En Matanzas, la policía controla los vehículos para detectar si usan aceite dieléctrico robado

La Habana/El aceite dieléctrico robado de los transformadores ha terminado en un lugar que las autoridades conocen bien: los depósitos de combustible de los vehículos. En Matanzas comenzó a funcionar un sistema de inspección en las carreteras para tomar muestras de diésel y comprobar si ha sido mezclado con aceite sustraído de la infraestructura eléctrica.

La medida fue divulgada por el canal oficialista TV Yumurí, que asegura que la provincia concentra nada menos que el 60% de los robos de este producto registrados en todo el país. Más de 90 transformadores han resultado dañados por los hurtos y las pérdidas superan el medio millón de dólares solo por la reposición del aceite, parcialmente importado, de acuerdo con la información.

En los puntos de control participa personal de los laboratorios de la Empresa Comercializadora de Combustibles, encargado de analizar las muestras extraídas de los vehículos. El objetivo es detectar la presencia de aceite dieléctrico mezclado con el diésel y seguir el rastro de un mercado clandestino que las propias autoridades reconocen implícitamente al desplegar el nuevo dispositivo. El sistema, estrenado en Matanzas, deberá extenderse, según TV Yumurí, a otros territorios con elevados índices de robo.

Ya en septiembre de 2024, las autoridades reconocían que bandas organizadas lo vendían a 250 pesos el litro para utilizarlo en vehículos diésel

La utilización del aceite de los transformadores como combustible no es nueva. Ya en septiembre de 2024, las autoridades reconocían que bandas organizadas lo vendían a 250 pesos el litro para utilizarlo en vehículos diésel. Entonces alertaban además de una evolución del delito: los robos, inicialmente concentrados en transformadores de subestaciones, habían comenzado a extenderse a los equipos de distribución instalados en postes de barrios y comunidades. La Unión Eléctrica admitía que la sucesión de robos había reducido tanto las reservas que algunas reparaciones obligaban a trasladar equipos desde otras provincias y podían prolongar los apagones durante días. 

Tampoco se trata de “una ocurrencia” exclusivamente cubana. La práctica está documentada desde hace años en países como Kenia y Zimbabue, aunque en la Isla ha encontrado terreno fértil debido a la crisis actual de combustibles.

En Holguín, el pasado lunes la prensa oficialista desplegaba un amargo recuento de estos casos en la provincia y los calificaba de "epidemia", de lo cual culpaban a "la lentitud con que transcurren los procesos judiciales". En los juicios que han trascendido, las penas han sido de 12 años de prisión.

Las autoridades insisten en encuadrar estos robos entre los delitos de “sabotaje” contra el sistema eléctrico nacional (SEN), aunque las propias investigaciones muestran que el propósito de los autores suele ser lucrar con el aceite en el mercado negro. El Código Penal cubano permite, sin embargo, una interpretación amplia de esa figura. Así, una sustracción concebida como negocio puede terminar siendo juzgada como “un delito contra la Seguridad del Estado”. La interpretación resulta mucho más extensiva que en la mayoría de los países, donde el sabotaje suele exigir la clara intención de perjudicar la seguridad nacional o provocar graves daños públicos. 

El riesgo, sin embargo, no es solo penal. Para extraer el producto de los transformadores de distribución, los ladrones deben trepar hasta equipos que pueden estar energizados, algunos a 13.800 voltios. Al menos dos personas han muerto este año en incidentes ocurridos durante estas sustracciones. Pero pese a las penas, el peligro de electrocución y los daños que provoca en la red, el delito continúa expandiéndose.

Según TV Yumurí, Cuba produce aceite dieléctrico en la refinería Sergio Soto, de Cabaiguán, para los transformadores de bajo voltaje, mientras debe importar el destinado a equipos de mayor tensión. El precio internacional, señala el medio, ronda entre tres y cuatro dólares por litro, antes de sumar fletes y otros gastos que pueden encarecerlo hasta un 25%.

Los robos, por tanto, obligan a buscar un producto costoso y difícil de importar y, al mismo tiempo, dejan fuera de servicio los transformadores, justo cuando un tercio del país ha quedado a oscuras debido a otra desconexión parcial del SEN.