Ningún cubano a bordo del primer vuelo de autodeportados con 64 inmigrantes

Washington/ Los Ángeles/Más de 60 inmigrantes viajaron este lunes voluntariamente a sus países de origen como parte del Proyecto de Regreso a Casa del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, lo que supone el primer grupo de indocumentados que decide autodeportarse, informó la secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem.

El grupo de 64 inmigrantes, 38 hondureños y 26 colombianos, viajó desde Houston (Texas) a sus países.

"El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) realizó hoy su primer vuelo chárter con 64 personas que decidieron voluntariamente autodeportarse a sus países de origen", destacó Noem en un comunicado.

La secretaria subrayó que el vuelo no forma parte de los operativos del Servicios de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y que a todas las personas que viajaron se les ofrecieron los mismos beneficios que a cualquier extranjero indocumentado que se autodeporta utilizando la aplicación CBP Home.

Los inmigrantes recibieron asistencia para el viaje y un estipendio de 1.000 dólares. Además, todos “preservaron” la posibilidad de regresar legalmente a Estados Unidos algún día.

Según el DHS, los 38 hondureños también se beneficiaron del programa "Hermano, Hermana, Vuelve a Casa" del Gobierno hondureño, que incluye un bono adicional de 100 dólares para mayores de 18 años, cupones de alimentos y asistencia para encontrar empleo.

Los hondureños y colombianos involucrados se acogieron a programas de sus respectivos países

En Colombia, los 26 retornados recibieron servicios sociales a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Departamento para la Prosperidad Social (DPS). Noem invitó nuevamente a los indocumentados a salir de forma voluntaria y recibir apoyo financiero.

Insistió en que la Casa Blanca dará la oportunidad a los inmigrantes que se acojan a este programa a regresar a EE UU de forma legal, aunque no explicó cuáles serían las vías para evitar los castigos señalados por la ley.

Finalmente, advirtió que los indocumentados que no se autodeporten estarán sujetos a multas, arresto, deportación “y nunca podrán regresar”.

La noticia llega el mismo día que la Corte Suprema anuló una orden de emergencia de un juez en menor instancia en California que bloqueaba la decisión de la Casa Blanca de acabar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los migrantes venezolanos, otorgado por la anterior administración.

Con ello, alrededor de 350.000 inmigrantes venezolanos se han quedado en un limbo migratorio y con riesgo a la deportación, lo que, según los expertos, es la “más grande privación” de estatus legal a extranjeros en la historia moderna de Estados Unidos.

Cientos de miles de ciudadanos del país caribeño perderán su permiso de trabajo y la protección contra la deportación que otorga el amparo, a pesar de que la batalla legal emprendida por seis venezolanos y la Alianza TPS continúa.

“La pérdida inmediata de nuestro TPS nos causa un daño extraordinario. Ahora tememos ser deportados y tendremos dificultades para mantenernos”, dijo este lunes en un comunicado una de las venezolanas demandantes en el caso identificada como E.R.

La Administración del presidente Donald Trump ha argumentado que el TPS para Venezuela va en contra del “interés nacional” de EE UU y que la Justicia no tiene la potestad de decidir asuntos de política migratoria “urgentes”.

La falta de un pronunciamiento claro del Supremo ha sumido a los inmigrantes en la incertidumbre y a los abogados demandantes a la espera del siguiente paso del Gobierno de Trump.

Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) y uno de los abogados que presentó la demanda, explicó en una conferencia de prensa que la Casa Blanca tiene ahora en su poder la posibilidad de eliminar de inmediato la protección, dar un plazo de 60 días, o esperar que se resuelva la querella legal.

“El impacto humanitario y económico de la decisión de la Corte se sentirá de inmediato y repercutirá durante generaciones”, señaló el abogado.

“El impacto humanitario y económico de la decisión de la Corte se sentirá de inmediato y repercutirá durante generaciones”, señaló el abogado

Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), una de las organizaciones que ha apoyado el litigio, dijo a EFE que esta es “la primera vez en la historia moderna” que le quitan el estatus legal a tantos inmigrantes en Estados Unidos.

El activista puso en tela de juicio la decisión de los máximos magistrados advirtiendo que pareciera estar influenciada por la “política” y la campaña del presidente Trump contra los venezolanos.

“Todo esto hace parte de una campaña para infundir miedo y terror, porque el Ejecutivo estadounidense ya había dado esa protección que está definida por la ley a países con conflictos políticos o estragos naturales, y ahora está revirtiéndola sin razón”, señaló Alvarado.

En ese sentido, E.R. manifestó que para ella y para su hija “es imposible” regresar de forma segura a Venezuela.

Por su parte, Emi MacLean, abogada de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) del Norte de California, que también representa a los demandantes, indicó que el Supremo “también desmanteló” las protecciones legales diseñadas para limitar la discreción ejecutiva y “politizar la toma de decisiones sobre la ayuda humanitaria generalizada”.

José Palma, coordinador de la Alianza Nacional por el TPS, conformada en 2018 tras el intento de Trump de poner fin a la protección a más de 400.000 inmigrantes, dijo que la decisión contra el amparo de los venezolanos era interpretada como un ataque a todos los beneficiarios.

Actualmente, inmigrantes de unos 16 países están protegidos por el TPS, incluido unos 200.000 salvadoreños que tienen el amparo desde 2001

Actualmente, inmigrantes de unos 16 países están protegidos por el TPS, incluido unos 200.000 salvadoreños que tienen el amparo desde 2001.

Adelis Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, advirtió que, aunque este fue un día “muy difícil”, marca una nueva etapa de la lucha. “No están solos, la casa de todos es aquí”, valoró.

El Tribunal Supremo evalúa otra apelación de emergencia de la Administración Trump derivada de sus esfuerzos por revocar el permiso humanitario, conocido como CHNV, que permitió el ingreso dado a Estados Unidos cerca de 500.000 inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.