El fin del embargo, paradójicamente, depende más de La Habana que de Washington

Madrid/La palabra embargo le ha servido durante décadas al poder cubano como un comodín perenne. Si falta el pan, se va la luz, se derrumba un edificio o no aparece la guagua, ya sabemos a quién señalarán desde el Comité Central. Sin embargo –nunca mejor dicho–, el fin de esas sanciones depende más de las decisiones que se tomen en La Habana que de la voluntad del presidente de Estados Unidos.

La Ley Libertad de 1996, más conocida en Cuba por su alias de western villano, Helms-Burton, convirtió en ley lo que antes dependía en buena medida de decisiones presidenciales y abrió la puerta a demandas en tribunales de EE UU contra empresas que “trafiquen” con propiedades confiscadas por la Revolución. Por eso ha vuelto a sonar la vieja cantaleta oficial de que el problema está enteramente en Washington, como si en La Habana no hubiera nadie, como si el Estado cubano fuera apenas una víctima geográfica, un pobre espectador sentado en el Malecón viendo pasar la Historia. La Ley Libertad, que tantos funcionarios citan a medias, está diseñada para castigar, sí, pero también para condicionar. Y ahí es donde se le enreda el discurso al régimen.

La Ley Libertad, que tantos funcionarios citan a medias, está diseñada para castigar, sí, pero también para condicionar

La Helms-Burton tampoco nació en un vacío.Su aprobación en 1996, luego de que entre bambalinas hubiera habido cierto acercamiento entre ambos países, durante la Administración de Bill Clinton, recibió el impulso decisivo tras el derribo por cazas cubanos de dos avionetas de Hermanos al Rescate. Así que tampoco sirve la coartada de presentar la norma como una excentricidad repentina de unos halcones desquiciados. Fue también la respuesta a una cadena de decisiones del propio régimen cubano, algunas tan torpes como abiertamente criminales. Pareciera que, cada vez que ambos países rozan algún deshielo, La Habana encuentra la manera de sabotearlo. 

La gran paradoja del embargo es que el presidente de Estados Unidos no puede, por sí solo, desmantelarlo plenamente, pero el Gobierno cubano sí puede activar las condiciones que la ley exige para ponerle fin. El propio secretario de Estado, Marco Rubio, volvió a dejarlo claro este martes desde el Despacho Oval, cuando señaló que está “codificado”. La norma no presenta el embargo como un castigo eterno ni como una fatalidad histórica inmodificable, sino como un instrumento atado a cambios políticos concretos dentro de Cuba.

Entre esos requisitos figuran la legalización de la actividad política, la liberación de los presos de conciencia, el desmantelamiento del aparato represivo de la Seguridad del Estado, el compromiso de celebrar elecciones libres y plurales, el acceso equitativo de todas las fuerzas políticas a los medios y el respeto de los derechos humanos. Para que Washington pueda declarar el fin del embargo, la ley exige además que ese nuevo gobierno surja de elecciones libres y supervisadas internacionalmente, respete las libertades civiles y avance en la restitución o compensación de propiedades confiscadas.

Para que Washington pueda declarar el fin del embargo, la ley exige además que ese nuevo gobierno surja de elecciones libres y supervisadas internacionalmente

Ahora bien, esos cambios no pueden despacharse como un simple capricho de la Casa Blanca. Durante décadas, buena parte de la política estadounidense hacia La Habana ha respondido también a las demandas de un exilio que no surgió por deporte ni por malcriadez ideológica, sino como consecuencia de la persecución, la confiscación, la cárcel, la censura y el destierro impuestos por el régimen castrista. Detrás de cada presión y de cada línea dura hay una memoria concreta de agravios, la de quienes perdieron propiedades, derechos, familia y país a manos de un poder que convirtió la discrepancia en delito.

