La niña de 9 años asesinada era una de los 70 menores cuyas madres fueron víctimas de feminicidio

Madrid/Han pasado diez días desde el asesinato de Orlis Daniela, de solo nueve años, a manos de un vecino en Grito de Yara, Granma, y las autoridades no se han pronunciado. La confirmación, a través de varios perfiles oficialistas –y confirmada por familiares–, de la detención de su presunto asesino es lo único que se sabe de un crimen tan atroz como triste. En febrero de 2024, en Las Tunas, la niña halló, junto con sus cuatro hermanos menores de edad, el cadáver de su madre, asesinada por su pareja el día de San Valentín. 

La coincidencia de dos muertes violentas en la misma familia es una incógnita que ha desatado todo tipo de teorías y especulaciones en la Isla. ¿Están vinculadas las muertes pese a producirse en diferentes provincias? ¿Con quién vivían Orlis Daniela y sus hermanos tras el fallecimiento de su madre? 

Por el momento, lo único que parecen hechos constatados es que el asesinato fue extremadamente violento y que se produjo el pasado viernes 20 de junio, cuando la niña estaba sola en la casa de Grito de Yara donde residía. Aunque se ha dicho que vivía con su padre y hay quienes señalan que la acogían personas sin relación familiar después de que sus allegados renunciaran a hacerse cargo de ella, la versión más fiable apunta a que eran los abuelos de Orlis Daniela quienes la cuidaban. En el momento de los hechos, ambos estaban trabajando en el campo. 

Por el momento, lo único que parecen hechos constatados es que el asesinato fue extremadamente violento y que se produjo el pasado viernes 20 de junio, cuando la niña estaba sola en la casa de Grito de Yara donde residía

La niña era hija de Yusmila Mayo Ruiz, octava muerte confirmada por las asociaciones feministas de la Isla el pasado 2024. La mujer tenía 37 años y fue asesinada en su propia casa en la localidad de Omaja, en Majibacoa (Las Tunas), a manos de su pareja. De los siete hijos que tenía, cinco eran menores. 

El presunto asesino de la niña ha sido identificado por algunos residentes en la zona como Carrasco, un conocido de la familia que trató de huir y fue capturado gracias a un operativo de agentes de policía con apoyo de campesinos de la zona. Aunque el caso está siendo investigado, el silencio oficial es total, lo que ha provocado cientos de comentarios inundando las redes sociales en los últimos días. 

Se ha hablado de venganza, de relación familiar entre el padre de la menor y el supuesto agresor, de vínculos de este con el asesino de la madre… La opacidad alimenta las especulaciones, un hecho que contrasta con el asesinato en Getafe (Madrid) de Maritza, una cubana víctima de la violencia machista en España. A las pocas horas del suceso, fuentes de emergencias ya habían ofrecido los datos fundamentales del caso y la prensa había dado una amplia cobertura del suceso. La lamentable coincidencia de que su asesinato fuera el primero de los seis que se produjeron en 48 horas en España –de los 22 que se han cometido este 2025– ha llevado incluso a que a que Maritza, originaria de Puerto Padre protagonizara un especial –en el que se traza su perfil y el del resto de fallecidas– dedicado a las negras jornadas este sábado en el diario El País.

El tratamiento –el Ministerio de Igualdad español, además, mantiene un registro actualizado a diario de los casos de violencia machista– dista mucho del que se da en Cuba, donde hace pocas semanas se ha podido acceder a uno de los escasos datos oficiales que hay de feminicidios en la Isla: la estadística de “víctimas de asesinato por razones de género”, conocidas en procesos judiciales juzgados en el año 2024. 

Gracias a ese dato, se sabe que el pasado año se juzgaron 76 asesinatos machistas en la Isla en los que las víctimas eran mayores de 15 años y que pudieron ocurrir en cualquier momento y fecha. 

La tasa –teniendo en cuenta que se cuentan casos juzgados– se sitúa en 1,79 por cada 100.000 mujeres, aproximadamente en la media del continente. De acuerdo con un informe de ONU Mujeres, relativo a 2023, las cifras más altas se dan en África (2,9 víctimas por cada 100.000 habitantes, mientras América registra 1,6 víctimas por cada 100.000 habitantes, Asia un 0,8 y Europa, un 0,6).

En 2024, siempre siguiendo estos datos de tribunales, la provincia con más casos juzgados fue La Habana con 12, aunque esto se correlaciona con la población, ya que la tasa es moderada en comparación con otras provincias (1,49). En Santiago de Cuba hubo nueve casos y la tasa fue de 2,20, mientras en Matanzas, con ocho, la tasa subió hasta 2,96. Con todo, lo peor fue para Cienfuegos, donde se juzgaron siete muertes pero la tasa escala al 4,7 por cada 100.000. 

Lo peor fue para Cienfuegos, donde se juzgaron siete muertes pero la tasa escala al 4,7 por cada 100.000

Se dieron más casos en la zona urbana (44) que en la rural (32), aunque la tasa es mucho mayor en el campo (3,27, frente al 1,35 en la ciudad). Por edades, el grupo más numeroso de víctimas lo formaron las que tenían entre 20 y 44 años, con 44 muertes, seguida a distancia del que va de 45 a 59 años, con 17. 

Otros datos que ayudan a trazar el perfil son los de raza –mayoritariamente blanca, aunque negra y mulata aumentaron en 5 y 10 casos si se compara con el año precedente–, así como la situación laboral, ya que la inmensa mayoría no trabajaban (un 69,7%). El hogar sigue siendo el lugar que más peligro representa en estos casos: allí se produce el 73,7% de los asesinatos, 55 de ellos a manos de parejas y exparejas, mientras en los 21 restantes fueron otras personas. En ellos, 70 menores quedaron huérfanos. 

Las asociaciones feministas han demandado al Estado especial atención para estos niños, que quedan en situación de desamparo. “Pedimos protección real para los demás hijos de Yusmila (cuatro hoy con vida) y todos los niños y las niñas sobrevivientes al feminicidio de sus madres en Cuba. Pedimos apoyo para las familias que quedan a su cargo con miles de dificultades económicas y de gestión en un país devastado”, han exigido.

El registro actualizado de víctimas de violencia machista que el Gobierno anunció en julio de 2024 no será público, según reconocieron las autoridades este abril. De este modo, los datos solo estarán disponibles para “un equipo multidisciplinario de expertos de la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Interior, el Tribunal Supremo Popular y la Universidad de las Ciencias Informáticas”, con el fin de evaluarlos –sin transparencia alguna, precisamente ahora que hay una ley al respecto– y tomar decisiones que conduzcan a la tan esperada Ley Integral de Violencia de Género, que se calcula como muy pronto para 2026.