Teherán anuncia 6.500 arrestos de supuestos espías y opositores desde el inicio de la guerra

Teherán/ Madrid/Las autoridades iraníes informaron del arresto de 6.500 supuestos “espías” y “traidores a la patria” desde el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel, en medio del refuerzo de las medidas de seguridad y la intensificación de la persecución contra grupos opositores y participantes en las protestas de enero.

“Desde el comienzo de la guerra hasta ahora, más de 6.500 traidores a la patria y espías han sido detenidos”, anunció el domingo por la noche el comandante de la Policía Nacional de Irán, el general Ahmad Reza Radan, según reportó la agencia ISNA.

Radan aseguró que entre los detenidos hay personas acusadas de espionaje, colaboración con grupos armados y participación en actividades consideradas desestabilizadoras.

Según el mando policial, 567 de los detenidos están vinculados a “casos especiales” relacionados con grupos opositores armados y organizaciones que operan contra la República Islámica.

Radan añadió que las operaciones continúan para identificar y detener a presuntos “soldados del enemigo” en relación con las protestas antigubernamentales de enero

Radan añadió que las operaciones continúan para identificar y detener a presuntos “soldados del enemigo” en relación con las protestas antigubernamentales de enero, que pedían el fin de la República Islámica y fueron sofocadas con una brutal represión que causó más de 7.000 muertos, según la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos.

Las autoridades iraníes reconocieron la muerte de 3.117 personas, pero acusaron a Israel y Estados Unidos de orquestar lo que calificaron como disturbios.

Desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos, el 28 de febrero, Irán ha lanzado una campaña de detenciones masivas de supuestos opositores o espías de los “enemigos” y ha ejecutado a 30 de ellos, según el Poder Judicial del país.

Este lunes, precisamente, Amnistía Internacional (AI) ha publicado su informe sobre la pena de muerte en el mundo, donde se refleja ejecuciones que las ejecuciones registradas a nivel global se dispararon un 78% en 2025, hasta 2.707. Es la cifra más alta registrada por el organismo en 44 años y que estuvo espoleada por las ejecuciones por parte de Irán, que multiplicó por más de dos sus ejecuciones.

El "impresionante aumento" documentado en el informe 'Condenas a muerte y ejecuciones 2025', indica AI, "se debió a unos pocos gobiernos decididos a ejercer su poder mediante el miedo", entre los que destacó a Irán, principal impulsor del incremento, donde se constataron casi el 80% del total de las ejecuciones, concretamente 2.159, más del doble que las registradas en 2024 en ese territorio y su mayor número de ejecuciones en décadas, destacó.

La organización de derechos humanos, que advirtió que China siguió siendo "el país con más ejecuciones en el mundo", pese a que sus datos no figuran en el informe porque sus autoridades los consideran secreto de Estado, elaboró las estadísticas a partir de cifras de 17 países donde sigue vigente la pena de muerte, dos más que el año previo, "pese a la tendencia global continuada hacia la abolición".

"Desde China, Irán o Corea del Norte, pasando por Arabia Saudí y Yemen, hasta Kuwait, Singapur y Estados Unidos, esta vergonzosa minoría está utilizando la pena de muerte como arma para infundir temor, sofocar la disidencia y mostrar la fuerza que las instituciones estatales tienen sobre personas desfavorecidas y comunidades marginadas", manifestó en un comunicado la secretaria general de Amnistía Internacional Agnès Callamard.

"Desde China, Irán o Corea del Norte, pasando por Arabia Saudí y Yemen, hasta Kuwait, Singapur y Estados Unidos, esta vergonzosa minoría está utilizando la pena de muerte como arma para infundir temor, sofocar la disidencia y mostrar la fuerza"

En Arabia Saudí, que el año pasado utilizó ampliamente la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas, el recuento de ejecuciones creció hasta 356 personas, once más que en 2024; mientras que en Kuwait casi se triplicaron (de seis a 17) y en Egipto casi se duplicaron (de 13 a 23).

En Estados Unidos fueron 47 las personas ejecutadas en 2025, en comparación con las 25 contabilizadas un año antes, mientras que el Singapur la cifra pasó de 9 a 17.

El organismo destacó en este último informe el impulso en ciertas países, como Argelia, Kuwait y las Maldivas, para ampliar el uso de la pena capital para delitos relacionados con las drogas, algo que quedó reflejada en las cifras: el 46% de las ejecuciones (1.257) fueron en el marco de la "guerra contra las drogas".

"El recurso a la pena de muerte se acrecentó al situar las autoridades de varios países esta pena cruel en el centro de falacias narrativas sobre seguridad pública y 'mano dura contra la delincuencia' con el fin de ejercer el control, proyectar el poder del Estado y anotarse puntos político", destaca el informe.

En Burkina Faso el Gobierno aprobó el año pasado un proyecto de ley que incluía la reinstauración de la pena de muerte para delitos como "alta traición", "terrorismo" y "actos de espionaje", mientras que las autoridades de Chad establecieron una comisión para revisar cuestiones relacionadas con la cuestión, incluida su reinstauración.

Cuatro países reanudaron las ejecuciones en 2025 (Japón, Emiratos Árabes Unidos, Sudán del Sur y Taiwán), mientras que "en el resto del mundo se hicieron progresos (hacia la abolición de la pena de muerte) que demostraron que la esperanza es más fuerte que el miedo", agregó AI en su nota.

Cuando Amnistía Internacional comenzó su trabajo contra la pena de muerte en 1977, sólo 16 países la habían abolido. La cifra asciende hoy en día a 113, más de la mitad de los países del mundo, mientras que más de dos tercios son abolicionistas en la ley o la práctica.

AI elabora su informe anual sobre la pena de muerte en el mundo a través de información de diversas fuentes, entre ellas, las cifras oficiales disponibles, las sentencias dictadas, información de personas condenadas a muerte y sus familias y representantes, informaciones de los medios de comunicación y, según se especifique, informes de otras organizaciones de la sociedad civil.