Desmontan en Colombia una valla sobre los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela

La Habana/La cumbre que presumía de “diálogo” empezó en Santa Marta, Colombia, con un acto de censura. Antes de que ningún presidente pronunciara la primera palabra, los funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro ya habían dado la orden de desmontar una valla que solo pedía libertad para los presos políticos de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

El cartel –colocado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos– no duró ni 24 horas en su lugar. Estaba junto al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, justo por donde debían desfilar las delegaciones de la IV Cumbre Celac-UE. Fue retirada el viernes, un día antes del encuentro que, según los discursos oficiales, busca “fortalecer la cooperación birregional” y “construir una agenda de derechos”.

La valla expresaba lo que la mayoría de los políticos que participan en la Cumbre se resisten a decir desde sus podios: “Cada persona encarcelada por defender los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela representa una promesa incumplida de la democracia. ¿Hasta cuándo?”

La pregunta era directa. Por eso fue eliminada con prisa y sin explicación oficial. “Esta decisión vulnera nuestro derecho a la libertad de expresión y limita la posibilidad de denunciar las violaciones a los derechos humanos en estos tres países, precisamente en un espacio que se presenta como un foro de diálogo”, denunció la ONG en un comunicado.

El jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez, junto con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, son los únicos líderes de peso que están en la cumbre

Este episodio recuerda otra valla retirada a toda prisa. El 23 de agosto, las autoridades colombianas ordenaron desmontar un anuncio que exhibía las recompensas ofrecidas por la captura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Pero esa vez no se trató simplemente de censura administrativa. El propietario del espacio publicitario, ubicado en la frontera con Venezuela, denunció que no solo fue obligado a retirar el cartel, sino que recibió amenazas de muerte contra él y su familia.

La IV Cumbre Celac-UE reúne a 60 países, 33 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos (Celac) y 27 de la Unión Europea. Pero llega sin brillo y sin la mayoría de los mandatarios de ambas regiones. El jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez, junto con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, son los únicos líderes de peso que están en la cumbre. También ocupan sillas los representantes de los tres regímenes autoritarios latinoamericanos: Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Cuba –el mismo régimen que hoy tiene 1.179 presos políticos, según el último informe de Prisoners Defenders– envió a su vicepresidente, Salvador Valdés Mesa. De ese número de prisioneros de conciencia, más de 700 están encerrados en las cárceles cubanas, y el resto permanece bajo libertad limitada, que incluye reclusión domiciliaria o licencias extrapenales. Es el país más represivo de la región si se mide por encarcelamientos políticos per cápita.

La postura de Gustavo Petro demuestra que en el Caribe colombiano se pueden debatir todas las transiciones excepto la de dictadura a democracia

Venezuela, por su parte, llega con 875 prisioneros de conciencia, documentados por Foro Penal. Y Nicaragua, la dictadura dinástica de Daniel Ortega y Rosario Murillo, suma 77 presos políticos y 36 desapariciones forzadas, reportadas por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.

Esos números no estarán en la Declaración de Santa Marta. Pero sí estaban en esa valla que duró menos que el vuelo de los delegados. Gustavo Petro, el anfitrión, intenta vender un “nuevo modelo de integración” con la UE, centrado en “la triple transición”: digital, energética y ambiental. Los discursos hablarán de inteligencia artificial, gases de efecto invernadero y exportaciones. Pero su postura demuestra que en el Caribe colombiano se pueden debatir todas las transiciones excepto la de dictadura a democracia.

La valla de Santa Marta no incitaba a la violencia. Ni siquiera llamaba a aplicar sanciones o intervenciones militares. Solo recordaba un dato verificable: hay cientos de personas encarceladas por pensar distinto en tres países de la región cuyos gobiernos se sientan en la misma mesa a hablar de derechos. El anuncio fue derribado, pero el problema sigue intacto.