Un alto cargo de Migración es apartado en México, acusado de vender papeles a cubanos y venezolanos

Ciudad de México/Bajo señalamientos de operar una red que expidió de forma fraudulenta documentos a cubanos y venezolanos, el pasado 19 de agosto fue “removido” el almirante Carlos Manuel Bandala González de su puesto como encargado del Instituto Nacional de Migración (INM) en el estado de Quintana Roo. De acuerdo con el portal Latinus, “una investigación interna tiene documentados 935 casos” en los que varios migrantes “habrían pagado 10.000 pesos (587 dólares) y 15.000 pesos (880 dólares), y algunos hasta 5.000 dólares por los documentos apócrifos”.

El presidente de la Comisión de Seguridad de Empresarios de Quintana Roo, Jorge Escudero Buerba, denunció en junio pasado la “corrupción” que impera al interior del INM. El hombre afirmó a 14ymedio que en la sede que estaba bajo el control de Bandala González, por “4.200 o 5.000 dólares les consiguen sus papeles a los migrantes deportados –entre ellos cubanos– y les dan una temporal (permiso) por dos años para que luego puedan tener la residencia total”.

El INM confirmó la salida de Bandala González y aseguró en un comunicado que “el movimiento fue parte de los protocolos y rotación de personal”. Además, rechazó que “esté sujeto a una investigación por algún acto indebido”.

El almirante asumió el cargo el 21 de enero de 2023. Ese mismo día recorrió las áreas de atención migratoria en el Aeropuerto Internacional de Cancún, la terminal aérea que, según registros oficiales, en 2021 impidió el ingreso al país a 29.134 personas de Cuba, Venezuela, Colombia, Brasil y Ecuador. En 2022 este sitio rechazó la entrada de otras 28.745.

La gestión de Bandala González estuvo marcada por denuncias contra agentes de Migración por extorsiones, malos tratos y retenciones ilegales

La gestión de Bandala González estuvo marcada por denuncias contra agentes de Migración por extorsiones, malos tratos y retenciones ilegales. Las quejas contra las oficinas del INM también se presentaron en Playa del Carmen. En julio del año pasado, un grupo de migrantes denunció que por 3.000 pesos (176 dólares) les aseguraban una cita migratoria. La dependencia se comprometió a investigar el caso y subrayó que las gestiones eran gratuitas y en línea. Aunque algunos de los afectados aseguraron que la venta se promovía a través de anuncios pegados en postes y paredes, así como tarjetas con códigos QR distribuidas en negocios cercanos a las oficinas del instituto.

Otra anomalía se produjo en junio de 2024, cuando el abogado José Luis Pérez Jiménez contó a este diario que algunos agentes de Migración no permitieron el ingreso a México a cubanos con nacionalidad española y viajeros provenientes de la Isla con visa de turismo que llegaron al Aeropuerto Internacional Manuel Crescencio Rejón, de Mérida. Familiares de 19 de estos pasajeros denunciaron su retorno a La Habana.

El letrado mencionó, además, que a algunos de los migrantes que se ampararon en Tapachula para evitar ser detenidos, “les permitieron abordar vuelos y avanzar hasta Oaxaca y Cancún”, donde les cobraban 350 dólares por los boletos con destino al aeropuerto Abraham González de Ciudad Juárez, donde “los agentes migratorios les exigían 1.000 dólares para no regresarlos a la frontera con Guatemala, al sur del país”. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos también documentó en 2023 “violaciones a la seguridad jurídica contra una persona cubana” a la que no se le permitió descender en el Aeropuerto Internacional de Cancún.