– va despejando el panorama para los denunciantes, que tienen más posibilidades de prosperar si la empresa a la que piden indemnizaciones está en EE UU –como en los casos de Exxon Mobil y Havana Docks–. Sin embargo, si la compañía está en Europa u otro territorio será necesario probar presencia física o un vínculo operativo “directo e innegable” dentro del territorio estadounidense.