El Gobierno cubano autoriza la “empresa privada de gran tamaño”, con más de 100 empleados

Madrid/El Gobierno cubano sigue modificando leyes para concretar las medidas económicas anunciadas el pasado junio. Así, este miércoles, quedó concretado en la Gaceta Oficial el decreto que permite que cubanos residentes en el exterior sean socios de una empresa privada, o que una sola persona sea socia en más de una firma, además de otras disposiciones para actores económicos no estatales.

La misma norma, entre otras flexibilizaciones, elimina el límite a las mipymes de tener como máximo 100 trabajadores, e institucionaliza la “empresa privada de gran tamaño”. Además, y como también anunció la dirigencia del país, descentraliza la aprobación de las mipymes y otros actores económicos, estableciendo como responsable de ello a los municipios.

Esto último, no obstante, no es en sí mismo señal de apertura: mediante esa descentralización, precisamente, las provincias han podido reintroducir controles de precios, algo que se supone pretendían eliminar las medidas dadas a conocer en junio.

Además, permite las “casas de cuidado infantil”, si bien estas quedan sometidas al aval de la Dirección General de Educación Municipal

Entre las nuevas disposiciones está también la Resolución 30/2026, que abre la profesión docente, aunque la siguen sometiendo a estrictas condiciones. A los maestros se les autoriza el pluriempleo, permitiendo, por ejemplo, ofrecer clases de repaso particulares, con la condición de que no se den en las escuelas públicas ni se usen sus materiales didácticos.

Además, permite las “casas de cuidado infantil”, si bien estas quedan sometidas al aval de la Dirección General de Educación Municipal y tienen como requisitos un curso de habilitación/certificación bianual obligatorio, así como normas estrictas de seguridad e higiene.

En una segunda Gaceta, publicada también este miércoles, el Gobierno se ocupa de nuevas leyes destinadas a regular a las empresas estatales, no sin antes establecer, como de costumbre, que “la empresa estatal socialista es el sujeto principal de la economía nacional”. En concreto, por ejemplo, descentraliza el funcionamiento del entramado de firmas públicas, que a partir de ahora quedan bajo la égida del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales (Inaee), cuya creación quedó finalmente formalizada el pasado 29 de junio.

El traspaso de funciones a este ente por parte de los ministerios correspondientes se establece en “un plazo gradual de hasta 180 días”.

Las “empresas estratégicas” son “aquellas que operan en sectores reservados al Estado por razones de defensa, seguridad nacional o interés económico superior”

Asimismo, el nuevo decreto divide a las empresas estatales en cuatro categorías. Una de ellas son las denominadas “competitivas”, que podrán abrirse al capital privado. Definidas como “aquellas no clasificadas como estratégicas, que demuestran capacidad para competir en los mercados internacionales o en el mercado interno”, se especifica que “son candidatas preferentes a la transformación en sociedad mercantil, con posibilidad de apertura al capital privado nacional y extranjero”.

No podrán abrirse así, sin embargo, las “empresas estratégicas”. Son “aquellas que operan en sectores reservados al Estado por razones de defensa, seguridad nacional o interés económico superior”, donde el Gobierno está obligado a mantener “una participación mayoritaria, directa o indirecta” y cuya “transformación en sociedad mercantil se sujeta a condiciones especiales”.

Otra clasificación es la de “empresas de protección social y servicio público”, que “garantizan el acceso de la población a bienes y servicios esenciales, protegiéndolos de la volatilidad del mercado”. El texto jurídico no da nombres, pero indica que su “función principal es contribuir a la estabilidad social y a la soberanía alimentaria, formando parte de la estrategia del Estado para proteger a los sectores más vulnerables”.

Por último, establecen las de “ciencia y tecnología”, fundamentadas en “la investigación, el desarrollo y la innovación, la generación de propiedad intelectual, la alta calificación de su fuerza laboral y la orientación a la exportación de bienes o servicios de alto valor agregado”.

La ley también amplía la autonomía de las empresas estatales para gestionar planes anuales, definir precios, contratar personal, aprobar estructuras, buscar financiamiento, asociarse con otros actores y abrir operaciones en el exterior, si es que generan divisas.