Última audiencia para uno de los cubanos condenados a muerte en Florida

Madrid/Un juez de Florida decide en estos momentos si confirma o paraliza la ejecución del asesino de la cubana Yvette Fariñas a manos de su compatriota Rafael Andrés, prevista para final de mes.

En un último intento de que la sentencia se suspenda, el juez del Tribunal de Circuito de Miami-Dade, Zachary James, escuchó este lunes a varios compañeros de prisión que hablaron a favor de las virtudes de este cubanoamericano de 61 años, condenado por dos asesinatos. Andrés llegó de la Isla en los 80 junto a su esposa, y en 1987 mató también a la cubana Linda Azcarreta, amiga de la familia, para robarle apenas 100 dólares. Por este hecho fue condenado a nueve años de prisión, pero su buena conducta le supuso una libertad anticipada y cumplió solo 18 meses de cárcel. 

La prensa local ha contado que Andrés se vio beneficiado por un inusual cúmulo de acontecimientos. A finales de los 80, la masificación en las prisiones de Florida hizo que los beneficios se otorgaran con mayor ligereza, llegando a crearse programas de liberaciones administrativas en los que se entregaban días de “crédito” por buena conducta o realizar trabajos que reducían drásticamente las penas. El cubano fue, además, considerado un migrante que no daría tantos problemas como otros delincuentes vinculados al narcotráfico, que entonces eran alarmantes. 

El cubano fue, además, considerado un 'marielito' que no daría tantos problemas como otros delincuentes vinculados al narcotráfico, que entonces eran alarmantes

Todo eso llevó a la calle al preso en un tiempo que hoy sería imposible –desde mediados de los 90 se exige el cumplimiento de al menos el 85% de la pena en delitos violentos– y allí encontró trabajo como reparador, lo que le facilitó entrar en la vivienda de Fariñas en 2005. 

La cubana acababa de llegar a Florida desde la Isla y trabajaba en el conocido restaurante La Carreta, dentro del Aeropuerto Internacional de Miami. Andrés, que debía realizar obras de reforma en el estudio que la joven de 31 años compartía con su pareja, aprovechó la ocasión para intentar robarle y después la apuñaló y estranguló con un cordón antes de incendiar la vivienda. 

El ensañamiento, agravado por un antecedente penal, devolvieron a Andrés a prisión y en 2015 fue condenado a la pena capital. Su caso, como tantos con la sentencia más alta, ha tenido múltiples vaivenes –entre otros, por la exigencia de unanimidad durante algún tiempo para aplicarla, que ya no está vigente– y en más de una ocasión se le ha concedido derecho a otro juicio para determinar si se conmutaba la condena por cadena perpetua. Pero esta parece ser su última oportunidad. 

Durante la apelación, en la que estuvoel Nuevo Herald, tres compañeros de prisión lo defendieron como un gran mediador en peleas y una persona que ha abrazado la espiritualidad en su pena, mientras la defensa pidió que se tenga en cuenta el daño cerebral causado por la cocaína en su juventud. 

Aunque su caso es uno de los más emblemáticos entre la comunidad cubana en Florida, Rafael Andrés no consta en los registros de extranjeros de la organización Death Penalty Information Center, por lo que se cree que en algún momento obtuvo la nacionalidad por naturalización. Según esta organización, con sede en Washington y especializada en elaborar informes y estudios sobre la pena capital –aunque no tiene posición al respecto sí es crítica con cómo se aplica– hay cinco cubanos actualmente en el corredor de la muerte, siendo la tercera nacionalidad con más casos –empatada con El Salvador y Honduras–, por detrás de México (44) y Vietnam (6).

De los 12 presos extranjeros condenados a muerte en Florida, cinco son cubanos. Uno de ellos es Omar Blanco, uno de los más veteranos, ya que su crimen ocurrió en el año 82. El cubano entró a robar en la casa de John Ryan, en el condado de Broward y le disparó frente a su esposa. Una mala defensa y su capacidad mental han centrado la atención durante las décadas de litigios que lleva su caso.

Leonardo Franqui participó en el asalto a un banco de Hialeah en 1992 durante el que se produjo un tiroteo en el que murió un oficial de policía, Steven Bauer. Su sentencia también ha sido muy controvertida, ya que tiene una discapacidad intelectual y, además, las confesiones de sus cómplices han sido puestas en tela de juicio. Uno de ellos es el otro cubano condenado a pena de muerte, Pablo San Martin, sobre el que también pesaban acusaciones de robos con violencia. La defensa también ha apelado por, entre otras cosas, su precaria salud mental.

Marbel Mendoza también fue condenado en 1992, aunque por otro delito: el del asesinato de Conrado Sotto durante un robo

Marbel Mendoza también fue condenado en 1992, aunque por otro delito: el del asesinato de Conrado Sotto durante un robo. El fallecido, que tenía un negocio de cambio de moneda, volvía a casa con la recaudación del día cuando fue sorprendido por el cubano y sus cómplices. Mendoza le disparó para quitarle el maletín y la Fiscalía le atribuyó específicamente una meticulosa premeditación en el crimen. Aunque ha apelado varias veces por la falta de unanimidad del jurado, se le ha confirmado la sentencia en todos los casos. 

El último –con datos de septiembre de 2025– es Manolo Rodríguez, condenado por un crimen violento que se produjo también en 1992 en el condado de Miami-Dade. En su caso, el asesinato estuvo más vinculado a un típico ajuste de cuentas, ya que disparó y trató de ocultar el cuerpo de Bárbaro Bobby Simón, un conocido, tras una disputa relacionada con deudas o negocios personales. Después de entre 44 y 34 años en prisión, ninguno de los cinco tiene siquiera fecha de ejecución.

En diciembre de 2024, a punto de abandonar la Casa Blanca, Biden conmutó las penas a 37 presos del corredor de la muerte, uno de ellos, Daniel Troya, de origen cubano. Además, se espera para este mes una decisión sobre la posible repetición de juicio en el caso de Pablo Ibar, el español de madre cubana que lleva desde 1994 en prisión –16 años en el corredor de la muerte y actualmente condenado a cadena perpetua– y cuya odisea judicial podría acabar si logra –como el otro inculpado– demostrar su inocencia en el triple asesinato de Miramar, en Florida.

Este estado batió récord de ejecuciones en 2025, con un total de 19, de las 47 del país. Antes de ese, el año en que se aplicó la pena capital a más reos fue 2014, con 8. En lo que va de año, ya van tres casos más.