Y esa demanda de cambios ya no pertenece solo al exilio. También dentro de Cuba crece con fuerza, desde hace años, una ciudadanía que reclama libertades políticas, derechos elementales y una transformación profunda del sistema, y que recibe a cambio silencio oficial, vigilancia, golpizas, cárcel o destierro. Presentar esas exigencias como “injerencia extranjera” es una trampa retórica demasiado gastada. No se trata solo de lo que pida Washington, sino de lo que exigen millones de cubanos que han padecido en carne propia el fracaso del modelo castrista.

Ahí empieza la parte que el oficialismo preferiría borrar con brocha gorda. Porque, si uno lee la norma completa, descubre que el candado no está solamente en Washington. También está en la negativa del sistema cubano a escuchar a su propia ciudadanía y permitirle participar en la política del país. O sea, que el Gobierno cubano no solo padece la ley, también contribuye a mantener vivas las condiciones que la ley invoca para seguir existiendo. La Helms-Burton no es un fenómeno meteorológico. No cayó del cielo como un ciclón. Tiene una lógica punitiva, pero se alimenta además de la petrificación autoritaria del poder en Cuba.

La Helms-Burton no es un fenómeno meteorológico. No cayó del cielo como un ciclón

Claro que La Habana tiene razón en una cosa. La Helms-Burton es un lastre brutal para la inversión. Su alcance extraterritorial ha irritado durante años a aliados de Washington como Canadá y la Unión Europea, y su Título III funciona como una espada sobre cualquier empresa que se acerque a un activo expropiado sin compensación, desde un muelle hasta un hotel levantado sobre un terreno confiscado. Desde 1996, todos los presidentes estadounidenses, de Clinton a Obama, suspendieron la aplicación plena de ese título. Trump acabó con esa pausa en 2019 y desató una nueva hornada de litigios.

Ese detalle importa. Porque de poco sirve que el Gobierno cubano anuncie tímidas reformas, busque capital desesperadamente y declare que “las puertas están abiertas”, si la ley que más espanta a los inversores está hoy más viva que nunca en los tribunales estadounidenses. Y no por capricho de un burócrata en Nebraska, sino porque el problema de la propiedad confiscada sigue sin una solución seria y porque el sistema cubano continúa actuando como si nacionalizar sin compensar hubiera sido una travesura juvenil que el tiempo debía absolver.

Lo irónico es que, treinta años después, seguimos perdidos en la misma curvita. Washington castiga. La Habana se victimiza. Washington aprieta. La Habana administra el sufrimiento como propaganda, clama por solidaridad y responde con mano dura contra las protestas. En el medio queda el cubano de a pie, convertido en pelota de ping pong entre la presión externa y la represión interna.

Si el Gobierno cubano quisiera desmontar de verdad la coartada perfecta que le ha servido tanto tiempo, tendría una ruta bastante obvia. No hace falta pedir perdón en inglés o convertirse en la estrella 51. Bastaría con abrir de verdad el sistema, reconocer derechos, legalizar la discrepancia, permitir elecciones competitivas y empezar a resolver el monumental agujero de las confiscaciones pendientes con fórmulas serias de compensación, negociación o arreglo. El problema es que esa salida obligaría al poder cubano a hacer algo que teme más que a la propia Helms-Burton, renunciar al monopolio.

Por eso la frase del ministro cubano Oscar Pérez-Oliva –el sobrino nieto de los Castro–, según la cual el comercio libre con empresas estadounidenses tiene “un problema” porque la legislación de EE UU no lo permite, siendo cierta, está cuidadosamente incompleta. El problema no es solo la legislación estadounidense. El problema es también la estructura política cubana, que impide crear las condiciones para que esa legislación cambie o pierda su razón de ser. 

No se trata de que un ocupante de la Casa Blanca se levante una mañana magnánimo, se prepare un café y diga “hoy amanecí generoso con La Habana”. No. La llave no está únicamente en Washington. Una parte nada menor de la cerradura está en La Habana, quien no solo tranca el dominó con EE UU, sino que se niega a escuchar a sus propios ciudadanos.