Dos empresarios texanos compiten por el control de Sherritt en Cuba

Madrid/Las negociaciones de la canadiense Sherritt con inversores estadounidenses han tropezado con las reclamaciones de antiguos propietarios de bienes confiscados por el Gobierno cubano después de 1959. Según un análisis de Bloomberg publicado este viernes, una solución legal a este conflicto podría sentar un precedente para facilitar nuevas inversiones estadounidenses en Cuba que se enfrentan también a demandas de parte de antiguos dueños amparados en la Ley Helms-Burton.

Sherritt suspendió en mayo sus actividades en Cuba, después de que Washington endureciera las sanciones contra las compañías extranjeras vinculadas al Estado cubano. Días después, la canadiense anunció que negociaba con Gillon Capital –dirigida por el empresario texano Ray Washburne, cercano a Trump– un acuerdo que podría darle el 55% de Sherritt.

La operación permitiría a la minera continuar en la Isla con el visto bueno de Washington. Tanto el Departamento de Estado como el del Tesoro de EE UU confirmaron que no se oponían al acuerdo y, por su parte, el Gobierno cubano también habría dado luz verde a la adquisición estadounidense, según fue revelado esta semana por el Miami Herald.

Otra propuesta surgió para hacerle la competencia a Gillon. Se trata de una oferta llamativa para Sherritt presentada por un consorcio que incluye a Glencore –uno de los mayores operadores mundiales de materias primas– y al empresario petrolero Albert Huddleston, también texano, como “ancla” económica en EE UU.

Esta disputa por el control de Sherritt se complica por dos reclamaciones existentes sobre propiedades que el Gobierno cubano había expropiado en 1959

Pero esta disputa por el control de Sherritt se complica por dos reclamaciones existentes sobre propiedades que el Gobierno cubano había expropiado en 1959 y que estaban vinculadas a los negocios operados por la minera canadiense en la Isla.

Una de estas reclamaciones pertenece hoy a Citigroup y está relacionada con la antigua mina de Moa Bay. La otra procede de la Cuban Electric Company, la antigua empresa eléctrica que operaba en la Isla antes de 1959, cuya reclamación ha pasado por varias manos durante décadas hasta hasta ser asumida por Atlas Holdings, actual propietario de Office Depot. Ambas reclamaciones suman un valor superior a 350 millones de dólares.

“Si Citigroup dice ‘no’, nadie consigue la mina y Sherritt vuelve al punto de partida”, dijo a Bloomberg Davy Karkason, abogado especializado en sanciones estadounidenses y arbitraje internacional.

Pedro Freyre, responsable de la práctica internacional del bufete Akerman en Miami, explicó que cualquier empresa que entre en contacto con una de esas propiedades puede quedar expuesta a acusaciones de “tráfico” con bienes confiscados ilegalmente.

Las reclamaciones podrían ser compradas, los demandantes incorporados como socios o, también, existe la posibilidad de llegar a algún acuerdo de arrendamiento

Sin embargo, existen otras opciones: las reclamaciones podrían ser compradas, los demandantes incorporados como socios o, también, existe la posibilidad de llegar a algún acuerdo de arrendamiento por el uso de las propiedades. Freyre considera que una solución de ese tipo se convertiría en un “modelo” para resolver algunos de los casos pendientes más importantes.

En este sentido, el director de Gillon, Ray Washburne, reconoció a Bloomberg que está intentando resolver al menos una de las reclamaciones, la relacionada con las instalaciones mineras. “La mina es lo que me preocupa”, dijo. Al ser preguntado sobre la demanda de la Cuban Electric Company, Washburne respondió: “Realmente no me importa eso”.

El complejo minero de Moa –cuya antigua propietaria estadounidense, Moa Bay Mining Company, dio origen a la reclamación que hoy está en manos de Citigroup– había sido nacionalizado por Fidel Castro en 1960. La demanda se valoró en 88 millones de dólares y es la tercera reclamación certificada de mayor cuantía entre las reconocidas por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras (FCSC, por sus siglas en inglés).

“Ningún comprador de Sherritt obtendrá la aprobación de la Administración Trump a menos que cuente con la aprobación de los titulares de las reclamaciones certificadas”

La segunda reclamación que pesa sobre Sherritt proviene de la Cuban Electric Company. Antes de 1959, la compañía suministraba más del 90% de la electricidad de la Isla y era uno de los principales proveedores de gas natural de La Habana. Fue una de las primeras empresas estadounidenses que el Gobierno cubano confiscó tras 1959. 

Su principal accionista era entonces American & Foreign Power y la reclamación fue certificada por la FCSC en 1970. La demanda había sido valorada originalmente en 268 millones de dólares, pero con un crecimiento del 6% anual por los intereses acumulados, se sitúa ahora como la mayor de las reclamaciones certificadas contra Cuba, con un valor de 803 millones de dólares.

John Kavulich, presidente del US-Cuba Trade and Economic Council, calificó el caso de Sherritt como uno de los ejemplos paradigmáticos del laberinto creado por la Helms-Burton para quienes intentan invertir en la Isla. Según Kavulich, resolver este conflicto podría convertirse en un “milagro entre los milagros”.

Una solución de ese tipo se convertiría en un “modelo” para resolver algunos de los casos pendientes más importantes

“Ningún comprador de Sherritt obtendrá la aprobación de la Administración Trump a menos que cuente con la aprobación de los titulares de las reclamaciones certificadas”, dijo Kavulich. “Es una especie de carrera entre estas partes para llegar a un acuerdo”.

Precisamente, el US-Cuba Trade and Economic Council publicó este viernes un análisis que apunta al interés de Washington por la industria minera en Cuba. El análisis se centra en el caso de la australiana Antilles Gold, que suspendió sus operaciones en la Isla después de que EE UU sancionara a su socio cubano y que ahora negocia una reestructuración empresarial para facilitar la entrada de capital estadounidense, con una estrategia similar a la que sigue Sherritt.

La australiana firmó el 25 de agosto un acuerdo vinculante con GEM Global Yield para que ese fondo de inversión estadounidense adquiera inicialmente el 25% de la filial de Antilles Gold que posee el 50% de la estatal cubana Minera La Victoria. El objetivo es que entidades estadounidenses lleguen a controlar al menos el 51% de esta filial antes del 30 de junio de 2028, como vía para intentar levantar las sanciones y reanudar las operaciones para empezar la explotación de una mina de oro y cobre en la Isla.