El Gobierno pide vigilar a los vecinos que instalan amplificadores de señal telefónica
Comunicaciones
Un funcionario del Ministerio de Comunicaciones reclama la colaboración comunitaria para detectar equipos prohibidos, mientras persisten las averías de Etecsa
Madrid/El Ministerio de Comunicaciones de Cuba ha vuelto a advertir que está prohibido importar y utilizar amplificadores de señal o repetidores de telefonía móvil, bajo amenaza de multas y decomisos. La institución asegura que estos dispositivos provocan interferencias y perjudican a otros usuarios, en un país donde la cobertura telefónica falla constantemente y Etecsa, el monopolio estatal de las telecomunicaciones, no logra garantizar un servicio estable.
“No se deje engañar”, señala el Ministerio en una publicación de Facebook, en la que insiste en que los repetidores no están homologados ni autorizados por el organismo regulador del espectro radioeléctrico. Según las autoridades, estos aparatos provocan cortes de llamadas y pérdidas de calidad en las comunicaciones.
El diario oficialista 5 de Septiembre, de Cienfuegos, ha reforzado la advertencia con un artículo firmado por Pablo Morales Concepción, director territorial de Control del Ministerio de Comunicaciones. Según el funcionario, los equipos mal calibrados amplifican el ruido electromagnético y hacen que la antena del barrio se vuelva “sorda” ante las señales de los teléfonos. En los casos más graves, asegura, pueden dejar a cientos de usuarios incomunicados.
“La vigilancia debe ser comunitaria”, sostiene el director territorial de Control del Ministerio de Comunicaciones en Cienfuegos
“El vecino que instaló el amplificador para tener 'una rayita más' de señal está robando la calidad del servicio”, sentencia Morales, que reclama intensificar la vigilancia aduanera y localizar los equipos instalados en viviendas. “La vigilancia debe ser comunitaria”, sostiene, y pide involucrar a las autoridades locales en la identificación de los propietarios.
La prohibición de importar estos dispositivos quedó recogida expresamente en la Resolución 1/2026, publicada el 21 de mayo en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 66. La normativa también mantiene restricciones sobre los terminales de internet satelital, como Starlink, y exige autorización técnica para introducir determinados routers, antenas y otros equipos de telecomunicaciones.
Las prohibiciones han tenido consecuencias. En abril de 2025, la Aduana General de la República informó del decomiso de 20 kits de Starlink y 85 routers en el aeropuerto de La Habana. En octubre pasado, un perfil oficialista aseguró que varios vendedores de antenas satelitales habían sido condenados en Santa Clara a cuatro y cinco años de prisión, aunque no identificó a los sancionados ni presentó sentencias judiciales que permitieran comprobarlo.
La advertencia del Ministerio ha provocado numerosas críticas en su propio post. El usuario Juan Carlos Pupo Ruiz reconoce que las interferencias requieren regulación, pero cuestiona que las autoridades no hacen “ninguna de las dos cosas: ni mejora la señal ni te permiten comprar una solución por tu cuenta. Te dejan incomunicado y, si intentas buscarte la vida, te multan y te decomisan el equipo”.
Geiler Rodríguez tampoco descarta los perjuicios técnicos: “La gente busca soluciones para comunicarse, sin ser del todo consciente del daño colectivo que esto puede ocasionar”. Sin embargo, reclama que el Gobierno explique qué está haciendo Etecsa para mejorar su infraestructura, en lugar de limitarse a enumerar prohibiciones.
“El cubano de a pie no puede seguir siendo el que paga los precios, soporta las deficiencias y, encima, tiene que pedir permiso para buscar una solución”, demanda un usuario
“Pues comiencen a homologar y comercializar los que se puedan usar”, propone Jes Divale en los comentarios al post oficial. Yuniel González Torres resume el malestar: “El cubano de a pie no puede seguir siendo el que paga los precios, soporta las deficiencias y, encima, tiene que pedir permiso para buscar una solución”.
Las deficiencias de la red han sido reconocidas por el propio monopolio de las telecomunicaciones en Cuba. En enero de 2025, su presidenta, Tania Velázquez, informó de que la mitad de las 5.600 radiobases del país carecía de respaldo energético y el 10% presentaba fallas en piezas y componentes. Durante los apagones, las estaciones sin electricidad dejan de funcionar y sobrecargan las restantes.
A esos problemas se sumó el tarifazo de mayo de 2025. Etecsa limitó las recargas en pesos cubanos a 360 cada 30 días y estableció precios de 3.360 pesos por 3 gigabytes adicionales y 6.720 por 7 gigabytes, una cantidad superior al salario medio mensual de 2024.
El primer ministro Manuel Marrero reconoció en julio de 2025 que la compañía había recaudado 24.839.000 dólares en apenas 46 días con las nuevas tarifas y prometió inversiones para recuperar la infraestructura. Sin embargo, en septiembre de este año Etecsa acumulaba unos 77.000 reportes de servicios fijos interrumpidos.
En octubre, 14ymedio documentó que vecinos del Casino Deportivo, en La Habana, llevaban casi un mes sin teléfono ni internet porque Etecsa carecía de cables para reparar una avería. Algunos debían caminar varios kilómetros para conectarse y otros continuaban pagando por el Nauta Hogar inutilizado solo por temor a perder el servicio.